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La ONG venezolana Acceso a la Justicia considera que la designación del magistrado Carlos Alexis Castillo como ministro del Trabajo viola la Constitución, por el incumplimiento del principio de separación de poderes y la independencia judicial. La organización señala que el permiso del TSJ para que Castillo ejerza como ministro no tiene base legal. Este nombramiento ha generado críticas por la falta de transparencia y dudas sobre su impacto en las políticas laborales. La medida se anuncia en un contexto de aumento de protestas por la situación salarial en Venezuela.
La ONG venezolana Acceso a la Justicia dijo este jueves que la designación del magistrado Carlos Alexis Castillo como nuevo ministro del Trabajo viola la Constitución ya que vulnera el principio de separación de poderes, así como la independencia judicial.
La ONG venezolana Acceso a la Justicia dijo este jueves que la designación del magistrado Carlos Alexis Castillo como nuevo ministro del Trabajo viola la Constitución ya que vulnera el principio de separación de poderes, así como la independencia judicial.
«El problema es evidente: el magistrado pasa a ejercer funciones dentro del Poder Ejecutivo, precisamente aquel cuyos actos deben ser controlados por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia). Esta situación compromete la imparcialidad del sistema judicial y debilita controles institucionales», explicó la ONG en una nota de prensa.
Esto debido a que Castillo indicó que recibió un permiso del TSJ para ejercer como ministro, lo que a juicio de Acceso a la Justicia «carece de sustento legal».
«La figura pretende permitir que, una vez el funcionario cese en el cargo de ministro, pueda reincorporarse a su puesto como magistrado de la Sala de Casación Social, cargo que ocupa desde el 26 de abril de 2022, cuando fue designado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)», añadió.
Un permiso administrativo, prosiguió, no puede justificar que un magistrado pase a formar parte del Ejecutivo nacional, aunque sea temporalmente, para luego retornar a su cargo judicial «como si nada hubiera pasado».
Acceso a la Justicia también señaló que el nombramiento de Castillo como ministro de Trabajo plantea interrogantes legítimas sobre el enfoque que podría adoptar en la formulación de políticas públicas laborales.
En particular, sostuvo la ONG, surge la duda sobre si su gestión estará alineada con el mandato constitucional de fomentar el empleo y garantizar efectivamente los derechos de los trabajadores, o si, por el contrario, «mantendrá una línea más restrictiva que limite el alcance de estas garantías».
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el nombramiento de Castillo el pasado 18 de marzo, en sustitución de Eduardo Piñate, quien fue designado en 2024.
La designación del magistrado se da en medio de un sacudón ministerial que ha hecho Rodríguez, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un ataque de Estados Unidos en Caracas, y justo cuando sindicatos y gremios han encabezado diversas protestas en el país por un aumento del salario mínimo, congelado desde hace cuatro años, y que equivale en la actualidad a 0,28 dólares mensuales.
Los trabajadores además han convocado a una marcha hacia el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo- para el próximo 9 de abril. EFE
«La figura pretende permitir que, una vez el funcionario cese en el cargo de ministro, pueda reincorporarse a su puesto como magistrado de la Sala de Casación Social, cargo que ocupa desde el 26 de abril de 2022, cuando fue designado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)», añadió.
Un permiso administrativo, prosiguió, no puede justificar que un magistrado pase a formar parte del Ejecutivo nacional, aunque sea temporalmente, para luego retornar a su cargo judicial «como si nada hubiera pasado».
Acceso a la Justicia también señaló que el nombramiento de Castillo como ministro de Trabajo plantea interrogantes legítimas sobre el enfoque que podría adoptar en la formulación de políticas públicas laborales.
En particular, sostuvo la ONG, surge la duda sobre si su gestión estará alineada con el mandato constitucional de fomentar el empleo y garantizar efectivamente los derechos de los trabajadores, o si, por el contrario, «mantendrá una línea más restrictiva que limite el alcance de estas garantías».
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el nombramiento de Castillo el pasado 18 de marzo, en sustitución de Eduardo Piñate, quien fue designado en 2024.
La designación del magistrado se da en medio de un sacudón ministerial que ha hecho Rodríguez, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un ataque de Estados Unidos en Caracas, y justo cuando sindicatos y gremios han encabezado diversas protestas en el país por un aumento del salario mínimo, congelado desde hace cuatro años, y que equivale en la actualidad a 0,28 dólares mensuales.
Los trabajadores además han convocado a una marcha hacia el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo- para el próximo 9 de abril. EFE
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