Mediocre decisión judicial en el tema taurino en Bogotá

Santiago García Jaramillo - burladeroamerica.com

Bogotá - Colombia. La primera decisión judicial que se produce, luego de la terminación arbitraria del contrato entre la administración distrital de Bogotá y la Corporación taurina, no puede recibir otro calificativo que el de desconcertante. En una sentencia que no está a la altura de la situación, la Juez 62 penal municipal de Bogotá optó por la vía del facilismo, para decir, que sencillamente no se pronunciaría porque la decisión del Alcalde puede atacarse por otros medios judiciales, es decir, la Señora Juez no tuvo la delicadeza de hacer un análisis juicioso, serio y ponderado de las graves violaciones a los derechos fundamentales que alegaron los toreros.

Mientras que el abogado de la Undetoc -Unión de toreros de Colombia- el Ex Presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, expuso con claridad las graves afectaciones al derecho al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y al mínimo vital, así como dejó en evidencia el desacato de la administración del Alcalde Petro a las sentencias de la Corte Constitucional en el tema taurino, el distrito se defendió con su ya conocida manipulación de los precedentes jurisprudenciales y desconocimiento a la ley, pero lo que realmente duele es que la juez, con su silencio, ampare tan penoso desacato.

A modo de ejemplo, y para ilustrar un poco la flagrante ilegalidad de la decisión del distrito, éste alegó como defensa en la acción de tutela “que la Administración Distrital prohibió fue el uso de dineros públicos destinados a promover esta actividad” (la taurina) y que en virtud de esto dio por terminado el contrato sobre la Santamaría, pero no prohibió la actividad taurina en el distrito, desconociendo que es éste el escenario único, exclusivo e idóneo con el que cuenta la ciudad, y que cerrar sus puertas equivale a prohibir, como también desconocen que la sentencia C-666 de 2010, impide destinar dineros públicos para la construcción de nuevos escenarios dedicados de manera exclusiva a ésta actividad, pero nunca hace alusión a cerrar los escenarios taurinos hoy en día existentes.

Pero ni siquiera tan evidente violación de los mandatos del máximo tribunal constitucional, llevaron a la juez a examinar con detenimiento el caso presentado, que no busca definir la vigencia de un contrato, su real intención es amparar los derechos de más de 35.000 personas, que viven de la fiesta brava, y se ven afectadas por la actuación despótica del Alcalde, pero también se busca que los jueces hagan respetar el Estado de Derecho, pisoteado en su principio fundamental: la sujeción del gobernante a la Constitución y la ley ,por el alcalde Petro; y ahora amparado por la mediocridad de una juez.

El Ex Magistrado Córdoba Triviño, anunció ya la impugnación de tan superflua decisión, este es pues apenas el primer tercio de una larga faena, donde esperamos que la libertad y el derecho, que amparan la fiesta taurina, puedan salir por la puerta grande.