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Nidal Hasan, condenado a fusilamiento por la masacre del 5 de noviembre de 2009 en una base militar de EE. UU. —el ataque más mortífero en una base fuera de combate—, alegó que actuaba para proteger a musulmanes y talibanes en Afganistán.
Actualmente, es uno de los cuatro reclusos en el corredor de la muerte del sistema militar.
La ejecución requerirá la aprobación del presidente. Donald Trump, partidario de la pena capital, restableció esta medida a nivel federal mediante una orden ejecutiva en enero de 2025, revirtiendo la moratoria establecida por su predecesor, Joe Biden.
Durante su consejo de guerra en 2013, afirmó que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.
Durante su consejo de guerra en 2013, afirmó que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.
La matanza del 5 de noviembre de 2009 fue el ataque más mortífero ocurrido jamás en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate.
El ataque tuvo lugar en un edificio médico. En ese momento estaba abarrotado con soldados que esperaban por revisiones médicas y vacunas antes de ser desplegados en misión.
Actualmente, Hasan es uno de los cuatro reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte del sistema militar estadounidense.
Trump, partidario de la pena de muerte
Según la legislación militar, una ejecución militar requiere la aprobación del presidente de los Estados Unidos.
Según la legislación militar, una ejecución militar requiere la aprobación del presidente de los Estados Unidos.
Asimismo, para proceder, se necesita una revisión de apelación y una resolución definitiva sobre su legalidad.
El Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de EE.UU. declaró inconstitucional la pena de muerte militar en 1983, pero esta fue restablecida al año siguiente mediante una orden ejecutiva del entonces presidente Ronald Reagan.
Las ejecuciones militares difieren de las que se llevan a cabo a nivel estatal.
La mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos se realizan a nivel estatal; 27 estados, además de las fuerzas armadas y el gobierno federal, mantienen la pena capital como una opción legalmente vigente.
La ejecución por fusilamiento es poco frecuente. El año pasado se llevó a cabo una en Carolina del Sur; fue la primera vez que se aplicaba este método en dicho estado y la primera vez que se utilizaba en todo el país en 15 años.
Otros cuatro estados permiten el uso del fusilamiento: Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah.
Trump ha sido un defensor de la pena de muerte a nivel federal y la restableció mediante una orden ejecutiva el primer día de su administración, en enero de 2025.
Bajo el mandato de su predecesor, el expresidente Joe Biden, el Departamento de Justicia había establecido una moratoria sobre la aplicación federal de la pena de muerte.
La orden ejecutiva firmada por Trump describe la pena capital como «una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses».
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