Esta protección no devolverá los toros a Cataluña, en manos del Tribunal Constitucional
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ignacio gil
José Ignacio Wert, en el Congreso
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No se anunció oficialmente en los carteles, pero finalmente el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,
hizo el paseíllo en el Congreso para lidiar con temple y maestría la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la Tauromaquia, «ni de
izquierdas ni de derechas». Veló por la «unidad» e invitó al PSOE a
compartirla al alimón, aunque los socialistas prefirieron tomar el olivo
en el albero del Hemiciclo. Siempre el toreo de medias tintas: «Ni promovemos ni prohibimos». Otra vez las incoherencias del grupo que dio luz verde al traspaso de la Fiesta de Interior a Cultura.
Pese a ello, el PP está decidido a conceder la máxima protección
a la Tauromaquia, sin que ello suponga abrir un nuevo frente con las
autonomías. Así, a última hora de ayer, registró una enmienda en la que
modificó el título de la proposición para regular como Patrimonio
Cultural la Fiesta, que en principio iba a ser considerada Bien de
Interés Cultural (BIC).
La Unesco, al fondo
Este cambio permitirá otorgar a los toros un marco de
protección jurídicamente más sólido y estable, al anclar el título en la
Ley de Patrimonio a diferencia de la denominación de BIC, cuyo respaldo
legal generaría controversia. Además, se impulsará la solicitud de la
Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.
Una vía que ayer propuso UPyD y que fue recogida en parte por los
populares. El objetivo del Gobierno es conseguir que la nueva ley no
pueda ser recurrida con éxito ante un tribunal y, por tanto, salga de
chiqueros con larga vida por delante.
En la práctica, la declaración de Patrimonio Cultural
elevará el papel del Estado como protector de la Fiesta, aunque no
arrebatará la competencia a las comunidades. De esta manera, la nueva
figura dificultará que una autonomía pueda seguir los pasos de Cataluña y
derogar las corridas pero, al tratarse de un marco general sin efectos
retroactivos, no será suficiente para devolver los toros a esa
comunidad. Si la Monumental abre sus puertas de nuevo dependerá del
Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso presentado por el
Partido Popular contra la decisión del Parlamento catalán de abolir la
Fiesta.
Precisamente, la ILP superó ayer un nuevo trámite en el Congreso, con el rechazo de las enmiendas de totalidad. Cinco
grupos, IU, ERC, BNG, CiU y UPyD, pidieron la devolución del texto,
pero chocaron con la mayoría absoluta del Partido Popular, que permitió
el inicio del trámite de enmiendas parciales. La próxima semana habrá
ponencias.
Verdades y mentiras
En un debate menos encendido que de costumbre, Wert
descabelló con torería las falacias del tendido anti: «No responde a la
verdad que los toros gocen de un régimen de subvenciones por parte de la
Administración General del Estado. Tampoco desde los Ministerios de
Cultura y Agricultura». En este sentido, también el presidente de la
Comisión de Cultura, Juan Manuel Albendea,
planchó la muleta con rotundidad: «Es una de las mayores falsedades que
pregonan los antitaurinos». Fue la patraña monetaria, junto con la
cantinela nacionalista y la «tortura», sobre la que IU, ERC y BNG
basaron sus respectivas enmiendas a la totalidad.
Plan Nacional de Fomento
El ministro de Cultura repelió el ataque. «Podremos
discutir las cifras, como es natural, pero no una realidad contundente,
que es la importancia económica y turística que tiene la Tauromaquia,
que creo que es deber del Estado garantizar y proteger». Recordó también
el anclaje de la competencia estatal en los artículos 44, 46 y 149 de
la Constitución. No obstante, tendió la mano al entendimiento de todos
los grupos, especialmente a PSOE y UPyD, «para encontrar una fórmula que
satisfaga las competencias de las comunidades, pero permitiendo que el
Estado ejerza las que los preceptos constitucionales le atribuyen». Se
refería así, veladamente, a la citada declaración de Patrimonio
Cultural. Albendea, por su parte, esgrimió los múltiples valores de la
Fiesta, citó números de peso –«tiene un impacto económico de 2.500 millones y 40 millones de personas acuden al espectáculo»–
y aseguró que no protegerla sería «un atentado a la economía, la
ecología, la lengua, la tradición y la cultura». La Fiesta tendrá su
puerta grande con un Plan Nacional de Fomento.
El PSOE, con CiU
El portavoz socialista en este debate, Torres Mora, se
posicionó junto a CiU y reclamó la devolución de la proposición por
invadir competencias autonómicas. El diputado del PNV, Joseba
Agirretxea, se decantó por parecida línea. «Se ha buscado un artificio
jurídico», criticó, antes de considerar que el «sí o no» a la Fiesta «lo
decidiremos los vascos». Por parte de UPyD, Toni Cantó defendió con
énfasis la declaración de la Tauromaquia como Patrimonio Inmaterial.
El nombre y los apellidos a la Tauromaquia, «patrimonio
histórico» huérfano de bautizo, los puso el PP con esta definición en
su texto: «Conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas
y productivas, incluyendo la selección del toro de lidia, que confluyen
en la corrida moderna y el arte de lidiar, expresión relevante en la
cultura tradicional del pueblo español. Por extensión, toda
manifestación artística y cultural vinculada a la misma».
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