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Germán Rodolfo Varela López se vio obligado a huir de Venezuela hace más de dos décadas después de hacer algo que lo marcó de por vida: pararse en público, con uniforme, y denunciar al presidente Hugo Chávez.
Por Antonio María Delgado y Syra Ortiz Blanes / El Nuevo Herald
Ahora, tras 20 años viviendo discretamente en Estados Unidos, el ex teniente de la Guardia Nacional venezolana enfrenta la deportación —una medida que, según su familia, podría costarle la vida.
Varela cumplió fielmente con las autoridades migratorias de Estados Unidos, crió a tres hijos, levantó un negocio y se mantuvo alejado de la política que una vez lo obligó a huir de su país. En 2005, un juez de inmigración estadounidense determinó que devolverlo a Venezuela probablemente resultaría en tortura o muerte, y le otorgó protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Hoy, Varela se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Tennessee, detenido desde noviembre de 2025 y enfrentando una posible deportación —quizás no a Venezuela, sino a México. Su familia y otros exiliados venezolanos advierten que una medida así podría ponerlo en grave peligro.
Cuando los jueces conceden protecciones bajo la Convención contra la Tortura, normalmente eso prohíbe la deportación al país donde la persona podría enfrentar peligro.
Sin embargo, aún pueden ser enviados a terceros países, dijeron abogados al Herald, y México eventualmente podría devolver a Varela a Venezuela.
“Esto no es un asunto técnico de inmigración”, dijo José Antonio Colina, presidente del grupo de exiliados venezolanos Veppex. “Se trata de si Estados Unidos va a respetar la protección que ya otorgó contra la tortura”.
Un caso arraigado en la disidencia
Un caso arraigado en la disidencia
La historia de Varela comienza en uno de los capítulos más turbulentos de la historia moderna de Venezuela.
En 2002, él y Colina eran jóvenes oficiales que se unieron a las protestas de la Plaza Altamira en Caracas, un inusual movimiento cívico-militar público contra Chávez. Los oficiales acusaron al gobierno de politizar a las fuerzas armadas y de tolerar la presencia de grupos guerrilleros colombianos y personal militar cubano en territorio venezolano.
Para finales de 2003, ambos hombres fueron acusados por el gobierno de Chávez de terrorismo y enfrentaban órdenes de arresto y amenazas. El 19 de diciembre de 2003, llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami y solicitaron formalmente asilo político. Fueron detenidos en el centro de procesamiento de Krome, cerca de los Everglades, superaron entrevistas que demostraron que tenían un temor creíble de persecución si regresaban a su país —y luego vieron cómo los casos en su contra en Venezuela se intensificaban.
Germán Varela cuando se desempeñaba como oficial activo en Venezuela Familia Varela
El gobierno venezolano los acusó de ataques contra la embajada de España y el consulado de Colombia en febrero de 2003. Presentó una solicitud de extradición. En el transcurso de más de una docena de audiencias ante un juez federal, las acusaciones fueron examinadas pero nunca sustentadas.
En febrero de 2005, sus solicitudes de asilo fueron negadas, pero Estados Unidos concedió a ambos protecciones bajo la Convención contra la Tortura, al concluir que serían torturados o asesinados si eran devueltos a Venezuela.
Tras una huelga de hambre y nuevas apelaciones, ambos fueron liberados en abril de 2006 bajo un programa de alto control para migrantes que no pueden ser deportados.
Colina se estableció en Miami. Varela se mudó a Memphis.
Dos décadas de cumplimiento — y luego la detención
Según su hermano, Carlos Varela, Germán cumplió con todos los requisitos migratorios durante las dos décadas siguientes, reportándose primero mensualmente, luego trimestralmente y después anualmente. Nunca tuvo antecedentes penales y cooperó con las autoridades estadounidenses. Una búsqueda del Miami Herald en registros públicos solo encontró infracciones de tránsito durante sus más de 20 años en Estados Unidos. Pagó una multa por no detenerse en un semáforo en rojo en Florida, según los registros, y un juez dejó sin efecto condenas en dos casos de exceso de velocidad en Illinois en 2011.
Dos décadas de cumplimiento — y luego la detención
Según su hermano, Carlos Varela, Germán cumplió con todos los requisitos migratorios durante las dos décadas siguientes, reportándose primero mensualmente, luego trimestralmente y después anualmente. Nunca tuvo antecedentes penales y cooperó con las autoridades estadounidenses. Una búsqueda del Miami Herald en registros públicos solo encontró infracciones de tránsito durante sus más de 20 años en Estados Unidos. Pagó una multa por no detenerse en un semáforo en rojo en Florida, según los registros, y un juez dejó sin efecto condenas en dos casos de exceso de velocidad en Illinois en 2011.
Eso cambió el 21 de noviembre de 2025, durante lo que Carlos describió como una revisión migratoria de rutina en Tennessee. A Varela le colocaron un grillete electrónico en el tobillo y le dijeron que regresara la semana siguiente. Cuando lo hizo, ICE lo detuvo, informándole que su protección bajo la Convención contra la Tortura podía ser revisada.
