¿Puede Podemos acabar con la Fiesta?

Una reunión secreta del sector taurino desvela la profunda preocupación por el futuro de la Tauromaquia con el nuevo mapa político. La prohibición de Barcelona planea sobre muchas plazas. Sus consecuencias serían desastrosas para las economías locales

RUBÉN AMÓN Madrid

La instrumentalización política de los toros explica que Bildu prohibiera las corridas en San Sebastián y haya eludido hacerlo en Pamplona. Queda en entredicho la coherencia ideológica y programática, como queda demostrado que los toros regresarán a Donosti en agosto porque acaba de rehabilitarlos el PNV gracias a su victoria en los comicios del 24-M.

Los carteles se anunciarán en breve a iniciativa de la empresa Chopera y con todos los síntomas de una victoria simbólica, si no fuera porque la reincorporación de San Sebastián a la temporada taurina representa la excepción de un escenario hostil inducido por la victoria de Podemos y sus marcas blancas.

Sintonizan en la idea de que la tauromaquia constituye un anacronismo. Vinculan los toros al conservadurismo y al españolismo. Destacan que la precariedad presupuestaria contradice la idoneidad de las subvenciones, menos aún para "fiestas salvajes". Anteponen la defensa de los derechos de los animales sin excepciones ni concesiones.
Es la razón por la que la nueva corporación de La Coruña, resultante de las mareas, neutraliza la celebración de los espectáculos taurinos, del mismo modo que Palma de Mallorca, bajo el gobierno del un estrafalario tripartito, ha convocado un pleno que declarará a la ciudad específicamente antitaurina.

El oxígeno de la tauromaquia ha dependido tanto de la cobertura del PP, que su reputación castiza y españolista ha perjudicado su noción elemental de acontecimiento apolítico

Fue el ejemplo que abrió el Ayuntamiento de Barcelona antes de consumarse la prohibición en el Parlament, aunque la decisión de sus señorías todavía está expuesta a la réplica del Tribunal Constitucional. No por cuestiones taurinas, quede claro, sino por discutir las atribuciones legislativas que adopta una cámara autonómica en el desmedido uso de sus funciones.

Trascenderá la decisión del TC en breve. Y apunta a la invalidación de la decisión del Parlament, pero estas novedades, aun gratificantes para el porvenir de la Fiesta en Cataluña -e igualmente gratificantes para que el nacionalismo pueda insistir en el discurso victimista de la dictadura de Madrid-, no remedian el desasosiego y la preocupación con que el sector taurino observa la irrupción de la izquierda alternativa y del nacionalismo en tantos municipios de tradición taurómaca.

Es el motivo por el que se celebró anteayer en Madrid una reunión de urgencia que implicaba a matadores, ganaderos y empresarios, abrumados unos y otros por la manera en que las corporaciones emergentes puedan desmantelar la base de la pirámide del espectáculo taurino. Que son las plazas de tercera y algunas de segunda. No porque sean las más relevantes en términos de notoriedad ni de repercusión mediática, sino porque sujetan la estructura del sistema mismo, igual que sucede en el fútbol con la segunda división, la segunda B y hasta la tercera división.

Los toros morirían de inanición. Se trataría de restringir o de invalidar los presupuestos que antes se dedicaban a las novilladas y a las corridas, más aún teniendo en cuenta que las subvenciones municipales o autonómicas alcanzan actualmente al 70% de las plazas españolas.

El dato retrata el problema, pero no implica que la tauromaquia resulte exacta o específicamente gravosa para los municipios. Y no sólo porque los espectáculos taurinos forman parte de una arraigada programación cultura y lúdica. También porque el impacto económico, laboral, comercial y turístico de los festejos trasciende el mero análisis de una partida presupuestaria.



Las entradas de la última tarde de toros celebrada en Barcelona. Toros de El Pilar para Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín.

Es uno de los puntos de apoyo que el sector taurino considera imprescindible recalcar en el esfuerzo de una pedagogía articulada pata desmontar los grandes malentendidos que acechan a la credibilidad de la Fiesta.

