La gestión de la plaza de Bilbao: Renovación o decadencia

Cuando se atraviesa una etapa de mínimos

El aspecto de los tendidos durante la pasada Semana Grande

 

 

 

 

 

Con un sistema de administración y gestión que se remonta a comienzos del siglo XIX, con algunas modificaciones posteriores, el gobierno de la plaza de Vista Alegre, de Bilbao, precisa de un actualización, para adaptarse a los criterios jurídicos y sociales actuales. Como bien viene a escribir el jurista Sabino Gutiérrez Bañares se trata de una necesidad imperiosa, como bien resume en el propio título de su articulo: "Renovación o decadencia". Cuando la decadencia en la que hoy se desenvuelve aquella plaza no es una circunstancia sobrevenida de improviso, sino que es fruto de muchos errores, la cuestión además de necesaria es urgente. Un urgencia que hoy muchos comparten, menos los actuales administradores, que por lo visto no tienen prisa alguna en enderezar el camino.  

Sabino Gutiérrez Bañares, abogado

Han pasado más de ciento quince años desde que, gracias a la generosidad de los bilbaínos, se cediera a la Casa de Misericordia y al Hospital Civil de Basurto la Plaza de Toros de Vista Alegre, inaugurada en agosto de 1882, con el loable objetivo de que obtuvieran ingresos destinados a sufragar las labores asistenciales y sanitarias desempeñadas gratuitamente para los colectivos más desfavorecidos de la Villa. Una concepción decimonónica de la acción social privada a través de la caridad, según nos siguen recordando sus almohadillas.

La organización de la Plaza se encomendó a una Junta Administrativa paritaria, compuesta por cuatro vocales de cada institución más otros cuatro denominados “extraños” designados entre personas ajenas a ambas. Según se recoge en los Estatutos del año 1900, se trata de un claro modelo de cooptación, en tanto en cuanto su artículo 2 prevé que las dos personas extrañas propuestas por cada entidad pueden ser rechazadas por la oposición de los otros vocales.

 

El Reglamento de la Junta Administrativa de la Plaza de Toros se aprobó el 15 de diciembre de 1900, contemplando entre otras peculiaridades los denominados “Títulos de Propiedad” que, previo pago de la cantidad correspondiente según la localidad, garantizan la misma al propietario. Tales títulos obligaban, y obligan, a la adquisición de la totalidad del abono siempre que la Junta celebre Corridas Generales dentro de los meses de julio a septiembre. Dicha regulación fue modificada en 1992, estableciéndose los denominados “Nuevos títulos de propiedad” con una previsión indemnizatoria en su artículo 16 en caso de supresión. Los “propietarios” de Vista Alegre vienen a ser algo similar a los “compromisarios” del Athletic.

Pues bien, la organización y el funcionamiento de la Plaza mantiene básicamente el mismo sistema, con una importante salvedad. Concluido el proceso de publificación del Hospital Civil de Basurto por Decreto de 25 de febrero de 1992, el centro se integró en Osakidetza y la Comunidad Autónoma recibió todos los bienes y derechos afectos a la asistencia sanitaria, pasando el resto al Ayuntamiento de Bilbao. Entre los bienes no vinculados al servicio sanitario se encontraba el 50 % de la Plaza de Toros, que de este modo pasó a ser propiedad municipal. 

 

En todos estos años el modelo no ha variado, aunque la personalidad jurídica de la denominada Junta Administrativa bien puede mantenerse que ha pasado de privada a pública, pues en realidad no deja de ser una copropiedad entre una entidad particular (Misericordia) y una Administración pública, ostentado la Presidencia el Alcalde de Bilbao con voto de calidad.

Este cambio de naturaleza jurídica de la Junta Administrativa de la Plaza de Toros debería haber conllevado importantes efectos y consecuencias en la gestión, administración y régimen de contratación, si bien aparentemente todo ha seguido igual. Es evidente que los tiempos cambian y las instituciones o se van adaptando o tienden a desaparecer.

Así, el ordenamiento jurídico ha ido experimentado cambios sustanciales en todos los ámbitos para adaptarse a la realidad social y económica del siglo XXI. En lo público, la Ley de Transparencia de 9 de diciembre de 2013 ha reforzado el derecho de los ciudadanos al acceso a la información a través de los portales electrónicos, en los que todas las Administraciones y sus sociedades publican organigramas, cuentas anuales, retribuciones, contratos, licitaciones, etc. Además se establecen normas de "Buen Gobierno" en base a los principios de transparencia, imparcialidad, incompatibilidades, no implicación en asuntos propios, etc.

En el ámbito privado ya estaban también incorporados a la normativa societaria los principios de transparencia, que obligan a los administradores a evitar situaciones en las que sus propios intereses puedan entrar en conflicto con los de los de la sociedad administrada. Como obligaciones concretas se encuentran, entre otras, no competir con la sociedad, no aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad en beneficio propio, no utilizar el nombre de la sociedad para obtener ventajas, etc.

Tampoco puede pasarse por alto la legislación de protección de los consumidores, que regula las relaciones entre empresas y usuarios sobre los principios de información, protección de los intereses económicos, seguridad y participación. La normativa vasca ha reforzado los niveles de protección, fomentando la participación de los consumidores y usuarios a través del asociacionismo para la defensa de sus intereses. Como ya ha quedado dicho, el coso de Vista Alegre cuenta con miles de titulares "propietarios" que, con la obligación de adquirir la totalidad del abono, constituyen uno de los principales pilares económicos para la organización de las Corridas Generales.

Tras más de un siglo de funcionamiento, se hace necesaria una reflexión en profundidad para adecuar la gestión de la Plaza de Toros a los actuales principios rectores de transparencia y participación. Probablemente, una revisión estructural pueda coadyuvar a mejorar el futuro de Vista Alegre que los aficionados bilbaínos anhelamos.