En las semanas siguientes, a Varela se le dijo que sería expulsado de Estados Unidos a un tercer país —con México como el destino más probable.
“Desde el primer día, él decía que México era lo mismo que Venezuela”, dijo Carlos. “Me dijo: ‘Tengo miedo. No puedo dormir’”.
México puede ser peligroso
El viernes, el primer vuelo que transportaba deportados desde Estados Unidos aterrizó en Venezuela desde que fuerzas estadounidenses capturaron al líder y hombre fuerte Nicolás Maduro. Estados Unidos había suspendido las deportaciones a Venezuela por poco más de un mes.
“Desde el primer día, él decía que México era lo mismo que Venezuela”, dijo Carlos. “Me dijo: ‘Tengo miedo. No puedo dormir’”.
México puede ser peligroso
El viernes, el primer vuelo que transportaba deportados desde Estados Unidos aterrizó en Venezuela desde que fuerzas estadounidenses capturaron al líder y hombre fuerte Nicolás Maduro. Estados Unidos había suspendido las deportaciones a Venezuela por poco más de un mes.
La administración Trump envió venezolanos a México como parte de su agresiva agenda de deportaciones masivas, que está ampliando las deportaciones a terceros países.
Defensores que apoyan a inmigrantes venezolanos en México, abogados de inmigración en Miami y disidentes venezolanos en Estados Unidos enfatizaron que México no es necesariamente un tercer país seguro para los deportados.
Los venezolanos están siendo dejados en zonas del sur de México donde hay una fuerte presencia de crimen organizado y violento, dijeron activistas en el terreno, y donde existen menos recursos legales para ayudarlos a regularizar su estatus.
Varela podría intentar solicitar asilo en México.
José Antonio Colina, fundador de VEPPEX, una organización sin fines de lucro compuesta por venezolanos que fueron perseguidos políticamente y ahora viven en el exilio, habló el lunes en El Arepazo en Doral sobre el fallo de la Corte Suprema respecto al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos. “Miles de venezolanos tendrán que regresar a un régimen que viola los derechos humanos de quienes no comparten su ideología”, declaró. Carl Juste [email protected]
En una carta enviada este mes al secretario de Estado Marco Rubio, Colina instó a una intervención inmediata de Estados Unidos, advirtiendo que las deportaciones de venezolanos protegidos por la Convención contra la Tortura a terceros países como México conllevan el riesgo de “devolución en cadena” —el retorno indirecto a la tortura a través de intermediarios.
“La Convención contra la Tortura prohíbe explícitamente las expulsiones cuando existe un riesgo sustancial de tortura, ya sea por agentes del gobierno o con su aquiescencia”, escribió Colina. “Esa protección se aplica de manera global, no solo a Venezuela”.
La carta destaca el caso de Varela como casi idéntico al del propio Colina: ambos ingresaron a Estados Unidos juntos en 2003, ambos fueron acusados por el gobierno de Chávez de delitos con motivación política, y ambos recibieron protección bajo la Convención contra la Tortura después de que los jueces encontraran un riesgo creíble de tortura.
Desde entonces, señaló Colina, Varela ha vivido abiertamente en Estados Unidos e incluso ha contribuido como analista de seguridad a medios en español, incluido CNN en Español —una visibilidad que, según los exiliados, incrementa su riesgo.
Apelación a Washington
La carta de Colina pide a Rubio que promueva una moratoria inmediata sobre las deportaciones a terceros países de venezolanos con aplazamientos bajo la Convención contra la Tortura, en particular ex oficiales militares, y que revise urgentemente la detención de Varela, incluida una posible liberación bajo supervisión o fianza.
La apelación también cita la incompleta transición política en Venezuela: aunque Maduro ha sido capturado y algunos presos políticos han sido liberados, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal informan que cientos de detenidos políticos y militares permanecen encarcelados en el país sudamericano, con la represión continuando bajo figuras como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Y aunque Estados Unidos removió a Maduro, su segunda al mando, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, está ahora al frente del gobierno venezolano.
“Este no es un entorno postdictadura”, dijo Colina en una entrevista. “Las estructuras de persecución siguen ahí”.
Silencio y miedo
Carlos Varela dijo que la última vez que habló con su hermano fue el día antes de que funcionarios lo entrevistaran nuevamente. Germán sonaba presa del pánico, dijo. Desde entonces, ha habido silencio.
Colina señaló que los detenidos del centro donde se encuentra Germán a menudo son trasladados en horas de la madrugada —con frecuencia a México— lo que incrementa los temores de que la expulsión ya esté en marcha.
A la preocupación se suman los problemas de salud de Varela. Padece diabetes e hipertensión, y su familia asegura que ha recibido atención médica inadecuada mientras está detenido. No han podido visitarlo ni brindarle asistencia legal.
Defensores que apoyan a inmigrantes venezolanos en México, abogados de inmigración en Miami y disidentes venezolanos en Estados Unidos enfatizaron que México no es necesariamente un tercer país seguro para los deportados.
