Frenar la "corrida a la balear" exige que el TC se pronuncie sobre lo que eludió en el caso catalán

Representa la desnaturalización de la "corrida moderna"

 

Sesión plenaria del Parlamento de las Islas Baleares

 

No será ni fácil ni cómodo, porque de hecho, si se quiere alcanzar la solución definitiva, acabará por exigir un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional, para ahora sí entrar sobre el fondo de la cuestión competencial en materia de la Tauromaquia como patrimonio cultural que es. En la sentencia que declaraba inconstitucional la prohibición catalana, los magistrados no vieron necesario --o no se atrevieron-- a entrar en el fondo del tema, como se reclamaba en el recurso planteado en su día contra la norma del Parlament. Las actuales ocurrencias del Gobierno balear, liderado por el PSOE, nos vuelven a retrotraer a aquel punto que no tuvo respuesta a su tiempo. En la anterior ocasión, resultó fallida; está por ver que dirá ahora el TC.  

Taurologia.com 

La mayoría de gobierno, un tripartito que encabeza el PSOE, consiguió su objetivo, declarado ya en campaña electoral: entorpecer hasta tal punto los festejos taurinos hasta colocarlos en peligro práctico de extinción.  Su propósito era seguir el modelo catalán y directamente prohibirlos, pero tras la sentencia del Tribunal Constitucional esta puerta quedó cerrada, por ello acudió al portillo que el alto Tribunal dejó sin resolver: acudir a la regulación del espectáculo.

La nueva ley salió adelante con el apoyo de PSOE-PSIB, Més y Podemos y con la oposición de PP, Ciudadanos, el PI-Propuesta por las Islas y las dos diputadas expulsadas del partido morado. Traducido a números: un ajustado 29 votos frente a 27. 

Con tales números, hubiera bastado que los  del PSOE se hubieran abstenido para que la  proposición no prosperara. Pero al igual que en otras materias, el partido de los socialistas se transformado hoy, para mal del país, en una auténtica caja de grillos, en la que todo es posible y cada cual va por un lado. Como Álvaro R. del Moral escribía certeramente hace unos días en un twists: “El papelón del PSOE con la Tauromaquia es para hacérselo mirar”.

 ¿Qué dirá ahora Susana Díaz, presidenta de la Junta andaluza, que tanto apuesta por los toros?, ¿qué habría dicho al contemplar todo este despropósito un histórico como don Indalecio Prieto_[1], un aficionado de primer nivel?

Aunque tampoco es tanto de extrañar: ya cuando en la anterior legislatura ordinaria se tramitaron las dos ultimas leyes sobre la Tauromaquia mantuvieron ese equilibrio inestable de quedarse en la cuerda floja, como antes habían hecho en el Parlamento de Cataluña, donde sin sus votos no habría podido prosperar la ley abolicionista, luego anulada por el TC. Es duro, pero es la realidad: el PSOE se ha convertido definitivamente  en un partido taurinamente no fiable, ni mucho menos predecible. Y según las ultimas experiencias, cuando se alía con las formaciones radicales, aún mucho más. 

Es lo cierto que la fiesta de los toros no entiende de ideología política alguna. Por eso, lo mismo que resulta negativo que alguien se apropie de ella, con la misma fuerza puede afirmarse que tampoco procede olvidarla y renegar de ella. Consideración tan elemental sin embargo, hoy parece como si para la izquierda hubiera caído en desuso.

La posición de la izquierda balear

La postura que ahora adoptan las formaciones que sostienen al Gobierno de las Islas tiene un mucho de estrategia. Como carecen de competencias para prohibir la tauromaquia, optan por desnaturalizarla en tal medida que resulta irreconocible, hasta el punto de dejar de poder llamarse --como dice la Ley-- “la corrida moderna”, para ser una especie de esperpento.