Uno de ellos se resiente de su identificación política con el conservadurismo. El oxígeno de la tauromaquia ha dependido tanto de la cobertura del PP y ha servido tanto a la manipulación identitaria, que su reputación castiza y españolista ha perjudicado su noción elemental de acontecimiento apolítico.

El otro problema es el ecologista. ¿Cómo es posible que un fenómeno de semejante virtuosismo en términos medioambientales aparezca descrito en los lugares comunes como una aberración animalista?

Puede entenderse así que la Tauromaquia haya buscado una insólita cobertura ética y hasta política en Francia. Que un aficionado de Barcelona tenga que irse a Nîmes para ver una corrida 'española' escenifica una contradicción cuya envergadura se añade a la vanguardia francesa en materia legislativa, toda vez que el reconocimiento de los toros como patrimonio inmaterial -desde París al mundo- fortifica el porvenir de la tauromaquia en los lugares de tradición.

De ahí provino el nuevo marco jurídico que lideró el Ministerio de Cultura de Wert para blindar los toros de las prohibiciones. Técnicamente hablando, las corridas no se pueden prohibir. Tampoco tiene efectos vinculantes, legislativamente hablando, que una ciudad se declare antitaurina, pero los municipios salientes del 24-M que promovían el abolicionismo tienen a su alcance un camino de sabotaje perfectamente legal, bien suprimiendo las subvenciones a los espectáculos, bien oponiendo defectos técnicos en los peritajes de idoneidad de la plaza, bien resolviendo los contratos vigentes y heredados de las antiguas administraciones.

Que un aficionado de Barcelona tenga que irse a Nîmes para ver una corrida 'española' escenifica una contradicción

Sobrevendría un litigio judicial, pero los plazos del recurso y hasta sus costes asfixiarían la viabilidad de muchas ferias. Y no tanto esta temporada, más o menos hilvanada, como la siguiente, especialmente si Podemos introduce la abolición de la corridas en su programa electoral.

No parece probable. Primero por la idea misma de la prohibición, en cuanto exceso de un paternalismo que coarta las libertades. Y, en segundo lugar porque la popularidad de los toros en muchos lugares de España contradice que un partido en periodo de expansión pueda permitirse un límite electoral.

Es verdad que la idea cristalizó en el programa de las europeas, pero José Manuel López, diputado regional en la Asamblea de Madrid y candidato 'podemista' en las pasadas autonómicas, aclaró en abril con ocasión del foro Nueva Economía que la prohibición no estaba contemplada y que la Tauromaquia, en todo caso, tendría que subsistir por sí misma.

Y por sí misma puede subsistir en las plazas estrella donde la Administración, incluso, gana mucho dinero gracias a los cánones de explotación que cobra a las empresas, pero difícilmente puede hacerlo sin la infraestructura municipal y la distribución de subvenciones (modestas) que garantizan, ladrillo a ladrillo, la estabilidad de la pirámide.

A los toros se los puede matar ejecutándolos (la prohibición) o de los puede matar de inanición, razón por la cual los profesionales del sector han jurado un pacto de cooperación que pretende concienciar al Partido Socialista -el PP es un más o menos aliado incondicional, aunque no siempre fructífero- y estimular su predicamento en muchas de las corporaciones que se han constituido con las marcas blancas de Podemos o listas alternativas.

Se trata de crear una mínima estabilidad política y de buscar un puente con Podemos también, admitiendo que el guirigay resultante de estos comicios subordina la hoja de ruta general a la especificidad de cada plaza y de cada ayuntamiento.

Habría que ir puerta a puerta, entretejiendo un camino titánico que no sólo debe conmover a las fuerzas políticas emergentes, sino abrirse a una sociedad donde la Tauromaquia se encuentra bastante aislada. Por sus propios errores de comunicación. Por el efecto 'Disney'. Y porque la sacudida del soberanismo en Cataluña y en el País Vasco ha predispuesto un clima de hostilidad de acuerdo con el cual los toros son un obstáculo a la 'modernidad'.