Los venezolanos están siendo dejados en zonas del sur de México donde hay una fuerte presencia de crimen organizado y violento, dijeron activistas en el terreno, y donde existen menos recursos legales para ayudarlos a regularizar su estatus.
Varela podría intentar solicitar asilo en México.
Pero también es posible que México deporte a Varela y a otros que huyen de la represión política de regreso a Venezuela.
Y aun si Varela permaneciera en México, Colina y otros exiliados argumentan que redes vinculadas al régimen venezolano —incluyendo figuras asociadas al Cartel de los Soles y bandas transnacionales como el Tren de Aragua— operan con suficiente alcance como para poner en peligro allí a antiguos opositores militares.
En una carta enviada este mes al secretario de Estado Marco Rubio, Colina instó a una intervención inmediata de Estados Unidos, advirtiendo que las deportaciones de venezolanos protegidos por la Convención contra la Tortura a terceros países como México conllevan el riesgo de “devolución en cadena” —el retorno indirecto a la tortura a través de intermediarios.
“La Convención contra la Tortura prohíbe explícitamente las expulsiones cuando existe un riesgo sustancial de tortura, ya sea por agentes del gobierno o con su aquiescencia”, escribió Colina. “Esa protección se aplica de manera global, no solo a Venezuela”.
La carta destaca el caso de Varela como casi idéntico al del propio Colina: ambos ingresaron a Estados Unidos juntos en 2003, ambos fueron acusados por el gobierno de Chávez de delitos con motivación política, y ambos recibieron protección bajo la Convención contra la Tortura después de que los jueces encontraran un riesgo creíble de tortura.
Desde entonces, señaló Colina, Varela ha vivido abiertamente en Estados Unidos e incluso ha contribuido como analista de seguridad a medios en español, incluido CNN en Español —una visibilidad que, según los exiliados, incrementa su riesgo.
Apelación a Washington
La carta de Colina pide a Rubio que promueva una moratoria inmediata sobre las deportaciones a terceros países de venezolanos con aplazamientos bajo la Convención contra la Tortura, en particular ex oficiales militares, y que revise urgentemente la detención de Varela, incluida una posible liberación bajo supervisión o fianza.
La apelación también cita la incompleta transición política en Venezuela: aunque Maduro ha sido capturado y algunos presos políticos han sido liberados, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal informan que cientos de detenidos políticos y militares permanecen encarcelados en el país sudamericano, con la represión continuando bajo figuras como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Y aunque Estados Unidos removió a Maduro, su segunda al mando, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, está ahora al frente del gobierno venezolano.
“Este no es un entorno postdictadura”, dijo Colina en una entrevista. “Las estructuras de persecución siguen ahí”.
Silencio y miedo
Carlos Varela dijo que la última vez que habló con su hermano fue el día antes de que funcionarios lo entrevistaran nuevamente. Germán sonaba presa del pánico, dijo. Desde entonces, ha habido silencio.
Colina señaló que los detenidos del centro donde se encuentra Germán a menudo son trasladados en horas de la madrugada —con frecuencia a México— lo que incrementa los temores de que la expulsión ya esté en marcha.
A la preocupación se suman los problemas de salud de Varela. Padece diabetes e hipertensión, y su familia asegura que ha recibido atención médica inadecuada mientras está detenido. No han podido visitarlo ni brindarle asistencia legal.
Proveedores de refugios en México que están recibiendo deportados desde Estados Unidos dicen estar desbordados por una ola de inmigrantes de mayor edad con enfermedades crónicas, y tienen dificultades para ayudarlos a encontrar atención médica.
Una prueba para los compromisos de Estados Unidos
Expertos en inmigración dicen que el caso plantea preguntas más amplias sobre la solidez de las protecciones otorgadas bajo la Convención contra la Tortura.
“La Convención contra la Tortura se supone que es una de las salvaguardas más fuertes en la ley migratoria estadounidense”, dijo un ex abogado de inmigración familiarizado con casos similares, que pidió anonimato. “Reabrir esos casos décadas después —y deportar a personas a terceros países con riesgos conocidos— socava esa protección”.
Carlos Varela dijo que su hermano creía que Estados Unidos cumpliría su palabra y lo protegería del gobierno al que se enfrentó hace más de 20 años.
“Le estamos pidiendo que lo haga ahora —antes de que sea demasiado tarde”.
Una prueba para los compromisos de Estados Unidos
Expertos en inmigración dicen que el caso plantea preguntas más amplias sobre la solidez de las protecciones otorgadas bajo la Convención contra la Tortura.
“La Convención contra la Tortura se supone que es una de las salvaguardas más fuertes en la ley migratoria estadounidense”, dijo un ex abogado de inmigración familiarizado con casos similares, que pidió anonimato. “Reabrir esos casos décadas después —y deportar a personas a terceros países con riesgos conocidos— socava esa protección”.
Carlos Varela dijo que su hermano creía que Estados Unidos cumpliría su palabra y lo protegería del gobierno al que se enfrentó hace más de 20 años.
“Le estamos pidiendo que lo haga ahora —antes de que sea demasiado tarde”.
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