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EFE
Human Rights Watch (HRW) afirmó este miércoles que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 50 % a Brasil y sancionar al juez del Tribunal Supremo Alexandre De Moraes, instructor de los procesos contra el expresidente Jair Bolsonaro, es «una clara violación de la independencia judicial».
«Si no están de acuerdo con una decisión, deberían apelar, no imponer castigos a los ministros y al país», señaló la organización internacional en sus redes sociales.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso este miércoles nuevas sanciones al magistrado Alexandre De Moraes, relator de los procesos judiciales que afronta Bolsonaro, entre ellos uno por intento de golpe de Estado contra su sucesor en la Presidencia, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
La Administración del presidente Donald Trump aplicó al juez la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, «De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro».
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
Entre los supuestos «excesos judiciales» de De Moraes, el Gobierno de EE.UU. mencionó «órdenes directas a plataformas estadounidenses para bloquear o eliminar cientos de cuentas, muchas veces de críticos suyos o del Gobierno brasileño».
Sin embargo, según las autoridades brasileñas, esas cuentas formaban parte de redes de desinformación vinculadas a la extrema derecha y dedicadas a desacreditar a las instituciones democráticas.
La nueva sanción se suma a la revocación por parte del Departamento de Estado de EE.UU. de la visa de De Moraes y de sus familiares directos el pasado 18 de julio.
Y es una nueva medida de presión para torpedear el juicio a Bolsonaro, después del arancel del 50 % impuesto por Trump sobre los productos brasileños, en represalia por lo que consideró como una «caza de brujas» contra el líder ultraderechista brasileño.
«Si no están de acuerdo con una decisión, deberían apelar, no imponer castigos a los ministros y al país», señaló la organización internacional en sus redes sociales.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso este miércoles nuevas sanciones al magistrado Alexandre De Moraes, relator de los procesos judiciales que afronta Bolsonaro, entre ellos uno por intento de golpe de Estado contra su sucesor en la Presidencia, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
La Administración del presidente Donald Trump aplicó al juez la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, «De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro».
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
Entre los supuestos «excesos judiciales» de De Moraes, el Gobierno de EE.UU. mencionó «órdenes directas a plataformas estadounidenses para bloquear o eliminar cientos de cuentas, muchas veces de críticos suyos o del Gobierno brasileño».
Sin embargo, según las autoridades brasileñas, esas cuentas formaban parte de redes de desinformación vinculadas a la extrema derecha y dedicadas a desacreditar a las instituciones democráticas.
La nueva sanción se suma a la revocación por parte del Departamento de Estado de EE.UU. de la visa de De Moraes y de sus familiares directos el pasado 18 de julio.
Y es una nueva medida de presión para torpedear el juicio a Bolsonaro, después del arancel del 50 % impuesto por Trump sobre los productos brasileños, en represalia por lo que consideró como una «caza de brujas» contra el líder ultraderechista brasileño.
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