AlbertoNews
Por CNN
Al presentar su renuncia como fiscal general de Venezuela, un cargo que ocupó por casi 10 años, Tarek William Saab fue nombrado de inmediato como defensor del pueblo encargado. Ese cargo, según analistas consultados por CNN, representa un cambio significativo: aunque tiene menor visibilidad pública que en su posición anterior, le otorga inmunidad, al menos por un tiempo, a quien fuera uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro antes de su captura por parte de Estados Unidos en un operativo militar en Caracas, en enero.
La Constitución de Venezuela establece que quien encabeza la Defensoría del Pueblo goza de inmunidad y no puede ser perseguido, detenido o enjuiciado por el ejercicio de sus funciones. Saab, un hombre que fue fiscal durante la mayor parte de la presidencia de Maduro y que repetidamente defendió las decisiones de su gobierno, será defensor encargado al menos durante 30 días hasta que se elija al defensor definitivo, según lo acordó la Asamblea Nacional esta semana.
Según Joel García, abogado venezolano especialista en derecho penal y exdefensor de algunos políticos opositores y activistas venezolanos, el nombramiento de Saab como defensor del pueblo encargado le otorga inmunidad mientras ejerza sus funciones, de acuerdo con el artículo 282 de la Constitución.
“No puede ser perseguido, detenido por lo que está haciendo como defensor del Pueblo, solicitar investigaciones, acusar, a través de un escrito, a funcionarios que cometen violaciones graves de los derechos humanos”, agrega.
Saab, un abogado que escribe poesía y practica el budismo, estuvo al frente del Ministerio Público desde 2017. Desde ahí, encabezó algunos casos polémicos, como la investigación y detención de opositores al gobierno de Maduro.
Ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Entre otras, Human Rights Watch lo ha señalado en varios informes como uno de los posibles responsables de la represión contra manifestantes contrarios al gobierno de Maduro. Él previamente ha dicho en diferentes ocasiones que la Fiscalía hacía su trabajo y actuaba en contra de quienes violaban la ley y afectaban al país.
En una entrevista con CNN en septiembre de 2024 para el programa Conclusiones, Saab defendió en cambio su gestión y dijo que él mismo, como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente de 1999, escribió el título sobre garantías constitucionales.
En su carta de renuncia dada a conocer este miércoles por la Asamblea General, el ahora exfiscal no señaló puntualmente las razones que lo llevaron a dimitir, pero mencionó que había “cumplido con hidalguía y honor” en su cargo, en un contexto de desafíos para Venezuela.
“Jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un período de agresiones inimaginables para la nación venezolana”, dijo en su escrito.
CNN contactó tanto a Saab como a la Defensoría para pedir comentarios por los cuestionamientos a su nombramiento como defensor encargado y está en espera de respuesta.
En septiembre de 2024, Saab defendió su labor en casos como la investigación contra el líder opositor y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, a quien la Fiscalía acusó de falsificar documentos públicos tras las controvertidas elecciones de julio de ese año.
González Urrutia, hoy exiliado en España, negó los señalamientos.
Además, durante esa misma entrevista, Saab rechazó las críticas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la posible responsabilidad de la Fiscalía en algunos de esos abusos. Saab argumentó frente a esos cuestionamientos y en varias ocasiones, sin presentar pruebas, que las ONG únicamente señalaban a Venezuela y no decían nada de los ataques de fuerzas de Israel en lugares como Gaza.
“Ahora, Venezuela es el país violador de derechos humanos, de verdad, yo lo digo aquí… Es una doble moral”, dijo.
El controvertido fiscal convertido en defensor del pueblo
Tarek William Saab, de 62 años, nació en una familia de origen libanés en El Tigre, estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela.
En redes sociales promueve sus libros de poesía y comparte fotos de sus tatuajes que, según él, suman alrededor de 70.
Saab tiene una larga carrera en el oficialismo: ha sido diputado y constituyente, gobernó el estado Anzoátegui entre 2004 y 2012, y ya había sido defensor del pueblo entre 2014 y 2017, antes de ser designado fiscal general ese año por la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el chavismo, creada en paralelo al Parlamento de mayoría opositora en aquel momento. Hoy, después del derrocamiento de Maduro, la Asamblea Nacional aún tiene mayoría oficialista.
Saab sustituyó entonces a Luisa Ortega Díaz, quien había anunciado que investigaría presuntos fraudes en las elecciones parlamentarias celebradas días antes.
Unos meses atrás había sido sancionado junto a otros 12 funcionarios leales a Maduro por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump.
“Como el presidente Trump ha dejado claro, Estados Unidos no va a ignorar los esfuerzos continuos del régimen de Maduro por socavar la democracia, la libertad y el estado de derecho”, dijo en ese momento el entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Durante su juramentación como fiscal, Saab culpó a la inacción de la fiscalía por la ola de violencia que azotaba al país tras meses de protestas y en medio de la crisis económica que llevó a muchos venezolanos a salir del país. Desde entonces, el Ministerio Público bajo su gestión fue señalado por investigar y detener a opositores al gobierno de Maduro.
“Es la etapa más oscura que ya ha tenido la historia republicana del país.
