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Por BBC MUNDO
Hubo señales públicas y complots secretos. Un documento planteaba ignorar las elecciones y declarar el estado de sitio. Y un plan impreso preveía asesinar al presidente electo, su vicepresidente y un juez, con balas o veneno.
Las pruebas de que hubo una conspiración en Brasil para quebrar la mayor democracia de América Latina bastaron para asegurar la condena del expresidente Jair Bolsonaro este jueves, en una decisión histórica.
El Supremo Tribunal Federal, la mayor corte brasileña de justicia, alcanzó una mayoría de tres de los cinco jueces que juzgaban a Bolsonaro para declararlo culpable de varios delitos y dejarlo expuesto a una posible pena de más de 40 años de prisión.
Es la primera vez que un exjefe de Estado brasileño es culpado de golpismo, algo que Bolsonaro rechaza como una persecución política, y esto ocurre pese a presiones de la derecha política doméstica y de Estados Unidos para salvarlo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso sanciones y aranceles a Brasil debido a este proceso, que calificó de «caza de brujas» contra su aliado.
Consultada sobre la posible condena Bolsonaro, una portavoz de la Casa Blanca dijo el martes que «el presidente (Trump) no tiene miedo de usar el poder económico y el poder militar de EE.UU. para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo».
El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva respondió en un comunicado de su Cancillería que «condena el uso de sanciones económicas o amenazas de uso de la fuerza contra nuestra democracia».
Otros siete excolaboradores de Bolsonaro en su gobierno (2019-2022) también han sido juzgados junto a él por el Supremo por participar de la trama golpista para intentar mantenerse en el poder tras el triunfo electoral de Lula.
La condena de Bolsonaro podría ser un nocaut para este exmilitar de extrema derecha a sus 70 años, pero sus aliados ya buscan amnistiarlo y algunos expertos descartan aún declarar su fin como político.
«Tres alternativas»
Bolsonaro fue acusado de encabezar una conspiración para desacreditar el sistema electoral brasileño, atacar instituciones y desconocer el veredicto de las urnas.
Los cinco delitos por los cuales fue juzgado incluyen liderazgo de una organización criminal armada, tentativa de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho.
La acusación de la Procuraduría General brasileña señaló que la trama golpista se inició en 2021, después que el Supremo eximiera a Lula de una condena por corrupción en su contra debido a fallas procesales.
Eso abrió la posibilidad de que Lula, todavía popular, disputara las elecciones del año siguiente contra Bolsonaro, quien llegó al poder en medio de una crisis política y económica.
Bolsonaro comenzó entonces a cuestionar como presidente la fiabilidad del sistema de votación del país para los comicios de 2022, diciendo, sin presentar pruebas, que las máquinas de conteo de votos podían ser alteradas para cometer un fraude.
Llegó a alertar que, sin sufragios impresos, en Brasil podía ocurrir algo «peor» que en EE.UU.
cuando seguidores de Trump invadieron con violencia el Capitolio tras su derrota electoral en 2020.
En septiembre de 2021, Bolsonaro declaró además que ignoraría las decisiones de Alexandre de Moraes, el juez del Supremo que obtuvo poderes especiales para conducir la causa que llevó a la condena del expresidente.
Moraes investigaba entonces el uso de «milicias digitales» por parte de seguidores de Bolsonaro para difundir desinformación en internet, y comenzó a encarcelar a algunos o a cerrar sus cuentas en redes sociales.
En septiembre de 2021, Bolsonaro declaró además que ignoraría las decisiones de Alexandre de Moraes, el juez del Supremo que obtuvo poderes especiales para conducir la causa que llevó a la condena del expresidente.
Moraes investigaba entonces el uso de «milicias digitales» por parte de seguidores de Bolsonaro para difundir desinformación en internet, y comenzó a encarcelar a algunos o a cerrar sus cuentas en redes sociales.
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