Como se sabe, en la corrida a la balear saltaran al ruedo tres toros, que estarán un máximo de diez minutos en el ruedo, sin que puedan utilizarse otros útiles taurinos que el capote y la muleta. Queda prohibido banderillearlo, picarlo y acabar con su vida con la espada o cualquier otro objeto punzante. Y rozando lo dantesco, tanto los toreros como las reses deberán ser luego analizados ante posibles dopajes. Puesto a enhebrar hipótesis disparatadas, ¿por qué no dispone también que el Presidente deberá superar el test de alcoholemia?

Luego tienen que hacer mil equilibrios para salvar el escollo del correbous, tradicional en la localidad de Fornalutx. No les conviene prohibirlo, pero lo condicionan también hasta cambiar el sentido de este festejo popular: para evitar cualquier maltrato del animal, el toro no podrá ir ensogado a su paso por las calles del pueblo como hasta ahora; pero además la fiesta deberá celebrarse en un recinto cerrado, para evitar el coste de acondicionar las calles del municipio. Y al final del festejo, rompiendo también con la tradición,  el toro ya no podrá ser sacrificado en el matadero local, para repartir sus carne entre los vecinos.

Y todo ello adobado con una amplia gama de sanciones a los infractores, que pueden llegar hasta los 100.00 euros.

En ensayo premonitorio 

Sin embargo, nada de lo que ahora ocurre en las Islas Baleares, que podría reeditarse en otros lugares, debiera asombrar. Ya en el pasado mes de mayo un jurista buen conocedor del Derecho taurino, como el profesor Luis Hurtado González, de la Universidad de Sevilla, había advertido de los riesgos que encerraba la redacción final acordada por los magistrados del TC en su sentencia sobre la inconstitucionalidad de la prohibición catalana. De su decisión no entrar en el fondo de la cuestión, nace ahora estos lodos.

En su ensayo “Sobre los toros, sus reglas y cómo acabar con ellos”_[2], el profesor Hurtado González ya nos prevenía que, con las lagunas que dejaba aquella sentencia, “el fin de los toros está más que asegurado en las Comunidades Autónomas hostiles”. Una concusión a la que llegaba tras estudiar las diferencias competenciales en materia de “espectáculos” y en la de “patrimonio cultural”.

Escribe en su ensay el profesor Hurtado que “el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el caso catalán, no llegó a expresar la conclusión a que sus propios razonamientos conducen: que, atendido su «objetivo o finalidad», las reglas de los toros pertenecen a la competencia sobre el «patrimonio cultural» y no a la competencia en materia de «espectáculos públicos». Pues ésta, indiscutidamente autonómica, permite dictar normas dirigidas a garantizar la seguridad de personas y bienes en los espectáculos todos (también los taurinos), los trámites administrativos, los derechos de los espectadores, etc., mientras que las reglas de los toros nada tienen que ver con esto, sino que, simplemente, son definitorias de lo que, desde el punto de vista interno, técnico o artístico, la corrida (el «patrimonio cultural») es. Luego, si el Poder Público puede dictarlas es sólo para la preservación y conservación, en su pureza e integridad, de dicho «patrimonio». Y como éste es «español», el Poder competente es el Estado. Las Comunidades Autónomas no pueden, por tanto, regular ni desregular la Fiesta”.

Por eso, como ya habia advertido en un artículo anterior_[3] aquella declaración de inconstitucionalidad no iba a ser el punto final de la ofensiva legislativa contra la Tauromaquia, porque “la tan esperada Sentencia sobre el asunto se había quedado corta, demasiado, dictaminando que las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus indiscutibles e indiscutidas competencias estatutarias en materia de «protección animal» y, sobre todo, «espectáculos públicos», podrían hacerse eco de los «los deseos y opiniones de la sociedad» (catalana, gallega, balear, ... respectivamente) y prohibir, en sus territorios, un «determinado tipo de espectáculo» Aunque no los toros. No por el momento”.

