Sentado ante el tribunal que le iba a condenar a 30 años de cárcel por traición a la patria, rebelión militar, ataque al centinela y sustracción de efectos militares, el comerciante hispanovenezolano Jorge Alayeto respiró profundamente. La pesadilla de aquel agosto de 2017, cuando él y su sobrino fueron torturados durante días por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para forzar una confesión falsa, se repetía de nuevo en el tribunal.
Alayeto fue condenado en abril pasado por una confesión grabada en vídeo y con el único testimonio «técnico» de su torturador, el agente Abel Angola, que fustigó con fiereza a Alayeto (54 años en la actualidad, 45 durante los hechos) y a su sobrino Alfonso Ochoa, apenas 20 años entonces. Dos civiles que no estaban involucrados en el asalto al Cuartel Paramacay, víctimas colaterales de la acción de unos militares rebeldes, comandados por el capitán Juan Carlos Caguaripano, que alquilaron la discoteca de la Hacienda San Luis (de la familia de los Alayeto Bigott) en las horas previas a la acción con la que pretendían derrocar a Nicolás Maduro.
«Me secuestraron junto a mi tío y a mí, yo estudiaba entonces Ingeniería Civil. Caguaripano y los suyos asaltaron el cuartel de madrugada y ya en la tarde llegaron 20 camionetas de la DGCIM a la Hacienda, en la que yo había vivido casi toda la vida», recordó para EL MUNDO Alfonso Ochoa.
El chico tardó un año en recuperarse física y mentalmente de lo sucedido. Transcurrido ese tiempo, viajó a España, también tiene la nacionalidad española. Y unos meses después, el destino jugó con él: en la cafetería donde trabajaba, junto al Museo de Arte Reina Sofía, apareció uno de los torturadores: «Vi su cara, le reconocí enseguida. Tomaba una cerveza, no me vio. Entré en shock y me escondí en la cocina. Llegué a pensar que me estaban buscando. En ese momento decidí que tenía que volver con mi familia y me fui a EEUU».