Nunca el sistema político había generado tal cantidad de crímenes de Estado impunes y apalancados desde el sistema de justicia. Yo creo que Tarek William Saab es un actor principalísimo de toda la deformación institucional”, señala a CNN el exfiscal Zair Mundaray, quien fue funcionario del Ministerio Público de 2000 a 2014 y en 2022 fundó el despacho ZAED Abogados y Asociados, según su perfil en LinkedIn.
Saab, en cambio, ha dicho a lo largo de su carrera ser un defensor de los derechos humanos.
Empezó su carrera pública como dirigente estudiantil y participó en la defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) cuando fue detenido por intentar tomar el poder a través de un fallido golpe de Estado, en 1992.
Oscar Murillo, coordinador general de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), dijo previamente a CNN que Saab “ha acompañado el proceso revolucionario de (Hugo) Chávez”, pero que su trabajo como fiscal general no ha sido en apoyo de las víctimas. “(En Venezuela) existe miedo y terror a denunciar, y eso habla mal de la Fiscalía”, dijo Murillo.
Un puesto “más simbólico” cargado de inmunidad
La salida de Saab del Ministerio Público ocurre menos de dos meses después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas a principios de enero.
Desde entonces, y en medio de presiones del Gobierno de Donald Trump, Rodríguez ha impulsado una agenda de reformas que incluye la liberación de presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía.
Mundaray dice que Saab era cercano a la familia Maduro Flores y se quedó “sin piso político” luego de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada y de que su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, ganara relevancia e influencia.
Para Mundaray, el control del Ministerio Público es clave para los hermanos en este momento de reconfiguraciones políticas. “Esto tiene que ver con una puja por el control del aparato de investigación y el aparato punitivo del Estado, por el rol central y el significado que tiene el papel del Ministerio Público en Venezuela”, dijo.
Además, Mundaray señala que las presiones externas y el avance del proceso de amnistía, derivado de una ley propuesta a finales de enero por Delcy Rodríguez y aprobada este mes por la Asamblea para liberar a personas detenidas por delitos relacionados con hechos políticos, habrían dificultado mantener en el cargo a una figura que enfrenta cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos, lo que también pudo haber pesado en su salida.
“La ley de amnistía que ha desnudado y ha puesto a todo el país, e incluso a la comunidad internacional, a entender cómo el Ministerio Público fabricó evidencias, construyó delitos inexistentes, persiguió personas adolescentes, personas de la tercera edad, enfermos: todo el mundo terminó preso en Venezuela sin ninguna seguridad jurídica”, agrega.
Saab siempre ha negado que el Gobierno tenga presos políticos y dijo a Reuters este mes que espera que la ley de amnistía recientemente aprobada por la legislatura garantice un país “100% pacificado”.
“Yo los llamo presos, no les doy ninguna otra etiqueta adicional”, afirmó Saab a Reuters. “Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”.
El abogado Joel García explicó que, mientras esté en el cargo, Saab estaría protegido frente a posibles investigaciones o sanciones derivadas de su gestión como fiscal.
“Es un conflicto prácticamente que existe entre un cargo y otro, porque mientras el fiscal acusa, el Defensor defiende… no se va a investigar o se va a sancionar”, explica el abogado venezolano.
El nombramiento de Saab se suma a una serie de cambios que la presidenta encargada ha impulsado en altos puestos desde que asumió el poder tras la captura de Maduro.
Desde principios de año, Rodríguez ha reorganizado el gabinete y la estructura de poder, incluyendo la designación de nuevos ministros en áreas clave como Comunicación e Información, Transporte y Salud, así como cambios en jefaturas de seguridad y otros altos cargos estatales.
También ha reconfigurado carteras como la de Industrias y Comercio, desplazando a figuras cercanas a Maduro, como el empresario de origen colombiano Alex Saab.
Sin embargo, el de Tarek William Saab podría ser el movimiento más significativo hasta ahora, que, según Mundaray, apunta a ubicarlo en un cargo “más que simbólico”, con implicaciones políticas que van más allá de un simple relevo administrativo.
“En Venezuela, la Defensoría del Pueblo no tiene esencialmente ningún peso, ninguna capacidad de acción, ni de cambiar ni de torcer lo que el poder haga. Digamos que escogieron el lugar donde menos daño pueda hacer y neutralizarlo”, señala el exfiscal.
En ese sentido, Mundaray considera que para los hermanos Rodríguez es mejor “mantenerlo vinculado a la estructura pero también bajo vigilancia”.
Pero este movimiento no ha estado exento de críticas. La designación de Saab como defensor del pueblo encargado fue cuestionada de inmediato por dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos.
El diputado Henrique Capriles lo calificó como una “burla a las víctimas” y lo señaló como “el responsable de la persecución, de la judicialización”.
Human Rights Watch criticó la decisión en un mensaje enviado a CNN, donde señala que “su renuncia como fiscal general es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas”.
Agregó que se necesita un fiscal general independiente que garantice la liberación y amnistía de todos los presos políticos.
El abogado venezolano Joel García señala que, mientras la Asamblea comienza el proceso de selección del funcionario que ocupará ese cargo de manera definitiva, Saab “va a tener un tiempo allí, quizás protegido por esa inmunidad, porque eso lo establece la Constitución”.
