La mujer es madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos y ha vivido en Miami-Dade
por Martín Sojo
2001
Una mujer originaria de Honduras, residente de Florida, se enfrenta a una multa de 1.821.350 dólares, impuesta por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), debido a su permanencia en el país sin la debida autorización desde 2005, después de haber recibido una orden de deportación.
Identificada en un artículo de Infobae solo como “María”, es madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos y ha vivido en Miami-Dade desde su llegada en febrero de 2005, cuando huyó de Honduras.
La multa, basada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, permite sanciones de hasta 500 dólares diarios por no acatar órdenes de expulsión.
Esta es una de las sanciones más altas impuestas por ICE desde que se reactivó esta práctica durante la administración de Donald Trump.
La notificación oficial fue emitida el 9 de mayo de 2025, informando que María ha acumulado una sanción diaria desde abril de 2005.
No recibió notificaciones
María sostiene que nunca recibió notificaciones sobre la sanción ni sobre las implicaciones de no asistir a su audiencia de inmigración.
En 2024, su abogada, Michelle Sanchez, presentó una moción para reabrir el caso, invocando la Cancelación de Deportación, que permite a inmigrantes cancelar su orden si demuestran más de una década de residencia continua y que su deportación causaría “dificultades excepcionales” a sus hijos. Sin embargo, la moción fue rechazada en marzo de 2025.
El uso de multas civiles por parte de ICE no es nuevo; durante la administración Trump, se aplicaron sanciones económicas a personas que ignoraron órdenes de deportación.
El caso de María representa un aumento significativo en la severidad de estas medidas, generando preocupación en la comunidad migrante.
Abogados especializados han recordado que los inmigrantes con órdenes de deportación antiguas pueden evaluar opciones legales vigentes para reabrir sus casos.
Identificada en un artículo de Infobae solo como “María”, es madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos y ha vivido en Miami-Dade desde su llegada en febrero de 2005, cuando huyó de Honduras.
La multa, basada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, permite sanciones de hasta 500 dólares diarios por no acatar órdenes de expulsión.
Esta es una de las sanciones más altas impuestas por ICE desde que se reactivó esta práctica durante la administración de Donald Trump.
La notificación oficial fue emitida el 9 de mayo de 2025, informando que María ha acumulado una sanción diaria desde abril de 2005.
No recibió notificaciones
María sostiene que nunca recibió notificaciones sobre la sanción ni sobre las implicaciones de no asistir a su audiencia de inmigración.
En 2024, su abogada, Michelle Sanchez, presentó una moción para reabrir el caso, invocando la Cancelación de Deportación, que permite a inmigrantes cancelar su orden si demuestran más de una década de residencia continua y que su deportación causaría “dificultades excepcionales” a sus hijos. Sin embargo, la moción fue rechazada en marzo de 2025.
El uso de multas civiles por parte de ICE no es nuevo; durante la administración Trump, se aplicaron sanciones económicas a personas que ignoraron órdenes de deportación.
El caso de María representa un aumento significativo en la severidad de estas medidas, generando preocupación en la comunidad migrante.
Abogados especializados han recordado que los inmigrantes con órdenes de deportación antiguas pueden evaluar opciones legales vigentes para reabrir sus casos.
1 comentario:
Estados Unidos es tan grande que puede ser residencia de todos los habitantes de la tierra.
Y quedaría todavía muchísisimo espacio.
Vivan y dejen vivir, total nos vamos a ir al más allá sin nada en nuestros bolsillos
Publicar un comentario