El dirigente regional de Primero Justicia en Mérida, Gerardo Molina, denunció lo que califica como una "asfixia económica" contra los trabajadores venezolanos, señalando que el verdadero obstáculo para el bienestar no es externo, sino el congelamiento del salario mínimo en 130 bolívares.
Molina explicó que esta cifra, inalterada desde marzo de 2022, ha pasado de representar 30 dólares a menos de un dólar mensual, lo que constituye una "miseria salarial programada" que impide cubrir necesidades básicas en alimentación, salud y educación.
En su análisis, el líder opositor cuestionó la narrativa oficial de crecimiento económico al contrastarla con la realidad de los sectores productivos de Mérida, como la agricultura y el comercio, los cuales enfrentan costos desbordados e incertidumbre cambiaria.
Molina exigió transparencia sobre el destino de los ingresos por exportaciones de petróleo y oro, denunciando que mientras las estadísticas macroeconómicas intentan mostrar auge, el bolsillo del ciudadano permanece vacío.
Asimismo, criticó la política de bonificación del ingreso a través del sistema Patria, argumentando que este mecanismo despoja de valor el esfuerzo laboral al no tener incidencia en prestaciones sociales, aguinaldos ni pensiones, condenando especialmente a los jubilados a la indigencia.
Finalmente, el dirigente instó a la gestión pública a priorizar a la clase trabajadora mediante un ajuste salarial indexado a la canasta básica y la salarización plena de los bonos, asegurando que los recursos de la nación deben garantizar derechos sociales reales en lugar de alimentar retóricas políticas vacías.
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