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Los principales senadores republicano y demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado afirmaron el viernes que el Pentágono se había negado durante semanas a compartir con el Congreso información clave sobre sus ataques contra buques de la Marina que, según la administración Trump, transportaban drogas, a pesar de las reiteradas solicitudes para que se divulgaran las directivas que iniciaron la operación, así como su justificación legal.
En una breve declaración emitida el viernes, el senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador Jack Reed, demócrata de mayor rango, hicieron públicas dos cartas que enviaron conjuntamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante las últimas semanas, solicitando la información.
«Hasta la fecha, estos documentos no se han presentado», escribieron Wicker y Reed.
La decisión de los senadores de hacer públicas sus solicitudes y la negativa del Sr. Hegseth a atenderlas reflejaron la creciente alarma bipartidista en el Capitolio sobre la campaña militar, cada vez más extensa e indefinida, del presidente Trump, llevada a cabo sin consultar ni obtener la aprobación del Congreso. También reflejó la creciente frustración por la falta de transparencia de la administración respecto a una operación cuya justificación legal está en entredicho.
Los senadores compartieron dos solicitudes distintas dirigidas al Pentágono. En una carta, a finales de septiembre, solicitaron una copia de las órdenes presidenciales para llevar a cabo los ataques militares. Según la ley, como se indicaba en dicha carta, el Pentágono está obligado a proporcionar al Congreso copias de las órdenes de ejecución en un plazo de 15 días a partir de su emisión por parte del presidente, plazo que, según los senadores, la administración Trump había incumplido.
En una segunda carta, a principios de octubre, volvieron a solicitar las órdenes de ejecución, así como la justificación legal del Departamento de Justicia para los ataques y una lista completa de las organizaciones terroristas y de narcotráfico designadas, con las que el presidente ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional y contra las cuales se puede usar la fuerza militar letal. Los principales demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una solicitud similar a principios de este mes para obtener la lista de objetivos, pero no han recibido ninguna información de la Casa Blanca.
El representante Adam Smith, de Washington, principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, declaró el viernes que los republicanos de la Cámara también estaban preocupados por la falta de transparencia en torno a la justificación legal de los ataques, aunque no lo expresaran de forma abierta ni pública.
«Existe una clara preocupación bipartidista de que el gobierno no haya proporcionado al Congreso la información que debería habernos facilitado», afirmó Smith en una entrevista. «Y sí, he oído a republicanos, así como a demócratas, expresar su preocupación por la legalidad de los hechos».
El Sr. Trump ha intentado justificar los ataques contra presuntos buques de narcotráfico calificando a ciertos cárteles como organizaciones terroristas.
El anuncio de los senadores el viernes se produjo en medio de la creciente preocupación en ambos partidos por el incumplimiento de la administración Trump de la ley al no informar al Congreso sobre la intensificación de la campaña militar del presidente contra los narcotraficantes en las costas de Centroamérica y Sudamérica.
La decisión de excluir a los senadores demócratas de una sesión informativa el miércoles sobre los ataques, que hasta el momento han causado la muerte de al menos 61 personas, provocó indignación en ambos partidos. El senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur, declaró a la prensa que habló con la Casa Blanca tras la sesión informativa y afirmó que el Senado siempre ha trabajado de forma bipartidista en asuntos de defensa y seguridad nacional.
«Queremos que siga siendo así», declaró el Sr. Rounds, miembro del Comité de Servicios Armados y del Comité de Inteligencia.
Los legisladores de la Cámara de Representantes, en una sesión informativa clasificada el jueves, solicitaron a funcionarios del Pentágono acceso bipartidista al memorándum legal que justifica los ataques, pero no recibieron una respuesta concreta sobre cuándo la administración lo entregaría al Congreso. Expertos legales militares debían informar a los legisladores en esa reunión a puerta cerrada, pero la administración optó a última hora por no enviarlos y no ofreció ninguna explicación.
“Me voy sin entender cómo ni por qué consideran que el uso de fuerza letal es adecuado en este caso”, declaró el representante Jason Crow, demócrata de Colorado, al salir de la reunión informativa.
El Sr. Crow, miembro de los comités de Servicios Armados e Inteligencia de la Cámara de Representantes y ex Ranger del Ejército, recalcó la importancia de la supervisión del Congreso sobre las acciones militares estadounidenses en el extranjero. “Combatí en Irak y Afganistán”, afirmó. “Nuestro país invirtió más de 20 años, 3 billones de dólares y miles de vidas estadounidenses en tácticas y ataques contra terroristas. Y la mayoría de ellos fracasaron”.
Funcionarios estadounidenses han declarado que las fuerzas armadas han identificado posibles objetivos dentro de Venezuela, en caso de que el Sr. Trump decida extender la campaña marítima del Pentágono contra los presuntos narcotraficantes a tierra firme.
Sin embargo, el viernes, el Sr. Trump indicó que no había tomado ninguna decisión sobre tal escalada. Mientras el presidente se dirigía a Mar-a-Lago para pasar el fin de semana, los periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron directamente si estaba considerando atacar instalaciones militares en Venezuela. Él respondió: «No, no es cierto».
El Pentágono ha ordenado el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región, pero tardará varias semanas en llegar al Caribe. Es probable que las fuerzas armadas pospongan cualquier posible escalada de la campaña de la administración Trump contra el narcotráfico hasta la llegada del Ford, que, con su tripulación completa, cuenta con unos 5.000 marineros.
