Por Germán D' Jesús Cerrada
El 24 de junio de 1960 quedó marcado con fuego en la memoria de Venezuela. A las 9:30 de la mañana, mientras el país se disponía a conmemorar el Día del Ejército y la Batalla de Carabobo, las inmediaciones del Paseo Los Ilustres en Caracas se convirtieron en el escenario de una explosión ensordecedora.
Un coche bomba, activado mediante un sofisticado sistema de ondas de radio, estalló al paso del automóvil presidencial. El objetivo era inequívoco: asesinar al presidente Rómulo Betancourt y descabezar la naciente y frágil democracia venezolana.
El impacto de la detonación destruyó por completo el vehículo oficial.
La tragedia se cobró de inmediato la vida del jefe de la Casa Militar, el coronel Ramón Armas Pérez, y la del joven estudiante Juan Eduardo Rodríguez. El propio Betancourt sobrevivió de milagro, sufriendo quemaduras de primer y segundo grado en el rostro y los brazos, una pérdida parcial de la audición y daños severos en sus manos.
El ministro de la Defensa, general Josué López Henríquez, junto a su esposa y el chofer Azael Valero, también resultaron gravemente heridos en el ataque.
Sin embargo, el efecto político del atentado fue el opuesto al que buscaban sus ejecutores. Lejos de provocar el colapso del gobierno, el suceso generó una inmensa ola de solidaridad nacional e internacional alrededor de la figura del mandatario.
Al día siguiente, en una demostración de audacia y control institucional, Betancourt se dirigió a la nación desde el Palacio de Miraflores con las manos completamente vendadas. Sus palabras, firmes y premonitorias, señalaron directamente al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo como el autor intelectual de la agresión, calificando a su régimen como los "coletazos de un animal prehistórico incompatible con el siglo XX".
Las investigaciones confirmaron rápidamente la complicidad de la tiranía dominicana y de sectores golpistas locales, lo que desató una contundente respuesta internacional.
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó enérgicamente el hecho, aplicando por primera vez sanciones políticas y económicas draconianas que aislaron al régimen de Trujillo. Poco después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ratificó estas medidas mediante la Resolución 156.
A 66 años de aquel brutal ataque, el episodio se recuerda no solo como un acto de terrorismo de Estado, sino como el momento cumbre en el que la institucionalidad civil venezolana demostró su resiliencia frente a las arremetidas del autoritarismo caribeño.
