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El País
Una audiencia en la corte federal de Miami este lunes marcó el inicio de lo que podría ser una semana decisiva para el futuro de Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención de inmigrantes levantado en medio de los humedales de los Everglades, a unos 60 kilómetros al oeste de Miami, que se ha convertido en un símbolo de la cruzada antinmigrante de la Administración de Donald Trump.
En la demanda discutida este lunes, que fue presentada hace poco más de un mes, abogados y grupos pro inmigrantes alegan violaciones de los derechos constitucionales de los detenidos en el remoto sitio, cuyas audiencias han sido canceladas en las últimas semanas porque los tribunales de inmigración sostienen que no tienen jurisdicción sobre sus casos, dejándolos en un limbo. Los demandantes también alegan que los detenidos no tienen acceso a sus abogados ni condiciones para consultas confidenciales, como exige la ley. El Gobierno, por su parte, niega esas acusaciones.
Los querellantes —la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Americans for Immigration Court, entre otros— pidieron al juez Rodolfo Ruiz, que lleva el caso, identificar un tribunal migratorio que sí tenga jurisdicción sobre Alligator Alcatraz donde puedan presentar peticiones de fianza y otros recursos legales para los detenidos. Representantes del Gobierno dijeron que el centro de procesamiento de inmigrantes de Krome, al suroeste de Miami, será el tribunal designado. El juez no se pronunció de inmediato tras la audiencia del lunes.
Por otro lado, el jueves es la fecha límite para conocerse el fallo sobre otra demanda interpuesta por grupos defensores del medio ambiente y la Tribu Miccosukee de Florida, que han impugnado la legalidad de las instalaciones de Alligator Alcatraz, citando leyes que exigen estudios de impacto antes de proyectos de este tipo.
Los grupos ambientalistas Amigos de los Everglades, Earthjustice y el Centro para la Diversidad Biológica demandaron al Gobierno a finales de junio, alegando que la contaminación lumínica, acústica, de tráfico y desechos del sitio —levantado en apenas ocho días sin consulta pública ni revisión medioambiental— causará un daño irreparable al sensible ecosistema de humedales donde viven especies en peligro de extinción como la cigüeña de madera o la pantera de Florida. Se espera que la magistrada Kathleen Williams, que preside el caso, tome una decisión antes de que expire una orden que emitió hace casi dos semanas prohibiendo añadir nuevo relleno, pavimentación o infraestructura al centro —aunque permitió que siguiera operando.
Los Miccosukee, que se identifican como pueblo indígena originario de los Everglades y cuyas comunidades se encuentran a menos de 20 kilómetros de Alligator Alcatraz, se sumaron a esta demanda a mediados de julio. Esta tribu afirma que los Everglades son su territorio ancestral, parte de su herencia cultural, económica y espiritual. El centro de detención se encuentra en la Reserva Nacional Big Cypress, un área protegida por el Gobierno federal de alta sensibilidad medioambiental y que los Miccosukee consideran sagrada, con numerosos terrenos ceremoniales, cementerios y lugares de reunión. También es una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y Patrimonio Mundial.
Alligator Alcatraz fue levantado a finales de junio con carpas de lona, baños portátiles y tráileres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, al oeste de Miami, y comenzó a operar a principios de julio tras una visita de respaldo del presidente Trump. Florida declaró un estado de emergencia por inmigración que asegura le permitió movilizarse rápidamente para construir el centro. La instalación es administrada por la División de Manejo de Emergencias del Estado. El gobernador Ron DeSantis dijo a fines del mes pasado que más de 100 personas habían sido deportadas desde el lugar.
El Aeropuerto Dade-Collier es lo que quedó de un ambicioso proyecto inconcluso de los años sesenta llamado Everglades Jetport, proyectado como el aeropuerto más grande de la región, pero que fue cancelado tras una feroz disputa legal con ambientalistas de Miami.
El fiscal general de Florida, James Uthmeir, y DeSantis han señalado la larga pista de aterrizaje de 3.200 metros como un atractivo para levantar ahí el centro de detención porque permite agilizar las deportaciones. El fiscal, el gobernador y el presidente también han señalado los caimanes autóctonos como un factor disuasivo para escapar del centro.
Los detenidos han denunciado malas condiciones sanitarias, como inodoros tapados y acceso limitado a duchas o agua potable, fallas eléctricas, pobre alimentación y propagación de enfermedades, y que las autoridades los coaccionan para que acepten ser deportados. Imágenes del interior del centro muestran celdas que parecen una especie de jaulas de alambre con literas.
Los Everglades es un complejo ecosistema que sirve de reserva natural de agua y regula inundaciones y sequías. El llamado “río de hierba” transporta el agua desde el lago Okeechobee, al norte de la península, hasta la bahía de Florida, a través de marismas y pantanos, sustentando una rica biodiversidad y considerado esencial para el suministro de agua de millones de personas. Pero el flujo natural ha sido afectado desde el siglo pasado por la agricultura y la urbanización, y desde hace décadas se llevan a cabo esfuerzos de restauración que han sido respaldados por miles de millones de dólares asignados por el Gobierno federal.
Al unirse a la demanda, la Tribu Miccosukee dijo que, si bien el Gobierno ha colaborado extensamente en las labores de restauración, el nuevo centro amenaza dicho progreso, además de que está en un sitio que es “hogar de numerosas aldeas tribales y lugares sagrados”.
“No se han estudiado los impactos ambientales, y el transporte de detenidos se realiza por la misma ruta que recorren nuestros autobuses escolares”, dijo la tribu en un comunicado. “Es nuestro deber constitucional conservar los Everglades y garantizar la salud, el bienestar y los derechos de nuestra gente.
No nos queda otra opción que emprender acciones legales para obligar a la demolición de esta instalación”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la demanda como “sin fundamento”, y dijo que pasa por alto que esas tierras ya se han urbanizado. “El número de detenidos en Alligator Alcatraz fluctúa constantemente a medida que los detenidos son deportados y trasladados a centros de detención del [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE] para continuar con los procedimientos de expulsión. El objetivo del ICE es sacar a los inmigrantes ilegales del país lo más rápido posible. A pesar de un historial de órdenes judiciales de suspensión, el DHS está trabajando rápidamente para trasladar a estos extranjeros de los centros de detención a sus deportaciones finales”, indicó en un correo electrónico.
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