El abogado Daniel Vosseler argumenta que el exfutbolista no debió negociar el contrato con Arabia Saudí al ser jugador en activo.
por Samuel Poleo Valiente
2001
El 'caso Supercopa' sigue sumando capítulos, y la atención se centra ahora en la presunta irregularidad en la participación de Gerard Piqué. Daniel Vosseler, abogado de la acusación que representa a la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha subrayado un "palmario conflicto de intereses" en el contrato que trasladó el torneo a Arabia Saudí. La clave: Piqué era jugador en activo del FC Barcelona en el momento de la negociación.
Según Vosseler, la implicación del exfutbolista en la confección de los acuerdos no era lícita, dada su directa participación en la competición. El Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) continúa investigando posibles ilegalidades en los contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales, especialmente aquellos firmados en 2019 y prorrogados en 2020 para la Supercopa.
Estos acuerdos entre la RFEF y la empresa saudí Sela incluían una "prima de éxito" destinada a "una tercera parte agente". Una resolución judicial anterior ya apuntaba que una cláusula contractual de la RFEF buscaba asegurar el pago de 4 millones de euros anuales en comisión a Kosmos, la empresa de Piqué, a pesar de que formalmente actuaría como comisionista de Sela.
Gerard Piqué compareció como investigado ante el juzgado madrileño el pasado mes de marzo. En su declaración, el exfutbolista negó haber pagado a Rubiales por el contrato y, visiblemente emocionado, defendió con orgullo el acuerdo, denunciando el daño reputacional que la causa judicial le ha causado.
Según Vosseler, la implicación del exfutbolista en la confección de los acuerdos no era lícita, dada su directa participación en la competición. El Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) continúa investigando posibles ilegalidades en los contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales, especialmente aquellos firmados en 2019 y prorrogados en 2020 para la Supercopa.
Estos acuerdos entre la RFEF y la empresa saudí Sela incluían una "prima de éxito" destinada a "una tercera parte agente". Una resolución judicial anterior ya apuntaba que una cláusula contractual de la RFEF buscaba asegurar el pago de 4 millones de euros anuales en comisión a Kosmos, la empresa de Piqué, a pesar de que formalmente actuaría como comisionista de Sela.
Gerard Piqué compareció como investigado ante el juzgado madrileño el pasado mes de marzo. En su declaración, el exfutbolista negó haber pagado a Rubiales por el contrato y, visiblemente emocionado, defendió con orgullo el acuerdo, denunciando el daño reputacional que la causa judicial le ha causado.
Fuentes jurídicas revelaron a EFE que Piqué defendió que la comisión de 4 millones anuales fue pactada directamente entre Kosmos y Sela, iniciando con un "pacto entre caballeros" que se formalizó posteriormente. Sin embargo, la acusación mantiene que su posición como jugador en activo del Barcelona generaba una incompatibilidad ineludible.
Más allá de una posible responsabilidad penal, que será determinada por la jueza, el abogado Daniel Vosseler ya avista una "responsabilidad civil a título lucrativo". Esto podría llevar a solicitar la devolución de todas las cantidades percibidas por la intermediación de Piqué. La investigación abarca a múltiples implicados, pero el papel del exfutbolista en esta "figura de intermediación" sigue siendo central.
No hay comentarios:
Publicar un comentario