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Un tribunal japonés condenó a un infante de marina estadounidense por agresión sexual, sentenciándolo a siete años de prisión, en un caso que ha desatado indignación y preocupación por la seguridad en Okinawa, la isla del sur de Japón que alberga una importante presencia militar estadounidense.
El Tribunal de Distrito de Naha dictó sentencia el martes 24 de junio contra Lance Cpl. Jamel Clayton, un joven de 22 años originario de Ohio, tras hallarlo culpable de atacar a una mujer de unos 20 años en la localidad de Yomitan, en la isla principal de Okinawa, en mayo de 2024.
Según la información difundida por ABC News, el tribunal determinó que Clayton abordó a la víctima por la espalda, la asfixió, la agredió sexualmente y le causó lesiones. La sentencia, que impone siete años de prisión, se produce después de que la fiscalía solicitara una condena de diez años.
Durante el proceso judicial, el juez Kazuhiko Obata subrayó la solidez del testimonio de la víctima, quien declaró de forma remota y anónima. A pesar de que el acusado negó los cargos presentados por los fiscales, el tribunal consideró que la declaración de la mujer resultaba altamente creíble.
La agencia Kyodo News informó que la decisión del tribunal se apoyó en la consistencia y detalle de la declaración de la víctima, lo que permitió desestimar la versión de Clayton. La reacción oficial de las fuerzas estadounidenses no tardó en llegar.
La sentencia contra Jamel Clayton reaviva el debate sobre la presencia militar de Estados Unidos en Japón y la seguridad en Okinawa. (REUTERS/David Swanson)
El capitán Kazuma Engelkemier, portavoz de la 3.ª División de Marines, confirmó la condena de Clayton en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles. En sus palabras, “este comportamiento no refleja los valores del Cuerpo de Marines ni ejemplifica los estándares que la abrumadora mayoría de nuestros marines mantiene a diario”.
Engelkemier también aseguró que la parte estadounidense siguió de cerca el desarrollo del juicio sin intervenir en el proceso judicial japonés y que “cooperamos plenamente con el proceso de investigación”.
Infobae
Un tribunal japonés condenó a un infante de marina estadounidense por agresión sexual, sentenciándolo a siete años de prisión, en un caso que ha desatado indignación y preocupación por la seguridad en Okinawa, la isla del sur de Japón que alberga una importante presencia militar estadounidense.
El Tribunal de Distrito de Naha dictó sentencia el martes 24 de junio contra Lance Cpl. Jamel Clayton, un joven de 22 años originario de Ohio, tras hallarlo culpable de atacar a una mujer de unos 20 años en la localidad de Yomitan, en la isla principal de Okinawa, en mayo de 2024.
Según la información difundida por ABC News, el tribunal determinó que Clayton abordó a la víctima por la espalda, la asfixió, la agredió sexualmente y le causó lesiones. La sentencia, que impone siete años de prisión, se produce después de que la fiscalía solicitara una condena de diez años.
Durante el proceso judicial, el juez Kazuhiko Obata subrayó la solidez del testimonio de la víctima, quien declaró de forma remota y anónima. A pesar de que el acusado negó los cargos presentados por los fiscales, el tribunal consideró que la declaración de la mujer resultaba altamente creíble.
La agencia Kyodo News informó que la decisión del tribunal se apoyó en la consistencia y detalle de la declaración de la víctima, lo que permitió desestimar la versión de Clayton. La reacción oficial de las fuerzas estadounidenses no tardó en llegar.
El capitán Kazuma Engelkemier, portavoz de la 3.ª División de Marines, confirmó la condena de Clayton en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles. En sus palabras, “este comportamiento no refleja los valores del Cuerpo de Marines ni ejemplifica los estándares que la abrumadora mayoría de nuestros marines mantiene a diario”.
Engelkemier también aseguró que la parte estadounidense siguió de cerca el desarrollo del juicio sin intervenir en el proceso judicial japonés y que “cooperamos plenamente con el proceso de investigación”.
Además, precisó que el infante de marina permaneció bajo custodia japonesa desde su imputación, que se produjo tras la denuncia de la víctima.
No es el único caso
El caso de Clayton se suma a una serie de agresiones sexuales ocurridas el año pasado, en las que las autoridades locales inicialmente retuvieron la información sobre las detenciones de los sospechosos, argumentando la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas. Esta práctica generó malestar y críticas por parte de la población, que percibió un intento de encubrimiento por parte de las autoridades.
La situación ha avivado el debate sobre la transparencia y la gestión de los delitos cometidos por militares estadounidenses en territorio japonés. Okinawa ocupa un lugar singular en la historia y la política de Japón. Hace 80 años, la isla fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial.
