Palma se suma al circo antitaurino

Antitaurinos en una manifestación de protesta en Palma de MallorcaEL MUNDO

La creciente marea populista aprovecha la ambigüedad bipolar de los socialistas para acosar a la Tauromaquia desde La Coruña a la Comunidad Valenciana pasando por la de Madrid

INDALECIO RIBELLES / ZABALA DE LA SERNA Palma / Madrid

Como Barcelona en 2004, Palma de Mallorca se ha autoproclamado antitaurina. Después vino la abolición en toda Cataluña en 2010. El circo anti crece por España con el PSOE poniendo los raíles de su ambigüedad bipolar al frentepopulismo; entonces, al nacionalismo de ERC y CiU. La primera decisión del nuevo ejecutivo de coalición de PSOE, nacionalistas (Més per Palma) y populistas (Som Palma, marca de Podemos) en el primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Palma de la presente legislatura fue declarar Palma Ciudad Antitaurina. Una declaración testimonial porque la plaza de toros de Palma tiene licencia autonómica para la celebración de la corrida del 6 de agosto, y es el Govern balear el que tiene las competencias.

La decisión puede tener su trascendencia. Los antitaurinos ya han anunciado la presentación de una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) en el Parlament -un calco del proceso catalán- respaldada por 130.000 firmas para que se proceda a la prohibición total en Baleares. La declaración abolicionista se aprobó con los votos en contra de las dos formaciones de la oposición, PP y Ciudadanos. La portavoz popular, Marga Durán, defendió la tradición de la Tauromaquia y propuso un referéndum -como el alcalde Petro en Bogotá (Colombia) o en su día el indigenista presidente Correa en Quito (Ecuador)-; desde C's criticaron que la medida «encubra la idea nacionalista de borrar de la cultura de Mallorca todo rastro de los símbolos de España». Las plataformas antitaurinas se manifestaron en el salón de plenos convirtiendo la sala en una olla a presión. «Hoy es un día histórico para los animales en la ciudad de Palma», según Guillermo Amengual, portavoz de la campaña Mallorca Sense Sang.

En La Coruña, la Marea Atlántica se ha salido con la suya al rescindir el contrato de explotación del Coliseo gallego para celebrar la feria taurina de María Pita. El alcalde Julio Ferreiro dice que le compensa pagar la indemnización a la empresa adjudicataria y bajo el manto del animalismo ejecuta política «hipernacionalsocialistas», según el ex alcalde Francisco Vázquez.

Los podemitas se agitan también por Alicante: el Ministerio del Interior ha abierto una investigación sobre los tuits de la concejala de Juventud, Marisol Moreno, que expresaba su deseo de bombardear una plaza de toros. Sin embargo, el alcalde socialista Gabriel Echávarri apareció en la Feria de San Juan como respaldo inequivoco al toreo. 

Socialista también es Toni Gaspar, Consejero de Asuntos Taurinos de Valencia, quien en la pasada Feria de Julio estrenó su cargo manifestando su intención de trabajar por la Fiesta, a pesar de las presiones de sus socios de gobierno (Compromís). Pero se han perdido Gandía y Requena.

La fuerza de los aficionados a los toros ha logrado dar marcha atrás a las iniciativas antitaurinas en la Comunidad de Madrid tanto en Pinto -donde la oposición tumbó al alcalde de Ganemos Pinto- y San Sebastián de los Reyes. Otros pueblos como Alcalá de Henares o Ciempozuelos sienten el aliento del acoso o la soga de las subvenciones que convierte a los podemitas en poderosos abusones de ultraizquierda. 

Por la bella San Sebastián del Norte vuelven los toros después de tres años de ausencia con Bildu en retirada. Las conversaciones de la empresa Chopera con todos los grupos políticos y, evidentemente, con el gobierno municipal de PNV y PSE durante los meses anteriores al 24-M alumbró la feliz noticia para la Semana Grande donostiarra: el 13 de agosto la Fiesta regresa a Illumbe con la presencia del Rey emérito y las cámaras de TVE.

Las situaciones localistas y aldeanas se dan incluso en Madrid capital, donde la alcaldesa Manuela Carmena y sus ediles patalean contra los toros y renuncian al palco de Las Ventas que les cedía la Comunidad de Madrid, donde residen las competencias en materia taurina. 

Alguien debería recordar que en última instancia es la Constitución la que protege, fomenta y confiere legalidad a un producto cultural, una disciplina artística y una actividad económica como es la corrida de toros, patrimonio de España.