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El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este viernes el fallo de una jueza federal que restableció el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua, al subrayar que el beneficio migratorio no fue concebido como un sistema de asilo “de facto”.
Una jueza federal extendió este jueves el amparo que debía finalizar el 5 de agosto para unos 7.000 inmigrantes de Nepal, mientras que el 8 de septiembre terminaría el beneficio para vivir y trabajar en EE.UU. en el caso de alrededor de 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses.
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”
En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin dijo en un comunicado que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.
“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.
McLaughlin también cargó contra la jueza Trina Thompson, que ordenó la extensión del TPS de los tres países, al decir que el fallo es “otro ejemplo” de cómo jueces incitan al racismo para desviar la atención de los hechos.
Agregó que el DHS apelará la decisión y llevará la batalla legal a instancias superiores.
La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160.000 ucranianos, 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este viernes el fallo de una jueza federal que restableció el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua, al subrayar que el beneficio migratorio no fue concebido como un sistema de asilo “de facto”.
Una jueza federal extendió este jueves el amparo que debía finalizar el 5 de agosto para unos 7.000 inmigrantes de Nepal, mientras que el 8 de septiembre terminaría el beneficio para vivir y trabajar en EE.UU. en el caso de alrededor de 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses.
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”
En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin dijo en un comunicado que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.
“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.
McLaughlin también cargó contra la jueza Trina Thompson, que ordenó la extensión del TPS de los tres países, al decir que el fallo es “otro ejemplo” de cómo jueces incitan al racismo para desviar la atención de los hechos.
Agregó que el DHS apelará la decisión y llevará la batalla legal a instancias superiores.
La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160.000 ucranianos, 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.
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