La presencia militar estadounidense ha sido fuente constante de tensiones en Okinawa. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Tras el conflicto, permaneció bajo ocupación estadounidense hasta 1972. En la actualidad, Okinawa alberga a la mayoría de los aproximadamente 50.000 militares estadounidenses desplegados en Japón en virtud de un acuerdo bilateral de seguridad.
Aunque la isla representa solo el 0,6% del territorio japonés, acoge el 70% de las instalaciones militares estadounidenses en el país. La presencia militar estadounidense ha sido fuente constante de tensiones en Okinawa.
Los residentes expresan su frustración por la carga que supone convivir con bases militares, que generan problemas de ruido, contaminación, accidentes aéreos y delitos relacionados con el personal estadounidense.
El lunes, durante la conmemoración del 80.º aniversario del final de la Batalla de Okinawa, el ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, abordó la preocupación por los recientes casos de agresión sexual cometidos por militares estadounidenses en una reunión con el teniente general Roger Turner, comandante de la III Fuerza Expedicionaria de Marines.
En ese encuentro, Nakatani solicitó medidas disciplinarias y preventivas para evitar la repetición de estos delitos.
El caso expone tensiones históricas y demandas de mayor control sobre los delitos cometidos por militares estadounidenses en territorio japonés. (REUTERS/Issei Kato)
Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas
El debate sobre la jurisdicción y el control de los delitos cometidos por militares estadounidenses en Japón ha cobrado fuerza en los últimos años.
Cada vez más voces reclaman una revisión del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas (SOFA), que otorga a Estados Unidos el derecho a investigar la mayoría de los accidentes y crímenes ocurridos en suelo japonés.
Esta disposición ha sido objeto de críticas, ya que limita la capacidad de las autoridades japonesas para actuar en casos que involucran a personal militar extranjero.
El martes, el gabinete del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, adoptó una declaración que revela que los fiscales japoneses han archivado más de 300 casos penales contra militares estadounidenses en la última década, entre 2014 y 2024. Entre estos casos figura una agresión sexual ocurrida en Okinawa en 2020.
La condena de Jamel Clayton se inscribe en este contexto de tensión y demanda de cambios estructurales en la gestión de la presencia militar extranjera en la isla.
No es el único caso
El caso de Clayton se suma a una serie de agresiones sexuales ocurridas el año pasado, en las que las autoridades locales inicialmente retuvieron la información sobre las detenciones de los sospechosos, argumentando la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas. Esta práctica generó malestar y críticas por parte de la población, que percibió un intento de encubrimiento por parte de las autoridades.
La situación ha avivado el debate sobre la transparencia y la gestión de los delitos cometidos por militares estadounidenses en territorio japonés. Okinawa ocupa un lugar singular en la historia y la política de Japón. Hace 80 años, la isla fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial.
Tras el conflicto, permaneció bajo ocupación estadounidense hasta 1972. En la actualidad, Okinawa alberga a la mayoría de los aproximadamente 50.000 militares estadounidenses desplegados en Japón en virtud de un acuerdo bilateral de seguridad.
Aunque la isla representa solo el 0,6% del territorio japonés, acoge el 70% de las instalaciones militares estadounidenses en el país. La presencia militar estadounidense ha sido fuente constante de tensiones en Okinawa.
Los residentes expresan su frustración por la carga que supone convivir con bases militares, que generan problemas de ruido, contaminación, accidentes aéreos y delitos relacionados con el personal estadounidense.
El lunes, durante la conmemoración del 80.º aniversario del final de la Batalla de Okinawa, el ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, abordó la preocupación por los recientes casos de agresión sexual cometidos por militares estadounidenses en una reunión con el teniente general Roger Turner, comandante de la III Fuerza Expedicionaria de Marines.
En ese encuentro, Nakatani solicitó medidas disciplinarias y preventivas para evitar la repetición de estos delitos.
Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas
El debate sobre la jurisdicción y el control de los delitos cometidos por militares estadounidenses en Japón ha cobrado fuerza en los últimos años.
Cada vez más voces reclaman una revisión del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas (SOFA), que otorga a Estados Unidos el derecho a investigar la mayoría de los accidentes y crímenes ocurridos en suelo japonés.
Esta disposición ha sido objeto de críticas, ya que limita la capacidad de las autoridades japonesas para actuar en casos que involucran a personal militar extranjero.
El martes, el gabinete del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, adoptó una declaración que revela que los fiscales japoneses han archivado más de 300 casos penales contra militares estadounidenses en la última década, entre 2014 y 2024. Entre estos casos figura una agresión sexual ocurrida en Okinawa en 2020.
La condena de Jamel Clayton se inscribe en este contexto de tensión y demanda de cambios estructurales en la gestión de la presencia militar extranjera en la isla.
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