La ponencia del TC sobre la prohibición taurina asegura que Cataluña invadió competencias del Estado

Pese a que el asunto iba en el orden del día de este Pleno, no ha dado tiempo a abordarlo  

Monumental de Barcelona - INÉS BAUCELLS

N. VILLANUEVA/R. PÉREZ Madrid

Seis años después de que el Grupo Popular en el Senado presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la abolición de las corridas de toros en Cataluña, el Tribunal Constitucional tiene previsto debatir un borrador favorable a levantar la prohibición aprobada por el Parlamento de Cataluña. Como adelantó ABC, el asunto está incluido en el orden del día del Pleno que se celebra esta semana y que termina hoy. Teniendo en cuenta que en la sesión de ayer todavía no se había abordado, lo más probable es que los magistrados pospongan el debate para el próximo Pleno, es decir, para dentro de quince días.

Según ha podido saber ABC, el texto de la magistrada Encarnación Roca, encargada de la ponencia, es favorable a la admisión del recurso del PP,al considerar que la ley autonómica invadió competencias del Estado en materia cultural, pues como el propio TCha señalado en distintas sentencias, «corresponde al Estado la preservación del patrimonio cultural común». En este sentido, la ley catalana vulneraría el artículo 149 de la Constitución: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1ª) la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; 13ª) bases y coordinación de la planificación de la actividad económica; 28ª) defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación, museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas». Pero también el punto dos de este mismo precepto: «Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas». El borrador de Roca hace hincapié en que, si bien una comunidad autónoma puede regular materias competencia del Estado, no tiene potestad para prohibirlas.

Las expectativas e intereses que hay puestos en este asunto son tales que ayer por la mañana se difundió el falso rumor de que el Pleno ya había votado y avalado levantar la prohibición cuando ni siquiera se había abordado el asunto.

Cuestión identitaria

El pasado 28 de julio se cumplieron seis años desde que José Montilla (quien dio libertad de voto a los suyos) firmase la «sentencia» contra la Fiesta en tiempos del gobierno tripartito PSC-ERC-ICV. La ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, salió adelante con 68 votos a favor y 55 en contra.

Fue una prohibición política, una cuestión meramente identitaria. Prueba de ese falso animalismo es que el día que prohibían las corridas blindaron los correbous, granero de votos en las tierras del Ebro.

Según el recurso de los senadores del PP, la prohibición catalana vulneró la Constitución porque iba más allá de lo que le permitía el decreto de transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de espectáculos. El decreto permitía a las CC.AA. la regulación de los mismos, pero no la capacidad de prohibirlos. «Se infringen artículos como el acceso a la libertad de todos los españoles, a las manifestaciones culturales, es decir, a la creación artística, y a la libertad del empresariado. Y lo más importante es que en todos los decretos de transferencias de la Administración Central a las Administraciones Autonómicas sobre competencias en materias de espectáculos se habla de las facultades en cuanto a regulación, promoción u ordenación, pero en ningún caso de prohibición», argumentaron los populares entonces.

Durante este tiempo, la llama de la afición se ha mantenido viva, a pesar de tener que ejercer su derecho a ir a los toros en otras arenas fuera de su tierra. Si la sentencia es favorable, la victoria servirá para acallar el movimiento antitaurino de los más radicales y evitar que se cometa en otras localidades. La vuelta de los toros a Cataluña se antoja complicada: la Generalitat no lo pondrá fácil.

La Generalitat amenaza con no cumplir el fallo

J. G.
El gobierno catalán que conforman ERC y la antigua Convergència –Junts pel Sí– ha advertido que buscará dejar «sin efectos prácticos» cualquier veto del Constitucional a la prohibición de los toros en Cataluña. «Uno de los principios de nuestro autogobierno es la defensa de los animales», argumentó la portavoz de la Generalitat, Neus Munté.

La consejera de Presidencia no detalló cómo harían frente a la decisión del TC aunque recordó, como ejemplo, que el ejecutivo catalán ha aprobado una nueva ley de vivienda para esquivar la suspensión del alto tribunal a la ley sobre emergencia social que amparaba la expropiación de viviendas vacías.

El actual consejero de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, fue uno de los diputados que votaron contra la prohibición.