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AFP
Organizaciones de derechos humanos denunciaron este viernes que la reelección presidencial indefinida aprobada por el Congreso de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, es un «golpe» y «tiro de gracia» a la democracia en el país.
La Asamblea Nacional, en un trámite exprés, aprobó el jueves una profunda reforma constitucional que permite la reelección presidencial «sin reservas», amplía el mandato de gobierno de cinco a seis años, sincroniza las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y elimina la segunda vuelta electoral.
Es «el tiro de gracia a la democracia en El Salvador», señaló en un comunicado Cristosal, una de las organizaciones que ha denunciado una «escalada represiva» desde que Bukele asumió la presidencia en 2019.
«Este último golpe al sistema democrático no devuelve el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial: se lo entrega sin límites a la familia gobernante», indicó la ONG que recientemente cerró sus operaciones en El Salvador y partió al exilio por la «persecución» del gobierno.
En mayo, la jefa anticorrupción de Cristosal, la abogada Ruth López, fue detenida por supuesto enriquecimiento ilícito en una cuestionada acusación de la Fiscalía.
Por su lado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó la «flagrante manipulación de la Constitución de El Salvador» que le «otorga a Bukele reelecciones ilimitadas».
«A esto conducen inevitablemente años de manipulación constitucional gradual: al desmantelamiento de la propia democracia», agregó WOLA en X.
Bukele, de 44 años, goza de enorme popularidad por su «guerra» contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país, mediante un régimen de excepción que ha permitido miles de arrestos sin orden judicial.
«Lamentablemente la historia de América Latina está llena de ejemplos de gobernantes populares que usan su popularidad para desmantelar la Constitución y concentrar el poder», dijo a la AFP el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.
El Salvador va «camino a una dictadura» por el «desmantelamiento de la Constitución», advirtió Pappier.
Mientras que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, consideró que «es necesario consultar al pueblo» sobre una reforma constitucional de este tipo «porque esto significa un cambio grande en el sistema democrático».
La Asamblea Nacional, en un trámite exprés, aprobó el jueves una profunda reforma constitucional que permite la reelección presidencial «sin reservas», amplía el mandato de gobierno de cinco a seis años, sincroniza las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y elimina la segunda vuelta electoral.
Es «el tiro de gracia a la democracia en El Salvador», señaló en un comunicado Cristosal, una de las organizaciones que ha denunciado una «escalada represiva» desde que Bukele asumió la presidencia en 2019.
«Este último golpe al sistema democrático no devuelve el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial: se lo entrega sin límites a la familia gobernante», indicó la ONG que recientemente cerró sus operaciones en El Salvador y partió al exilio por la «persecución» del gobierno.
En mayo, la jefa anticorrupción de Cristosal, la abogada Ruth López, fue detenida por supuesto enriquecimiento ilícito en una cuestionada acusación de la Fiscalía.
Por su lado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó la «flagrante manipulación de la Constitución de El Salvador» que le «otorga a Bukele reelecciones ilimitadas».
«A esto conducen inevitablemente años de manipulación constitucional gradual: al desmantelamiento de la propia democracia», agregó WOLA en X.
Bukele, de 44 años, goza de enorme popularidad por su «guerra» contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país, mediante un régimen de excepción que ha permitido miles de arrestos sin orden judicial.
«Lamentablemente la historia de América Latina está llena de ejemplos de gobernantes populares que usan su popularidad para desmantelar la Constitución y concentrar el poder», dijo a la AFP el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.
El Salvador va «camino a una dictadura» por el «desmantelamiento de la Constitución», advirtió Pappier.
Mientras que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, consideró que «es necesario consultar al pueblo» sobre una reforma constitucional de este tipo «porque esto significa un cambio grande en el sistema democrático».
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