Por THE NEW YORK TIMES
Los principales senadores republicano y demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado afirmaron el viernes que el Pentágono se había negado durante semanas a compartir con el Congreso información clave sobre sus ataques contra buques de la Marina que, según la administración Trump, transportaban drogas, a pesar de las reiteradas solicitudes para que se divulgaran las directivas que iniciaron la operación, así como su justificación legal.
En una breve declaración emitida el viernes, el senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador Jack Reed, demócrata de mayor rango, hicieron públicas dos cartas que enviaron conjuntamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante las últimas semanas, solicitando la información.
«Hasta la fecha, estos documentos no se han presentado», escribieron Wicker y Reed.
La decisión de los senadores de hacer públicas sus solicitudes y la negativa del Sr. Hegseth a atenderlas reflejaron la creciente alarma bipartidista en el Capitolio sobre la campaña militar, cada vez más extensa e indefinida, del presidente Trump, llevada a cabo sin consultar ni obtener la aprobación del Congreso. También reflejó la creciente frustración por la falta de transparencia de la administración respecto a una operación cuya justificación legal está en entredicho.
Los senadores compartieron dos solicitudes distintas dirigidas al Pentágono. En una carta, a finales de septiembre, solicitaron una copia de las órdenes presidenciales para llevar a cabo los ataques militares. Según la ley, como se indicaba en dicha carta, el Pentágono está obligado a proporcionar al Congreso copias de las órdenes de ejecución en un plazo de 15 días a partir de su emisión por parte del presidente, plazo que, según los senadores, la administración Trump había incumplido.
En una segunda carta, a principios de octubre, volvieron a solicitar las órdenes de ejecución, así como la justificación legal del Departamento de Justicia para los ataques y una lista completa de las organizaciones terroristas y de narcotráfico designadas, con las que el presidente ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional y contra las cuales se puede usar la fuerza militar letal. Los principales demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una solicitud similar a principios de este mes para obtener la lista de objetivos, pero no han recibido ninguna información de la Casa Blanca.
El representante Adam Smith, de Washington, principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, declaró el viernes que los republicanos de la Cámara también estaban preocupados por la falta de transparencia en torno a la justificación legal de los ataques, aunque no lo expresaran de forma abierta ni pública.
«Existe una clara preocupación bipartidista de que el gobierno no haya proporcionado al Congreso la información que debería habernos facilitado», afirmó Smith en una entrevista. «Y sí, he oído a republicanos, así como a demócratas, expresar su preocupación por la legalidad de los hechos».
El Sr. Trump ha intentado justificar los ataques contra presuntos buques de narcotráfico calificando a ciertos cárteles como organizaciones terroristas.
El anuncio de los senadores el viernes se produjo en medio de la creciente preocupación en ambos partidos por el incumplimiento de la administración Trump de la ley al no informar al Congreso sobre la intensificación de la campaña militar del presidente contra los narcotraficantes en las costas de Centroamérica y Sudamérica.
La decisión de excluir a los senadores demócratas de una sesión informativa el miércoles sobre los ataques, que hasta el momento han causado la muerte de al menos 61 personas, provocó indignación en ambos partidos. El senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur, declaró a la prensa que habló con la Casa Blanca tras la sesión informativa y afirmó que el Senado siempre ha trabajado de forma bipartidista en asuntos de defensa y seguridad nacional.
«Queremos que siga siendo así», declaró el Sr. Rounds, miembro del Comité de Servicios Armados y del Comité de Inteligencia.
Los legisladores de la Cámara de Representantes, en una sesión informativa clasificada el jueves, solicitaron a funcionarios del Pentágono acceso bipartidista al memorándum legal que justifica los ataques, pero no recibieron una respuesta concreta sobre cuándo la administración lo entregaría al Congreso. Expertos legales militares debían informar a los legisladores en esa reunión a puerta cerrada, pero la administración optó a última hora por no enviarlos y no ofreció ninguna explicación.
“Me voy sin entender cómo ni por qué consideran que el uso de fuerza letal es adecuado en este caso”, declaró el representante Jason Crow, demócrata de Colorado, al salir de la reunión informativa.
El Sr. Crow, miembro de los comités de Servicios Armados e Inteligencia de la Cámara de Representantes y ex Ranger del Ejército, recalcó la importancia de la supervisión del Congreso sobre las acciones militares estadounidenses en el extranjero. “Combatí en Irak y Afganistán”, afirmó. “Nuestro país invirtió más de 20 años, 3 billones de dólares y miles de vidas estadounidenses en tácticas y ataques contra terroristas. Y la mayoría de ellos fracasaron”.
Funcionarios estadounidenses han declarado que las fuerzas armadas han identificado posibles objetivos dentro de Venezuela, en caso de que el Sr. Trump decida extender la campaña marítima del Pentágono contra los presuntos narcotraficantes a tierra firme.
Sin embargo, el viernes, el Sr. Trump indicó que no había tomado ninguna decisión sobre tal escalada. Mientras el presidente se dirigía a Mar-a-Lago para pasar el fin de semana, los periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron directamente si estaba considerando atacar instalaciones militares en Venezuela. Él respondió: «No, no es cierto».
El Pentágono ha ordenado el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región, pero tardará varias semanas en llegar al Caribe. Es probable que las fuerzas armadas pospongan cualquier posible escalada de la campaña de la administración Trump contra el narcotráfico hasta la llegada del Ford, que, con su tripulación completa, cuenta con unos 5.000 marineros.
