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Apoyados por más de 100 congresistas demócratas, el senador Chris Van Hollen (por Maryland) y la representante Debbie Wasserman Schultz (por Florida) presentaron un escrito de amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos con el que piden se revoque la decisión «infundada» del gobierno de Trump que puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela.
Es el segundo texto de este tipo que introducen a favor del TPS para los venezolanos. El primero fue ante la Corte Suprema.
En la introducción del documento vuelven a la decisión de la Corte del Distrito Norte de California que determinó que el estatuto del TPS no respalda el argumento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que sus decisiones no pueden ser revisadas.
«Las acciones de la secretaria no sólo violan el Estatuto del TPS sino que contradicen la oposición bipartidista a la terminación del TPS para Venezuela», se lee.
Apoyados por más de 100 congresistas demócratas, el senador Chris Van Hollen (por Maryland) y la representante Debbie Wasserman Schultz (por Florida) presentaron un escrito de amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos con el que piden se revoque la decisión «infundada» del gobierno de Trump que puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela.
Es el segundo texto de este tipo que introducen a favor del TPS para los venezolanos. El primero fue ante la Corte Suprema.
En la introducción del documento vuelven a la decisión de la Corte del Distrito Norte de California que determinó que el estatuto del TPS no respalda el argumento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que sus decisiones no pueden ser revisadas.
«Las acciones de la secretaria no sólo violan el Estatuto del TPS sino que contradicen la oposición bipartidista a la terminación del TPS para Venezuela», se lee.
Afirman que los congresistas apoyan que se mantenga el TPS para los venezolanos, pues las condiciones por las que se designó este beneficio «persisten hoy en día».
Los congresistas consideran «errónea» y como una «usurpación de la autoridad del Congreso» la afirmación del Poder Ejecutivo de que tiene poder «inherente» para imponer su interpretación sobre el TPS.
«La Secretaria sostiene que ‘tiene autoridad inherente para revocar o reconsiderar una designación de TPS’. Sin embargo, esta afirmación de poder ‘inherente’ debe contrastarse con la voluntad del Congreso. Cuando la acción emprendida —en este caso por la Secretaria— es ‘incompatible con la voluntad expresa o implícita del Congreso’, […] el poder [del Poder Ejecutivo] se encuentra en su punto más bajo», dice el texto.
Cuando la pelea judicial del TPS de Venezuela terminó en octubre con la decisión de la Corte Suprema, miles de venezolanos perdieron la protección contra la deportación que les confería el TPS. Esta protección estuvo en vigor para un grupo hasta el viernes a las 11:59pm, pero desde entonces más de 600,000 quedaron en un limbo migratorio.
Muchos de los beneficiarios de este beneficio temporal cerraron sus casas en Estados Unidos y regresaron a su país —quienes no fueron perseguidos políticos— o a otros destinos. El fin del TPS para Venezuela —respaldado por la Corte Suprema— ha sido catalogado como la mayor ‘ilegalización’ instantánea de inmigrantes en la historia de Estados Unidos.
Los congresistas consideran «errónea» y como una «usurpación de la autoridad del Congreso» la afirmación del Poder Ejecutivo de que tiene poder «inherente» para imponer su interpretación sobre el TPS.
«La Secretaria sostiene que ‘tiene autoridad inherente para revocar o reconsiderar una designación de TPS’. Sin embargo, esta afirmación de poder ‘inherente’ debe contrastarse con la voluntad del Congreso. Cuando la acción emprendida —en este caso por la Secretaria— es ‘incompatible con la voluntad expresa o implícita del Congreso’, […] el poder [del Poder Ejecutivo] se encuentra en su punto más bajo», dice el texto.
Cuando la pelea judicial del TPS de Venezuela terminó en octubre con la decisión de la Corte Suprema, miles de venezolanos perdieron la protección contra la deportación que les confería el TPS. Esta protección estuvo en vigor para un grupo hasta el viernes a las 11:59pm, pero desde entonces más de 600,000 quedaron en un limbo migratorio.
Muchos de los beneficiarios de este beneficio temporal cerraron sus casas en Estados Unidos y regresaron a su país —quienes no fueron perseguidos políticos— o a otros destinos. El fin del TPS para Venezuela —respaldado por la Corte Suprema— ha sido catalogado como la mayor ‘ilegalización’ instantánea de inmigrantes en la historia de Estados Unidos.
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