“Ayudará a comprender el fondo del problema de que hablo --escribe más adelante-- una simple vuelta atrás a la (ya declarada inconstitucional) prohibición catalana; en particular, al objeto de la misma, a los toros a que afectaba. Que no eran todos, que no eran cualesquiera toros: eran «las corridas de toros... que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque...» (Ley catalana 28/2010 (LA LEY 16616/2010)). Es decir, los toros con esas «suertes» o tercios, con esa «secuencia». Que es, precisamente, la definitoria de «la corrida de toros moderna». Y que lo es, porque esa (y no otra) es la que sus reglas establecen”.

En su razonamiento, el profesor Hurtado acude a una evidencia: “los toros tienen reglas: las de siempre, las que los hacen reconocibles, las que los hacen «corrida» y no otra cosa. Por tanto, son algo (llámeseles como se quiera, porque el sustantivo no prejuzga nada: acontecimiento social, espectáculo, fiesta...) que se celebra y desarrolla no de cualquier manera; que no consisten en que, por ejemplo, un señor (o una señora) corra o brinque delante, detrás o alrededor de la res, ni haga con ella lo que quiera. Sino que su naturaleza, composición y contenido técnico-artístico están fijados de antemano por unas (esas) reglas, las suyas, que dicen lo que la corrida es, cómo es y en qué consiste; más aún, reglas que ordenan (que imponen) lo que tiene que ser: una «lidia» (ver el significado que el Diccionario de la Real Academia Española recoge de esta palabra) de toros de raza («reconocidos y aprobados», con edad, peso, trapío, defensas íntegras...) en un ruedo (con barrera, callejón, burladeros...) por toreros profesionales (habilitados administrativamente, formando «cuadrillas»), previo «sorteo» de lotes, paseíllo, toque de clarín...; y estructurada (dicha lidia) en esos tercios o suertes: de varas o «pica» (con caballos, petos, puyas, monosabios...), banderillas (por pares: ahora mismo, no menos de dos, ni más de tres...) y muerte de la res en el ruedo (mediante estoque o rejón, y en un máximo de tiempo, con «avisos» y retirada si no), salvo «indulto», seguida, en su caso, de unos «trofeos» (vuelta al ruedo, oreja...). Y tienen también los toros, según esas mismas reglas, un director técnico externo, dotado de «potestades administrativas», llamado «Presidente» (o «Presidenta», como el manual de corrección política obliga a decir), encargado(a), precisamente, de aplicarlas in situ y, con sus órdenes, exigir a todos (en especial, a los toreros[as]) su estricta observancia”.

Y con respecto a otro tipo de espectáculos, en el caso de los toros, como bien recuerda el autor, “las reglas de los toros son completamente distintas. Y la diferencia no es baladí: son reglas que están en el Boletín Oficial del Estado (o de la Comunidad Autónoma, que por ahora lo mismo da), directamente establecidas, pues, por ley (Ley, Decreto...). Mientras que las de los demás espectáculos que las tienen, son, en cambio, reglas acordadas o consentidas por las propias partes del espectáculo”.

Como un ejemplo práctico de esta realidad no resuelta por el TC, con toda razón aduce el autor que “poco han tardado los enemigos de la Fiesta en darse cuenta de las debilidades de la Sentencia del Tribunal Constitucional y, con ellas como renovado armamento, presentar otra vez batalla: esgrimiendo la misma competencia autonómica («espectáculos públicos») que la ley catalana para prohibirla, el gobierno de Navarra ha elaborado ahora un «proyecto de decreto foral sobre espectáculos taurinos» (es decir, un nuevo reglamento taurino para esa Comunidad) con el que pretende, no ya modificar, quitar o sumar tercios u otros elementos arquetípicos de la corrida (esto, demasiado descarado quizás), sino algo mucho más sutil, pero no menos pernicioso: sencillamente, suprimir del articulado reglamentario la práctica totalidad de las reglas de los toros (dejando, acaso, una o dos) y dar a los interesados plena libertad para decidir en lo restante la composición y contenido técnico-artístico de la lidia. Que a partir de ahora, en Navarra, el empresario, el ganadero, los toreros... hagan en (y con) la «corrida» (es decir, con lo que hasta ahora era «corrida»), lo que quieran”.

