Para el próximo sábado, estaba anunciada en Sevilla una manifestación antitaurina, que culminaría delante de la Puerta del Príncipe, justo antes del comienzo de una de las corridas más esperadas de la Feria [estos son los carteles].
Y, en principio, había sido autorizada, para ese lugar y hora, por la
Subdelegación del Gobierno. Es fácil imaginar lo que iba a suceder en
Sevilla, el día 18. Unos pocos cientos de personas insultarían a miles
de aficionados, que acudirán pacíficamente a disfrutar de su espectáculo
favorito: algo perfectamente legal, declarado oficialmente como parte
de nuestro patrimonio cultural. (Para más inri, en el callejón de la Plaza, invitados, no faltarán políticos, que no harían nada por impedir el conflicto).
A pedradas
¿Quedaría todo en eso? No es seguro. Lo hemos comprobado
hace muy poco. En Valencia, en Fallas, los antitaurinos intentaron
impedir el acceso de los toreros a la Plaza e hirieron en la frente, de una pedrada, a una madura aficionada; en Madrid, lesionaron a un profesor y quisieron boicotear la corrida del Domingo de Ramos.
La paciencia de los aficionados puede acabarse, cualquier
día: ¿por qué tienen que aguantar ese acoso, al ejercer su derecho de
acudir a una corrida de toros? Hasta el Papa Francisco ha dicho, hace poco, que es humano responder con cierta violencia, cuando están insultando a tu madre:
algún aficionado puede hacerlo. Probablemente, eso es lo que buscan los
manifestantes: una imagen de la «violencia taurina», que difundirían
ampliamente muchos telediarios.
Las causas
Por una vez, los sectores taurinos han reaccionado con
rapidez y unanimidad. (Si hicieran lo mismo en otros temas, mejor nos
iría). La cantidad de protestas y el temor al escándalo político han
llevado a la subdelegada del Gobierno en Sevilla a dar marcha atrás y
no autorizar la manifestación ese día, en ese lugar: lo que impone la
lógica. Pero el problema continúa y volverá a plantearse, muy pronto, en
otra Feria. Las causas están muy claras. Primero, la jurídica:
unas leyes y unas sentencias judiciales que hacen prevalecer el derecho
a la libre manifestación sobre el respeto a los demás.
Después, la política:
la cobardía de muchas autoridades, que no se atreven a usar el sentido
común, para que no les acusen de «fascistas» (y, menos, en período
electoral). La solución jurídica es fácil y ya existe en Francia:
un proyecto no de ley para que, en días de festejo, los antitaurinos no
puedan manifestarse a menos de 500 metros de una Plaza de Toros. El PP
lo tenía preparado pero no lo ha cursado: el incurable complejo de nuestra derecha...
El disparate no se ha resuelto, sólo se ha aplazado.
Volverá a plantearse, enseguida. ¿Qué desastre tiene que suceder para
que las autoridades afronten de verdad el problema? Si no lo hacen, muy
pronto tendrán que lamentarlo.
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