La
proposición de ley presentada este jueves, que se podría aprobar a
finales de año, posibilitará no obstante que siga el «correbou» de
Fornalutx
Las reses y los diestros serán sometidos
a controles «antidopaje» antes y después de cada espectáculo
Los partidos han presentado una porposición de ley de «regulación de las corridas de toros en Baleares» - EFE
JOSEP MARIA AGUILÓ Palma De Mallorca
Las tres formaciones que apoyan al actual Ejecutivo regional, que preside la socialista Francina Armengol, han presentado este jueves la proposición de ley de «regulación de las corridas de toros en Baleares». Elaborada conjuntamente por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS —tanto de Mallorca como de Menorca— y Podemos, la citada futura norma no prohíbe expresamente los festejos taurinos, pero es extremadamente restrictiva por lo que se refiere a su celebración.
Así, podrá haber festejos en las plazas de la Comunidad siempre y cuando no se hiera o se mate al toro.
En ese sentido, únicamente se podrán utilizar capotes y muletas, pero
en ningún caso objeto punzante alguno. Además, no se podrán utilizar
caballos en los cosos y estará prohibida la entrada a los menores de 18 años, así como la venta de alcohol.
Otra condición es que sólo se podrán torear un máximo de tres reses por festejo y por un periodo de tiempo no superior a los diez minutos. La futura ley también establece que las plazas deberán ser completamente accesibles para las personas con movilidad reducida. Por otra parte, los empresarios y promotores deberán abonar fianzas previas por un importe global mínimo de 300.000 euros. El incumplimiento de las normas fijadas podrá ser sancionado, dependiendo de los casos, como falta leve, grave o muy grave. Este último tipo de faltas serán sancionadas con multas de entre 10.001 y 100.000 euros.
Las licencias para la realización de cada festejo concreto serán concedidas por los respectivos consejos insulares. Otro requisito fijado ahora por la nueva ley es que se hará «un control antidopaje» de los toros y de los diestros «antes y después del espectáculo». Posteriormente, se levantará acta de la celebración de cada festejo para su remisión a las autoridades competentes. Por último, tras una preceptiva revisión veterinaria, los toros serán devueltos a la empresa ganadera que los suministró.
Por otra parte, dentro y fuera de cada plaza de toros se instalará «en un lugar visible» un cartel que advierta de que «el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores». Entre las disposiciones adicionales de la futura norma taurina, hay una que señala que «se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con ella».
Las duras condiciones fijadas en esta proposición de ley pueden hacer inviables, en la práctica, la celebración de festejos en Baleares. En principio, la futura ley taurina no se aprobará hasta finales de este año, lo que permitirá que este próximo verano aún pueda haber corridas de toros en la Comunidad. En cuanto al tradicional «correbou» («encierro») del municipio mallorquín de Fornalutx, seguirá celebrándose como hasta ahora, aunque con algunas limitaciones añadidas para que el animal no sufra.
Posteriormente, empezó a tramitarse una segunda iniciativa parlamentaria antitaurina, en concreto, una reforma de la Ley de protección de los animales que viven en el entorno humano. Dicha norma, conocida coloquialmente como Ley de Bienestar Animal, había sido aprobada por el PP en 1992. La modificación legislativa iniciada por el tripartito el pasado año suponía en la práctica la prohibición de las corridas de toros en las Islas.
La tramitación de la citada reforma debería haber concluido en el segundo semestre del pasado año, pero surgieron diversos obstáculos que finalmente obligaron al tripartito a desistir de la aprobación de su iniciativa. Así, en julio de 2016 el Gobierno central se había puesto ya en contacto con el Ejecutivo regional para advertirle de que no tenía competencias para prohibir los festejos taurinos y para recordarle que las corridas de toros están protegidas en toda España por una ley de carácter estatal.
El contratiempo jurídico más relevante llegaría en octubre del pasado año, con el dictamen del Tribunal Constitucional contrario a la prohibición de los toros en Cataluña. Fue en ese momento cuando los componentes del tripartito optaron por aparcar de manera definitiva la citada tramitación y empezar a redactar una ley completamente nueva, que es la que ha sido presentada este jueves.
Otra condición es que sólo se podrán torear un máximo de tres reses por festejo y por un periodo de tiempo no superior a los diez minutos. La futura ley también establece que las plazas deberán ser completamente accesibles para las personas con movilidad reducida. Por otra parte, los empresarios y promotores deberán abonar fianzas previas por un importe global mínimo de 300.000 euros. El incumplimiento de las normas fijadas podrá ser sancionado, dependiendo de los casos, como falta leve, grave o muy grave. Este último tipo de faltas serán sancionadas con multas de entre 10.001 y 100.000 euros.
Las licencias para la realización de cada festejo concreto serán concedidas por los respectivos consejos insulares. Otro requisito fijado ahora por la nueva ley es que se hará «un control antidopaje» de los toros y de los diestros «antes y después del espectáculo». Posteriormente, se levantará acta de la celebración de cada festejo para su remisión a las autoridades competentes. Por último, tras una preceptiva revisión veterinaria, los toros serán devueltos a la empresa ganadera que los suministró.
Por otra parte, dentro y fuera de cada plaza de toros se instalará «en un lugar visible» un cartel que advierta de que «el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores». Entre las disposiciones adicionales de la futura norma taurina, hay una que señala que «se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con ella».
Las duras condiciones fijadas en esta proposición de ley pueden hacer inviables, en la práctica, la celebración de festejos en Baleares. En principio, la futura ley taurina no se aprobará hasta finales de este año, lo que permitirá que este próximo verano aún pueda haber corridas de toros en la Comunidad. En cuanto al tradicional «correbou» («encierro») del municipio mallorquín de Fornalutx, seguirá celebrándose como hasta ahora, aunque con algunas limitaciones añadidas para que el animal no sufra.
Reforma de la Ley de protección de los animales
Cabe recordar que ya en febrero del pasado año la Cámara autonómica había aprobado una proposición no de ley relativa a la prohibición de los espectáculos taurinos en todas sus formas y a la supresión de cualquier ayuda pública para estos eventos. La moción contó con los votos a favor del PSOE, MÉS y Podemos. Dicha proposición también instaba a prohibir cualquier espectáculo que causase sufrimiento a un animal.Posteriormente, empezó a tramitarse una segunda iniciativa parlamentaria antitaurina, en concreto, una reforma de la Ley de protección de los animales que viven en el entorno humano. Dicha norma, conocida coloquialmente como Ley de Bienestar Animal, había sido aprobada por el PP en 1992. La modificación legislativa iniciada por el tripartito el pasado año suponía en la práctica la prohibición de las corridas de toros en las Islas.
La tramitación de la citada reforma debería haber concluido en el segundo semestre del pasado año, pero surgieron diversos obstáculos que finalmente obligaron al tripartito a desistir de la aprobación de su iniciativa. Así, en julio de 2016 el Gobierno central se había puesto ya en contacto con el Ejecutivo regional para advertirle de que no tenía competencias para prohibir los festejos taurinos y para recordarle que las corridas de toros están protegidas en toda España por una ley de carácter estatal.
El contratiempo jurídico más relevante llegaría en octubre del pasado año, con el dictamen del Tribunal Constitucional contrario a la prohibición de los toros en Cataluña. Fue en ese momento cuando los componentes del tripartito optaron por aparcar de manera definitiva la citada tramitación y empezar a redactar una ley completamente nueva, que es la que ha sido presentada este jueves.
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