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En su Informe Anual 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que durante ese año existió un «quiebre democrático» y una «crisis de los derechos humanos» en Venezuela, por lo que, hizo un llamado a una respuesta diplomática coordinada que permita restablecer el «hilo constitucional» y «rescatar el «Estado de Derecho» en el país.
En el Capítulo IV.B de su informe, destacó que «la defensa de los derechos humanos en Venezuela se enfrenta a obstáculos cada vez más profundos», al observar un «recrudecimiento de la represión y el hostigamiento», documentando en prácticas como «desapariciones forzadas temporales, el uso arbitrario del derecho penal y la cancelación de pasaportes como método de castigo».
En el Capítulo IV.B de su informe, destacó que «la defensa de los derechos humanos en Venezuela se enfrenta a obstáculos cada vez más profundos», al observar un «recrudecimiento de la represión y el hostigamiento», documentando en prácticas como «desapariciones forzadas temporales, el uso arbitrario del derecho penal y la cancelación de pasaportes como método de castigo».
El documento también indicó que la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (OSC) «ha afectado gravemente» la formalización y el funcionamiento de las organizaciones, imponiendo «trabas burocráticas».
Además, señaló la «inexistencia de independencia judicial» al afirmar que «no se han convocado concursos públicos para jueces desde el año 1999». En este punto, la comisión recordó que la normativa para regular el ingreso, permanencia, ascenso y separación de los jueces no titulares, de 2025, permite el cese inmediato de jueces provisionales, eliminando cualquier garantía de estabilidad.
Asimismo, alertó sobre la «pobreza extrema e inseguridad alimentaria» al mencionar que «más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional y 13,5 millones enfrentan necesidades críticas».
La CIDH también hace mención al «colapso persistente del sistema de salud», el cual -de acuerdo al informe- está marcado por «una grave carencia de insumos, medicinas y personal».
En sus cifras, el 75 % de los centros asistenciales carece de médicos y el 74 % presenta un déficit severo de personal de enfermería.
El documento también contempla que la «inflación acumulada» en los primeros cinco meses de 2025 superó el 105,5 %, con proyecciones anuales que exceden el 200%.
Llamado a una acción diplomática
En su informe, la Comisión señala que es imperativo que Venezuela «implemente reformas institucionales que permitan el retorno a la democracia y al estado de derecho», asegurando una «transición constitucional pacífica que respete la voluntad soberana».
En su informe, la Comisión señala que es imperativo que Venezuela «implemente reformas institucionales que permitan el retorno a la democracia y al estado de derecho», asegurando una «transición constitucional pacífica que respete la voluntad soberana».
Considera que para ello, es fundamental «restaurar la independencia judicial, garantizando que el imperio de la ley se anteponga a la voluntad política».
El informe subraya que «la gravedad de la situación» requiere una acción diplomática urgente para restablecer «la democracia y reconstruir las instituciones», que incluya una vigilancia activa y la movilización de todos los mecanismos diplomáticos y multilaterales necesarios para «facilitar una transición democrática efectiva» en el país.
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