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Por The Washington Post
El presidente Donald Trump reveló el martes que el gobierno estadounidense había «desmantelado» lo que, según él, eran un total de tres presuntos barcos de narcotráfico, todos aparentemente provenientes de Venezuela, un país a cuyo líder su administración ha demonizado al tiempo que ha intensificado drásticamente el uso de fuerza letal en un intento por interrumpir el narcotráfico en Latinoamérica.
El presidente, en declaraciones a la prensa a las afueras de la Casa Blanca, no ofreció más detalles sobre el incidente, hasta entonces no revelado. La Casa Blanca y el Pentágono se negaron a responder preguntas sobre la tercera embarcación, incluyendo cuándo y dónde fue impactada, y cuántas personas viajaban a bordo.
Trump respondía a una pregunta sobre el mensaje que el repentino aumento de la actividad militar pretendía enviar al presidente venezolano Nicolás Maduro cuando informó a la prensa: «De hecho, desmantelamos tres barcos, no dos, pero vieron dos».
Al parecer, el presidente se refería a dos publicaciones recientes suyas en redes sociales. El lunes, anunció que las fuerzas estadounidenses habían abatido a tres presuntos narcotraficantes ese mismo día. Hizo un anuncio similar el 2 de septiembre, afirmando que el ejército estadounidense había matado a 11 personas en una embarcación también acusada de transportar narcóticos ilegales a Estados Unidos.
En ambas publicaciones, publicadas en la plataforma Truth Social de Trump, el presidente incluyó un video aéreo de las embarcaciones en llamas.
La administración Trump no ha identificado qué recursos militares se utilizaron en estas operaciones y, hasta la fecha, no ha publicado ninguna prueba que verifique quiénes estaban en las embarcaciones —ni qué transportaban— cuando las fuerzas estadounidenses las hicieron estallar.
En declaraciones posteriores al anuncio del lunes, Trump sugirió que su administración se estaba preparando para tomar medidas militares contra los cárteles latinoamericanos que también transportan drogas ilícitas por tierra.
No identificó a grupos específicos, limitándose a decir: «Los detendremos de la misma manera que detuvimos a las embarcaciones».
El martes, hablando a las afueras de la Casa Blanca, Trump acusó a Maduro, a quien el gobierno ha calificado de jefe de Estado ilegítimo, de dirigir el tráfico de narcóticos y delincuentes —»están enviando a sus prisioneros», dijo el presidente— desde Venezuela a Estados Unidos. Trump ha mostrado una especial fascinación por la banda criminal Tren de Aragua, alegando que Maduro la controla.
“Dejen de enviar el Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, declaró el presidente. “… Dejen de enviar gente de sus cárceles a nuestro país”.
Las agencias de inteligencia estadounidenses, en una evaluación realizada a principios de este año, afirmaron que el gobierno de Maduro “probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo el movimiento ni las operaciones del TDA en Estados Unidos”. En cambio, según evaluaron las agencias de inteligencia, el gobierno venezolano considera al grupo una amenaza para la seguridad interna, pero en ocasiones tolera sus actividades dentro del país.
La afirmación del gobierno de que Maduro controla el Tren de Aragua respaldó su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros como justificación para deportar a presuntos pandilleros de Estados Unidos sin el debido proceso.
Este verano, el gobierno designó a otro grupo, el Cártel de los Soles, como organización terrorista y narcotraficante presuntamente liderada por Maduro, y el Departamento de Justicia duplicó a 50 millones de dólares la recompensa existente por información que conduzca al arresto del líder venezolano.
En las últimas semanas, Maduro ha llamado a miles de reservistas, alegando que estas medidas eran necesarias para prepararse para una invasión.
Los demócratas en el Congreso han advertido que las acciones «no autorizadas» de la administración Trump podrían iniciar una guerra con Venezuela y burlar el papel de los legisladores en la aprobación de operaciones militares. Dos senadores, Adam Schiff (California) y Tim Kaine (Virginia), han indicado que probablemente presentarían una impugnación formal al presidente bajo la Ley de Poderes de Guerra.
En una entrevista el martes, la senadora demócrata de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jeanne Shaheen (New Hampshire), afirmó que la mejor vía para la supervisión sería que la administración organizara una sesión informativa para los legisladores, algo que hasta ahora se ha negado a hacer. (El Pentágono envió a algunos funcionarios a reunirse con personal selecto del Congreso la semana pasada, pero la sesión informativa resultó vaga y decepcionante, según personas familiarizadas con el asunto).
Convocar dicha sesión informativa requeriría el apoyo de los republicanos, algunos de los cuales albergan en privado inquietudes sobre los ataques militares y la autoridad legal que los respalda. Shaheen predijo que suficientes colegas republicanos actuarían para forzar una reunión en las próximas semanas.
Eliminar a todos esos narcos. América libre de narcos y dictadores.
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