Sin embargo, como demuestra el profesor Hurtado con una sólida argumentación, “el Poder público no puede (ni el autonómico ni el estatal) imponer la composición y desarrollo técnico-artístico de los espectáculos”, que como establece la Ley 18/2013 –sobre la Tauromaquia con bien y patrimonio cultural,  “la libertad de creación artística implica la facultad de crear y difundir el arte sin estar sujeto a... control o actuación previa”.

Matizaba el profesor Hurtado que  “comoquiera que se trata de un «patrimonio cultural» que es «nacional» (no por obvio esto deja de recordarlo expresamente la Ley 18/2013 (LA LEY 18054/2013)), las reglas de los toros sólo competen (sólo pueden competer) al legislador estatal, en ejercicio de ese título competencial constitucional del Estado en materia de «cultura» y, sobre todo, de «defensa» y protección «del patrimonio cultural español». Por tanto, en realidad, en rigor jurídico-constitucional, la vía navarra no existe: las Comunidades Autónomas no pueden (porque no tienen competencia para) ni regular ni desregular técnico-artísticamente la Fiesta”.

“La rotunda estatalidad –dice en otro momento de su ensayo--  de la competencia sobre la «preceptiva básica» de la corrida de toros moderna no excluye ni impide que las Comunidades Autónomas puedan sumar reglas taurinas (las «específicas» de que habla la polémica Disposición Adicional única de la Ley 10/1991 (LA LEY 1082/1991)): aquellas variantes que se correspondan con verdaderas tradiciones taurinas, si las hubiera, propias del lugar (no innovaciones u ocurrencias, pues), como podrían ser las «categorías» de sus plazas, una mayor «peso» de las reses a lidiar allí o un menor número de orejas para salir por la puerta grande.... Pero esto, no en virtud de su título autonómico en materia de «espectáculos» (que, como dije, no da para eso, y sí sólo para la «policía administrativa» de la corrida), sino en ejercicio de sus competencias (que también tienen las Comunidades Autónomas, según sus Estatutos) en materia de «cultura» y, por tanto, de conservación del «patrimonio cultural» propio de cada una”.

 “Aquí, precisamente, está el fondo del problema (y el peligro) ignorado por el Tribunal Constitucional: si la indicada competencia autonómica en materia de «espectáculos» incluye de verdad (como sostiene dicha interpretación y parece confirmar la propia pasividad del Estado, que nunca ha discutido los reglamentos autonómicos dictados en su virtud), si incluye de verdad, digo, la facultad de establecer, modificar o suprimir a discreción, al gusto o parecer de cada Comunidad, las reglas técnico-artísticas de los toros.

 Porque si fuera así, si fuera que sí, el fin de los toros está más que asegurado en las Comunidades Autónomas hostiles (e, incluso, en las que no lo son): bastaría con que uno (uno, para empezar) de sus reglamentos taurinos propios tuviera la ocurrencia (que no necesariamente la maldad) de suprimir el tercio de varas, de sustituir las banderillas con arpón por otras con ventosas adhesivas, o de impedir la muerte del toro en el ruedo, mandándolo a oculto sacrificio en los corrales o de vuelta a la dehesa (que ya se verá quién paga a partir de entonces su sostén). Creo que no es preciso explicar que eso ya no sería una «corrida», sería otra cosa, incluso una especie de número de circo, pues también podría ese hipotético reglamento autonómico inventarse un tercio (o cuarto) nuevo: el de tirar del rabo al toro”.´

