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Venezuela vuelve a sumirse en una tormenta inflacionaria, según nuevos pronósticos que advierten que los aumentos de precios podrían dispararse en hasta un 530 % al cierre del 2025, impulsados por el colapso de su moneda, interrupciones en las exportaciones de petróleo y un creciente aislamiento político y económico.
Tras dos años de relativa calma y estabilización económica moderada, la inflación ha regresado con fuerza. Según Bank of America Global Research, la inflación mensual alcanzó el 26 % en mayo, frente al 18 % en abril, marcando el ritmo más rápido en años y despertando temores de un retorno a la hiperinflación plena.
“Los temores de hiperinflación han regresado”, afirmó Sebastián Rondeau, economista de Bank of America. “El deterioro en la estabilidad de precios es grave y se está acelerando”.
El fuerte repunte inflacionario es resultado de una tormenta perfecta de vulnerabilidades estructurales y nuevas presiones externas, sobre todo la reimposición de sanciones de Estados Unidos al sector petrolero venezolano a principios de este año y una caída simultánea en la producción de crudo. La inflación anual de Venezuela alcanzó el 229% en abril, un aumento drástico frente al promedio interanual del 94 % en el mismo período del 2024.
Si las tendencias actuales continúan, Bank of America proyecta una tasa de inflación del 530 % para 2025 —posiblemente el peor año económico del país desde el infame ciclo hiperinflacionario de 2017–2019. Gran parte de la presión inflacionaria proviene del debilitado sector petrolero venezolano, una de las principales fuentes de divisas y de ingresos para el gobierno. Bank of America y Bloomberg informan que la producción de petróleo cayó a 870,000 barriles diarios en abril, desde 980,000 en marzo, una disminución que los analistas atribuyen directamente a la decisión de Estados Unidos de anular las licencias clave para empresas estadounidenses e internacionales puedan operar en la industria petrolera del país sudamericano.
A fines de mayo, la administración Trump se negó a renovar la licencia que permitía a Chevron y varias firmas europeas operar en Venezuela bajo exenciones de sanciones. Como resultado, Chevron se vio obligada a suspender la exportación de casi cinco millones de barriles de petróleo, una pérdida significativa para el régimen socialista, que sufre una grave escasez de efectivo.
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