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Tras conocerse el texto de la Ley de Amnistía propuesto ante la Asamblea Nacional (AN), Gonzalo Himiob, directivo de Foro Penal, realizó un análisis señalando que, si bien la iniciativa es necesaria, el borrador actual presenta fallas conceptuales y limitaciones que podrían comprometer su efectividad.
Himiob destaca que definir la amnistía como un «acto de clemencia» es un error jurídico. La amnistía debe entenderse como la renuncia del Estado al poder punitivo por razones políticas, no como un perdón moral que sitúa al Estado en una posición de superioridad.
El abogado señala que la ley no debe enfocarse solo en lo penal. La persecución en Venezuela ha sido multidimensional, por lo que la amnistía debería anular también sanciones:
Laborales y administrativas.
Disciplinarias y civiles.
Uno de los puntos más críticos es la limitación temporal (Art. 6). Himiob sostiene que la persecución ha sido continua y que restringir la ley a fechas específicas deja fuera a víctimas que califican para el beneficio, pero cuyos casos ocurrieron en periodos «no elegidos». Asimismo, critica el uso de adjetivos politizados (como «sabotaje petrolero») que solo generan polarización innecesaria.
El análisis advierte que excluir delitos contra el patrimonio público o delitos comunes podría ser contraproducente. Himiob recuerda que el sistema judicial ha utilizado figuras como la «corrupción» para camuflar persecuciones políticas, citando como ejemplo el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Si se mantienen estas exclusiones de forma rígida, muchas víctimas de juicios amañados quedarían sin protección.
Finalmente, Himiob propone tres pilares fundamentales para que la ley sea efectiva:
1. No reconocimiento de culpa: Solicitar la amnistía no debe implicar admitir la comisión de un delito.
2. Participación internacional: La verificación de la ley no puede ser exclusiva del Ejecutivo; deben participar ONGs y organismos internacionales de DDHH.
3. Derogación de leyes punitivas: Para garantizar la «no repetición», la ley debe venir acompañada de la reforma o eliminación de normas actuales que sirven como herramientas de persecución.
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