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La jueza Ketanji Brown Jackson escribió en disidencia que el efecto de la orden de la corte es «hacer que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus acciones jurídicas». La jueza Sonia Sotomayor se unió a la disidencia.
Jackson repitió lo que escribió la jueza federal de distrito Indira Talwani al dictaminar que poner fin a las protecciones legales antes de tiempo dejaría a las personas con una elección drástica: huir del país o arriesgarse a perderlo todo. Su fallo se produjo a mediados de abril, poco antes de que los permisos debieran ser cancelados. Un tribunal de apelaciones se negó a levantarlo.
La orden de la Corte Suprema no es un fallo final, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso avanza. Ahora regresa al Tribunal Federal de Apelaciones para el 1.er Circuito en Boston.
Talwani, quien fue designada por el expresidente demócrata Barack Obama, permitió revocaciones de permisos, pero caso por caso.
Sin embargo, el gobierno federal argumentó que el permiso fue otorgado en masa, y la ley no requiere terminarlo de manera individual. Abordar cada caso individualmente sería una «tarea gigantesca» y ralentizaría los esfuerzos del gobierno para presionar por su deportación, argumentó el procurador general D. John Sauer.
Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial en vigor desde 1952.
Los beneficiarios incluyeron a las 532,000 personas que han llegado a Estados Unidos con patrocinadores financieros desde finales de 2022, dejando países de origen plagados de «inestabilidad, peligros y privaciones», como dijeron los abogados de los migrantes.
Jackson repitió lo que escribió la jueza federal de distrito Indira Talwani al dictaminar que poner fin a las protecciones legales antes de tiempo dejaría a las personas con una elección drástica: huir del país o arriesgarse a perderlo todo. Su fallo se produjo a mediados de abril, poco antes de que los permisos debieran ser cancelados. Un tribunal de apelaciones se negó a levantarlo.
La orden de la Corte Suprema no es un fallo final, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso avanza. Ahora regresa al Tribunal Federal de Apelaciones para el 1.er Circuito en Boston.
Talwani, quien fue designada por el expresidente demócrata Barack Obama, permitió revocaciones de permisos, pero caso por caso.
Sin embargo, el gobierno federal argumentó que el permiso fue otorgado en masa, y la ley no requiere terminarlo de manera individual. Abordar cada caso individualmente sería una «tarea gigantesca» y ralentizaría los esfuerzos del gobierno para presionar por su deportación, argumentó el procurador general D. John Sauer.
Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial en vigor desde 1952.
Los beneficiarios incluyeron a las 532,000 personas que han llegado a Estados Unidos con patrocinadores financieros desde finales de 2022, dejando países de origen plagados de «inestabilidad, peligros y privaciones», como dijeron los abogados de los migrantes.
Tuvieron que pagar sus vuelos hacia Estados Unidos y tener un patrocinador financiero para calificar para la designación, que dura dos años.
La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva de permisos humanitarios, dijeron los abogados de los migrantes.
La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva de permisos humanitarios, dijeron los abogados de los migrantes.
Señalaron que las acciones del gobierno de Trump representaban «el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos».
El caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con inmigración.
La corte se ha pronunciado en contra de Trump en otros casos, incluyendo frenar sus esfuerzos para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua a una prisión en El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
El caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con inmigración.
La corte se ha pronunciado en contra de Trump en otros casos, incluyendo frenar sus esfuerzos para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua a una prisión en El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
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