“Como el Tribunal Constitucional --añadía-- no ha conjurado del todo la amenaza, me veo obligado a insistir fundadamente (con sus mismos razonamientos) en la identidad y alcance de la competencia autonómica en «espectáculos públicos». Ésta se dirige (el Tribunal así lo reconoce y declara) a garantizar en ellos «la seguridad de personas y bienes», esto es, que se limita a lo que la doctrina llama la «policía administrativa» de los espectáculos. De todos, incluidos los taurinos. En consecuencia, es un título competencial que permite dictar normas, sí. Pero sólo las que tengan que ver con ese «objeto o finalidad»; normas reguladoras, en fin, de la exterioridad del espectáculo de que se trate, de los «aspectos que lo rodean», a saber, los «requisitos» que deben reunir los recintos, los trámites previos a seguir por los organizadores, las autorizaciones administrativas, los seguros obligatorios, los derechos de los espectadores... Únicamente esto es lo que pueden regular, pues, las normas (la legislación) «de espectáculos», sin extenderse la competencia homónima que ampara su dictado a la interioridad técnico-artística, al «fondo en cuanto estructura y reglas técnicas y de arte» (distingue acertadamente el Tribunal) del espectáculo que sea. Ni de los toros ni de ningún otro. Así que la conclusión (que, sin embargo, lamentablemente, el Tribunal ya no llegó a pronunciar) es que las reglas de los toros contenidas en los reglamentos autonómicos han sido dictadas alegándose para ello una competencia («espectáculos públicos») que, en realidad, no da para eso. Dicho de otro modo: que, dictándolas, las Comunidades Autónomas se han atribuido (se han apropiado) indebidamente las reglas de los toros”.

¿Habrá pronunciamiento sobre el fondo?

Siguiendo el criterio del profesor Hurtado, se nos plantea la verdadera cuestión en este caso: ¿Será el Tribunal Constitucional capaz de abordar, ahora sí, la cuestión competencial, que dejó sin resolver en el caso catalán? Porque ese será el núcleo central del recurso, en el  que ya no se cuestiona la ningún asunto abolicionista: sobre ese elemento ya hay doctrina dictada.

Pero en la hipótesis más favorable, eso tardaremos no menos de 5 años en saberlo, como ocurrió con el anterior recurso de inconstitucionalidad. Pero incluso en este caso, si no se suspende cautelarmente este tipo de procedimientos autonómicos, se corre el riesgo de que tenga nuevos imitadores. El efecto contagio.

Y para hacer mas compleja la cuestión, en un plazo tan amplio como los que utiliza el TC, se pueden dar dos circunstancias: una es segura, que  parte de sus magistrados concluyan su periodo de mandato; la otra solo es probable, que se alcance una mayoría política suficiente para modificar la Constitución, uno de cuyos puntos sensibles radica, precisamente, en el Título VIII.

Por lo pronto, ya se cuenta con el compromiso del Gobierno de recurrir esta ley ante el Constitucional, como ha confirmado el Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo. La verdad esuq no lo tiene difícil: en el recurso de insconstitucionalidad que se presentó y se ganço sobrela abolición catañana, se aborda con mucho acierto estas otras cuestiones que afectan a la iniciativa balear y sobre las que el TC no se quiso pronunciar en su dia, en un error del que somos deudores.

 [1] En este punto, no está de más recordar una anécdota rigurosamente cierta: en su exilio mexicano, Indalecio Prieto iba a saludar a los toreros españoles siempre que podía, especialmente a Manolete. Le unía una gran amistad y admiración con el diestro cordobés, tanto era así que en una ocasión llegó a decir que “desde Hernán Cortés, Manolete ha sido el único que ha hecho algo importante en México”.

[2] Puede consultarse en diariolaley  de 15 de mayo de 2017, reproducido luego por Taurología.com: http://www.taurologia.com/sobre-toros-reglas-como-acabar-ellos-4781.htm
[3] Luis Hurtado González. “Presente y futuro de los toros en la doctrina del Tribunal Constitucional”.
http://taurologia.com/presente-futuro-toros-doctrina-tribunal-4393.htm