El expediente abierto por Competencia a la Unión de Toreros hace referencia a la plaza del Puerto

Se hace mención al Ayuntamiento y a la UTE de Tomás Entero, Ortega Cano y Beca Belmonte 

 Morante de la Puebla, el pasado agosto en la plaza del Puerto - ABC
ABC.ES - CharoABCTorosMadrid 

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha incoado expediente sancionador a la Unión de Toreros, donde se denuncian posibles «boicots» a empresas taurinas tras la denuncia presentada por un conocido despacho de abogados en representación de un «denunciante anónimo». Se habla de «indicios» de una infracción del artículo 1 de la LDC, «consistente en recomendaciones colectivas a sus asociados, de carácter restrictivo de la competencia en los distintos ámbitos afectados, dirigidas a que estos asociados boicoteen determinados festejos taurinos, como elemento de presión para el cobro de deudas que determinadas organizadoras de espectáculos taurinos mantienen con los asociados a Unión de Toreros».

ABC.es ha podido saber que en el expediente de Competencia se cita al Ayuntamiento del Puerto de Santa María y a la empresa de la plaza de toros (Equaltauro-UTE Puerto de Santa María), cuyos empresarios son Tomás Entero, Juan Carlos Beca Belmonte y Ortega Cano. Al parecer, Morante de la Puebla reclamó a la citada empresa en 2014 una deuda por impago (que según el documento superaba los cien mil euros) y desde la Unión de Toreros se planteó la posibilidad de huelga.

El despacho de abogados que presenta la denuncia en nombre de un denunciante anónimo comunica que la Unión de Toreros escribió una carta al alcalde del Ayuntamiento del Puerto a principios del pasado año para indicar que se iniciarían los trámites de una convocatoria de huelga, que luego nunca tuvo lugar. Además, el mencionado torero hizo el paseíllo la pasada temporada.

También se indica que el «hecho de que la medida de boicot acordada sea adoptada frente a una entidad morosa no es una circunstancia que pueda justificar tal boicot ni evitar la existencia de una infracción del artículo 1 de la LDC».

Dice más el texto: «Nos resulta evidente que el boicot llevado a cabo por la Unión de Toreros ha tenido asimismo efectos restrictivos de la competencia al impedirse a la UTE Puerto de Santa María la realización de su actividad tanto esta empresa salde la deuda aparentemente existente con un miembro de la citada asociación profesional. Ello es así en la medida en que no cabe plantearse realistamente el desempeño de la actividad económica de un empresario taurino sin poder contratar con la Unión de Toreros, dado que esta asocición agrupa a la gran mayoría de los matadores de toros».

Según manifestó Ortega Cano a ABC, las relaciones con Juan Carlos Beca Belmonte «no son buenas». «Este señor (por Beca) no deja trabajar y desprende negatividad en muchas cuestiones, como la Escuela Taurina. Queremos trabajar libremente y nos gustaría que dejase la empresa». «Por mi parte y la de Entero -manifestó el maestro, que quiere "lo mejor para la Fiesta"- estamos gestionando para solventar si hay algún problema económico con algún torero».

Nota pública de la CNMC

«La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha incoado un expediente sancionador contra la asociación Unión de Toreros por posibles prácticas restrictivas de la competencia. Consistirían en la emisión de recomendaciones colectivas dirigidas a boicotear festejos taurinos concretos, como elemento de presión para el cobro de deudas que determinadas empresas organizadoras de espectáculos taurinos mantienen con los asociados de Unión de Toreros.

Esta investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por un despacho de abogados.
Estas prácticas podrían ser contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) por conductas restrictivas de la competencia ya que pueden suponer la exclusión injustificada del mercado de organizadores de festejos taurinos y pueden dar ventajas competitivas excesivas a los toreros asociados a Unión de Toreros».

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC».