Donald Trump acaba de pronunciar una frase extraordinaria: el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, “está dirigiendo Venezuela”.
Pero ¿quién es realmente este hombre y qué significa que Trump le atribuya semejante poder?
Chris Wright no es un político tradicional. Es ingeniero mecánico graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con estudios avanzados de ingeniería eléctrica en MIT y la Universidad de California en Berkeley.
Fue fundador de Pinnacle Technologies, una empresa pionera en el desarrollo de tecnologías para la fracturación hidráulica, y posteriormente presidente y director ejecutivo de Liberty Energy. También ha trabajado en proyectos relacionados con petróleo, gas, energía nuclear, geotermia y reactores modulares.
Su pensamiento está orientado hacia la producción, la inversión, la infraestructura y la llamada “dominación energética” estadounidense.
Fue confirmado como secretario de Energía en febrero de 2025 con apoyo bipartidista en el Senado. No estamos hablando de un improvisado, sino de un empresario y tecnócrata con décadas de experiencia en el sector energético.
Cuando Trump afirma que Wright “está dirigiendo Venezuela”, no quiere decir necesariamente que sea jurídicamente el presidente del país. Lo que está revelando es que Wright controla o supervisa las principales palancas materiales de la recuperación venezolana: la comercialización del petróleo, el destino de los ingresos, el regreso de las compañías internacionales, las inversiones y la reconstrucción de la infraestructura energética.
Estados Unidos controla actualmente la venta de buena parte del petróleo venezolano y las cuentas donde se depositan esos ingresos. Ese control le proporciona una capacidad extraordinaria para presionar al poder político venezolano y condicionar las decisiones de Delcy Rodríguez.
Esto también nos permite comprender mejor la estrategia de Washington.
Marco Rubio dirige la negociación diplomática e institucional, mientras Chris Wright administra la dimensión económica y energética. Uno conduce el proceso político; el otro controla los recursos necesarios para mantener funcionando el país.
Wright no piensa como Marco Rubio. No es un dirigente formado principalmente en la política electoral o en la diplomacia. Su mentalidad es empresarial: contratos, producción, estabilidad, inversiones, infraestructura y resultados.
Por eso, Estados Unidos probablemente buscará primero estabilizar Venezuela y garantizar el funcionamiento de su economía antes de convocar elecciones. Para Wright, unas elecciones precipitadas que produzcan inestabilidad podrían poner en peligro las inversiones, la recuperación petrolera y todo el proceso de reconstrucción.
Ahora Marco Rubio acaba de confirmar, en buena medida, esta interpretación.
Rubio afirmó que Estados Unidos está en Venezuela para facilitar un proceso de reconciliación, no para dictarlo. Washington ofrecerá orientación y apoyo, pero serán los propios actores venezolanos quienes deberán conducir la transición.
También explicó que, después de entre 20 y 25 años bajo un mismo régimen, no basta con anunciar unas elecciones. Primero deben reconstruirse las condiciones políticas e institucionales que permitan celebrarlas.
Rubio señaló que los partidos políticos deberán dejar de funcionar únicamente como movimientos de protesta callejera y convertirse en verdaderas fuerzas electorales. Además, Venezuela necesitará una prensa libre y abierta, capaz de comunicar las distintas propuestas políticas.
También será necesario construir un Consejo Nacional Electoral que cuente correctamente los votos, garantizar la seguridad en las calles para evitar intimidaciones y proteger los centros electorales.
A todo esto se suma la necesidad de reconstruir una infraestructura electoral que fue abandonada, manipulada o atacada durante décadas.
Rubio fue muy claro: este proceso exigirá paciencia, persistencia y supervisión permanente de Estados Unidos. No debería tardar una década, ni cinco o siete años, pero tampoco podrá completarse en unas pocas semanas.
Esto significa que la hipótesis de una transición de aproximadamente uno, dos o tres años adquiere mayor sentido. Rubio no fijó un plazo exacto, pero confirmó que las elecciones no serán inmediatas y que primero debe producirse una transformación política e institucional.
Su declaración también descarta, al menos por ahora, la idea de que Estados Unidos utilizará directamente su Ejército para colocar a María Corina Machado en la Presidencia.
Washington parece preferir que los propios sectores venezolanos conduzcan la transición bajo su asesoría, supervisión económica y presión política. La fuerza militar permanecería como último recurso si Delcy Rodríguez deja de colaborar o intenta romper los acuerdos.
Si Delcy deja de ser funcional o su ilegitimidad impide avanzar, Estados Unidos podría buscar la legitimidad institucional de la Asamblea Nacional de 2015.
En ese escenario, Dinorah Figuera podría surgir como posible presidenta de una junta transitoria integrada por representantes de la AN de 2015, sectores democráticos y componentes del actual poder que acepten participar en una transición negociada.
Esa junta tendría la responsabilidad de reconstruir el CNE, garantizar la libertad de prensa, recuperar la seguridad electoral y preparar las condiciones para unas elecciones verdaderamente competitivas.
María Corina Machado podría participar posteriormente, pero Rubio no le garantizó la Presidencia ni el liderazgo del proceso. Dijo que su papel dependerá de lo que decidan los venezolanos.
Esto coloca a María Corina en una situación extremadamente delicada. Conserva un enorme respaldo popular, pero no controla la estructura institucional que actualmente negocia la transición.
Además, Rubio acaba de advertir que los movimientos de protesta deben transformarse en fuerzas electorales. Tener popularidad no será suficiente: María Corina necesitará organización, representación institucional, presencia en la mesa y capacidad para competir dentro del nuevo sistema.
La estructura que comienza a dibujarse es bastante clara: Chris Wright controla la reconstrucción económica y energética; Marco Rubio conduce la transición diplomática; la Asamblea Nacional de 2015 aporta legitimidad institucional, y Delcy Rodríguez permanece mientras continúe siendo funcional.
No está confirmado que Dinorah Figuera presidirá una junta ni que la transición durará exactamente tres años. Pero las declaraciones de Trump y Rubio hacen que ese escenario sea cada vez más plausible.
A menos que se produzca un giro de 180 grados, primero vendrá la estabilización económica, después la reconstrucción institucional y solamente al final las elecciones.
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