La Corte Constitucional acaba de ratificarlo a través de una providencia que, si se cumple — es decir, si no se le encuentra el quiebre con leguleyadas —, acabaría con el antipático debate de la prohibición de las corridas de toros.
La corporación analizó el Reglamento Nacional Taurino, Ley 916 de 2004, diciendo de forma inequívoca que ni alcaldes ni gobernadores podían prohibir este tipo de actividades en ciudades donde exista una tradición taurina o plazas permanentes. Aunque no lo dijo, la providencia apuntaba a ciudades como Medellín o Bogotá, por ejemplo, donde se promueve la prohibición por parte de las autoridades.
Todos sabemos que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está en contra de las corridas por considerarlas espectáculos que giran alrededor de la muerte. Tiene todo el derecho de pensar así. Es más, las corridas de toros incluyen un sacrificio que muchas veces es brutal, sanguinario, que se obtiene haciendo sufrir al toro de una forma visible y explícita. Esto no es un secreto para nadie. Taurinos y antitaurinos lo saben, sólo que cada uno le asigna calificativos distintos: “arte”, dicen unos; “tortura”, responden los otros. Y ahí se quedan enfrascados.
Volvamos a lo institucional. ¿El alcalde quiere promover otro tipo de actividades? Perfecto, que lo haga, resulta incluso provechoso para la ciudadanía entera. Actividades que giren en torno a la vida, como tiene a bien decir. Pero lo que no puede hacer es imponer su gusto personal a través de su poder como funcionario.
Mucho menos cuando es una minoría la que disfruta de este tipo de actividades. Así el grueso de la población pensara igual que Petro, la prohibición no podría imponerse, porque, por ahora, las corridas de toros son una forma de expresión legal que ha sido avalada por la Corte Constitucional. El espectáculo está, pues, en firme. El control del poder y de las mayorías (que es un poco lo que está en juego aquí), también.
Además, la sentencia abrió un boquete interesante: las corridas no pueden recibir recursos públicos ni financiación por parte del Estado. Es decir, el gusto de unos pocos tiene unos límites marcados, para que su goce no sea a costa del bolsillo de los demás. El balance existe en lo que a las corridas se refiere y la Corte fue bastante clara en esto.
Podemos estar o no de acuerdo con las corridas. Ese no es el punto aquí. Al margen de lo que piensen promotores o detractores, hay algo en juego: la libertad de hacerlas. Un terreno tan complicado como este es el más olvidado cuando se dan las gestas políticas que pretenden acabar con la práctica. La libertad debe primar por encima de las creencias filosóficas de un funcionario o de una mayoría. Sobre todo cuando se trata de una actividad que, poco a poco, ha ido desapareciendo en el mundo. A veces por obra de acciones radicales y antipáticas, pero muchas otras por la fuerza de la costumbre. Simplemente la gente — no por una prohibición — va dándose cuenta de que incluso una actividad cultural arraigada puede estar por fuera de sus preferencias. Aquí podría pasar lo mismo.
Sólo esperamos que la sentencia de la Corte se cumpla a cabalidad. Sin trabas, sin desvíos jurídicos, sin excusas. Prohibir no es la salida para una conducta social que nos parezca reprochable. Es inoficioso gastar tanta pólvora en gallinazos. Las corridas pueden acabarse, sí, pero no a punta de sanciones. Por ahora, que sigan su curso.
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