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LA ONG Provea se pronunció este viernes contra la política de militarización adoptada por EEUU y Venezuela en las últimas semanas tras el despliegue naval norteamericano en el mar Caribe.
LA ONG Provea se pronunció este viernes contra la política de militarización adoptada por EEUU y Venezuela en las últimas semanas tras el despliegue naval norteamericano en el mar Caribe.
En este contexto, alertó que el Gobierno de Venezuela ha reforzado la presencia castrense en todo el país bajo la justificación de la ‘defensa de la soberanía’, mediante el progresivo cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia y el desconocimiento de sus obligaciones en materia de derechos sociales».
La ONG aclaró que el Estado venezolano «tiene la obligación constitucional de adoptar las medidas que considere adecuadas para la defensa de la soberanía nacional», pero, precisó, estas decisiones deben «tener proporcionalidad y corresponderse con una práctica que no implique violaciones de derechos humanos, ni la desatención de sus obligaciones en materia social».
«El escenario está siendo respondido por el Gobierno venezolano a través del autoritarismo y los abusos, generando nuevas violaciones de derechos humanos y justificando sus acciones bajo el paraguas de la ‘lucha contra el terrorismo de la derecha'», subrayó.
En esta coyuntura de tensión con Estados Unidos, Provea manifestó su preocupación de que Venezuela incremente el gasto militar «sacrificando los recursos que deberían estar destinados a la inversión para atender los altos niveles de pobreza y la crisis de los servicios públicos, aumentando con ello las calamidades de la población».
Además, alertó sobre la posibilidad de que se declare un estado de conmoción exterior, como anunció el presidente Nicolás Maduro, y de las ya aprobadas ‘Áreas de Defensa Integral (ADI)’, lo que, según la ONG, son «pasos cruciales hacia la militarización total del país y abre las puertas a la comisión de más abusos».
Provea enfatizó que todo esto se enmarca en un contexto de «profunda inestabilidad» y el Gobierno de Maduro «sigue obstaculizando el deseo mayoritario de cambio político en paz».
Provea enfatizó que todo esto se enmarca en un contexto de «profunda inestabilidad» y el Gobierno de Maduro «sigue obstaculizando el deseo mayoritario de cambio político en paz».
En este sentido, subrayó que las presidenciales de 2024 eran una «oportunidad para superar la crisis venezolana de forma pacífica y democrática», pero, añadió, «fueron opacadas por el secuestro de la voluntad popular en medio de una escalada represiva sin precedentes en la historia reciente».
En estos comicios, el ente electoral proclamó a Maduro como mandatario reelecto sin publicar los resultados desagregados, como exigía su propio cronograma.
Mientras tanto, la mayor coalición opositora denuncia este resultado como fraudulento y exige que se reconozca la victoria que asegura obtuvo su candidato, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado, un resultado que dicen probar mediante lo que afirman son las actas electorales recabadas por su equipo de protección al voto, pero que el chavismo considera documentos forjados.
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