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Nuevo Herald
Estados Unidos levantó el martes sanciones clave sobre el sistema financiero estatal de Venezuela, permitiendo que el banco central del país sudamericano y sus principales entidades públicas vuelvan a integrarse al sistema financiero global y realicen transacciones en dólares estadounidenses.
El Departamento del Tesoro informó que la medida se aplica al Banco Central de Venezuela y a varias instituciones estatales, incluyendo el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores, así como a cualquier entidad en la que estas tengan participación mayoritaria.
El Departamento del Tesoro informó que la medida se aplica al Banco Central de Venezuela y a varias instituciones estatales, incluyendo el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores, así como a cualquier entidad en la que estas tengan participación mayoritaria.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también emitió una licencia que autoriza ciertas transacciones comerciales con el gobierno venezolano, aunque dichas operaciones requerirán aprobación previa de las autoridades estadounidenses.
La decisión representa el paso más reciente en un rápido deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas tras el arresto en enero del exmandatario Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense.
Desde entonces, la administración de Donald Trump ha comenzado a desmantelar años de sanciones impuestas para presionar la salida de Maduro del poder, al tiempo que busca apuntalar al gobierno interino encabezado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Funcionarios estadounidenses señalan que el alivio de las restricciones financieras tiene como objetivo desbloquear miles de millones de dólares en ingresos petroleros y facilitar la recuperación económica de un país golpeado por años de crisis, hiperinflación y aislamiento de los mercados internacionales.
Al restablecer el acceso a transacciones en dólares, la medida permite a las instituciones venezolanas reanudar relaciones de corresponsalía bancaria y procesar pagos a través del sistema financiero dominado por Estados Unidos, algo que había sido prácticamente imposible desde la imposición de sanciones en 2019.
El cambio de política se produce en medio de crecientes presiones internas sobre la administración de Rodríguez. En semanas recientes, trabajadores del sector público han protagonizado protestas en Caracas exigiendo aumentos salariales, con ingresos que rondan los $160 mensuales, muy por debajo del promedio del sector privado.
Rodríguez había evitado aumentar los salarios, consciente de que hacerlo sin suficientes reservas en divisas implicaría emitir dinero y podría reavivar la inflación. Se espera que el alivio de sanciones reduzca esa presión al permitir al gobierno acceder a nuevos ingresos provenientes de la expansión de las exportaciones petroleras.
Washington también ha tomado medidas para reactivar el sector energético venezolano, otorgando licencias a empresas estadounidenses para operar con la estatal PDVSA y respaldando nuevos acuerdos de producción, incluido un reciente convenio con Chevron para aumentar la extracción.
El Tesoro emitió además nuevas licencias generales que permiten transacciones financieras con entidades gubernamentales venezolanas y autorizan negociaciones de contratos comerciales, aunque su ejecución final seguirá sujeta a aprobaciones adicionales.
Analistas señalan que estas medidas coordinadas reflejan una estrategia más amplia de Estados Unidos para estabilizar la economía venezolana y abrirla a la inversión estadounidense, particularmente en los sectores petrolero y minero.
Durante casi una década, el banco central y las entidades financieras estatales de Venezuela han tenido dificultades para realizar transacciones en el extranjero debido a la falta de bancos corresponsales, un problema que se agravó tras la imposición de amplias sanciones en 2019.
Se espera que el nuevo marco permita canalizar el aumento de los ingresos petroleros hacia el sistema financiero interno mediante un mecanismo renovado de asignación de divisas administrado por el banco central. Aun así, persisten desafíos.
Economistas advierten que reconstruir la confianza en las instituciones financieras venezolanas tomará tiempo y que las pequeñas y medianas empresas podrían seguir enfrentando dificultades para acceder a divisas en un sistema que históricamente ha favorecido a las grandes corporaciones vinculadas al régimen.
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