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AFP
Venezuela aprobó la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, principal sospechoso del atentado aéreo de 1994 en Panamá, que dejó 21 muertos, la mayoría judíos. El caso ha sido reabierto como un ataque terrorista y, tras años de incertidumbre, las autoridades esperan su entrega para judicializarlo.
El gobierno de Panamá informó este viernes que Venezuela enviará extraditado al principal sospechoso de un atentado en 1994 contra un avión en pleno vuelo, que provocó la muerte de 21 personas, la mayoría judíos.
Panamá había solicitado en enero la extradición del venezolano Ali Zaki Hage Jalil, detenido en noviembre en Isla Margarita por su presunta implicación en el derribo de un avión de la extinta compañía Alas Chiricanas el 19 de julio de 1994.
En lo que es el peor atentado ocurrido en Panamá, la aeronave estalló poco después de que despegara de Colón, en el norte panameño, con 21 personas a bordo, incluidos 13 empresarios judíos.
El presunto responsable «del atentado terrorista» podrá ser enviado a enfrentar la justicia en Panamá luego de que Venezuela «aprobara este viernes el pedido de extradición», anunció la cancillería en un comunicado.
En 1995, Estados Unidos ofreció dos millones de dólares de recompensa por información sobre el atentado aéreo.
Washington incluyó en un informe sobre terrorismo la caída de ese avión y lo vinculó a un posible acción de un comando suicida del movimiento chiíta libanés Hezbolá.
Según la cancillería panameña, las autoridades estadounidenses también han mostrado «interés» en el caso pues hay ciudadanos estadounidenses víctimas y «existen indicios de la vinculación del detenido con una organización terrorista internacional».
Durante años, las autoridades panameñas consideraron que podría tratarse de un ajuste de cuentas del narcotráfico o que se trató de un ataque antisemita.
Durante años, las autoridades panameñas consideraron que podría tratarse de un ajuste de cuentas del narcotráfico o que se trató de un ataque antisemita.
En 2018, tras recibir información de Israel, Panamá reanudó las investigaciones como un supuesto caso de «terrorismo».
La decisión de Venezuela es «un avance significativo en el proceso y abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización», afirmó la cancillería.
Karina Smith, cuyo abuelo murió en el atentado, declaró a la AFP, tras la decisión de Venezuela, que los familiares de las víctimas sentían una «gran esperanza de que haya justicia» para «una América Latina donde reine la paz y donde todos podamos vivir con seguridad».
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