VENEZUELA Decisión unilateral del Alcalde

San Felipe prohíbe los toros por decreto

Festejo taurino en San Felipe, con la plaza llena

MUNDOTORO

Madrid (España). El Ayuntamiento de la ciudad venezolana de San Felipe ha prohibido las corridas de toros. La decisión fue tomada por el alcalde de la localidad, Alex Salomón Sánchez Bernard, mediante el decreto Nº 005-2015, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinaria del 20 de marzo de este año. La ciudad, ubicada en el centro de Venezuela, es la capital del Estado de Yaracuy y suele celebrar sus fiestas en el mes de mayo.

El texto publicado por el Ayuntamiento consta de únicamente dos artículos. El primero de ellos prohíbe 'toda producción de espectáculos de índole público o privado, y/o corridas de toros que por su naturaleza puedan ocasionar al animal daños, humillaciones, vejaciones, martirio, sufrimiento, torturas, maltratos o muerte' y el segundo indica que la prohibición entrará en vigor a partir de la publicación del decreto en la Gazeta.

El texto, que cita el artículo 174 de la Constitución nacional y el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal como fundamentos de derecho, incluye también tres 'Considerandos' en los que la Alcaldía menciona su obligación de adoptar medidas que 'contribuyan a la protección, defensa y a la conservación del bienestar de todos los seres vivos', con el objetivo de 'promover una sociedad libre de violencia' y se refiere a las corridas de toros como 'acto de agresión y crueldad animal, que a su vez lesiona el derecho a un mundo libre de violencia'.

La decisión de Alex Salomón Sánchez Bernard, dirigente del PSUV, ha provocado la respuesta de los diferentes estamentos taurinos de Venezuela. El presidente de la Asociación Taurina de Mérida y abogado constitucionalista, José Eladio Quintero, afirmó que la decisión es anticonstitucional, algo en lo que han coincidido Fortunato González, abogado y Presidente del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida y el aficionado y abogado Álvaro Sandía Briceño.

La Comisión Taurina de Mérida, por su parte, emitió un comunicado en el que rechaza la prohibición decretada por el Ayuntamiento por suponer una traba para la libertad y, más aún, recordando que la persecución por parte de órganos gubernamentales contra una tradición arraigada en los pueblos puede ser considerada como una discriminación en razón de cultura y por lo tanto, un delito de lesa humanidad.