El Tren de Aragua lucha por implantarse en España: "Son un comando de asalto perfectamente establecido"

AlbertoNews

Por EL MUNDO

Tras expandirse por Venezuela, Colombia, México, Brasil, Argentina y Estados Unidos (donde bajo la administración de Donald Trump fueron calificados como «organización terrorista extranjera»), el Tren de Aragua lucha por implantarse en España mediante el tráfico de drogas, robos y extorsiones. La última muestra de ese intento de asentamiento la ha destapado la Policía Nacional con la detención de seis presuntos integrantes de la organización, acusados de formar parte de una estructura especializada en asaltos violentos a viviendas y apartamentos turísticos de lujo en Madrid y otras localidades.

La investigación sitúa entre sus víctimas al empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain y socio de Alvise Pérez, que en agosto de 2025 fue asaltado en su vivienda de una urbanización privada de San Sebastián de los Reyes. Cinco hombres armados irrumpieron de madrugada en la casa, le maniataron junto a su pareja con bridas y cinta adhesiva y les obligaron a realizar transferencias de criptomonedas mientras registraban la vivienda en busca de relojes, joyas y dinero.

Aquel golpe fue el origen de una investigación que ahora ha permitido desarticular una célula presuntamente vinculada al Tren de Aragua. Según la Policía, los detenidos no actuaban como delincuentes improvisados. Los investigadores describen una organización estructurada, con reparto de funciones y planificación previa.
«Habían preparado un comando de asalto perfectamente establecido», explicó uno de los responsables policiales del caso. 

Según detalló, mientras parte del grupo accedía a las viviendas y reducía a las víctimas, otros miembros permanecían en el exterior vigilando posibles movimientos policiales y asegurando la huida. «Estaban controlando en todo momento la posible llegada de fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el éxito», señaló.

Los agentes sostienen que los asaltantes podían permanecer hasta cinco horas dentro de una vivienda. Durante ese tiempo, las víctimas eran inmovilizadas, amenazadas y obligadas a entregar dinero, joyas o claves de acceso a sus cuentas. «Asumían un riesgo importante, para lo cual necesitaban tener controladas todas las posibilidades de que llegasen las fuerzas y cuerpos de seguridad», explicó el mando policial.

La investigación ha permitido atribuir al grupo al menos tres robos violentos. En dos de ellos, las víctimas permanecieron amordazadas y atadas de pies y manos durante horas. En un tercer asalto, cometido en un apartamento turístico, uno de los autores llegó a disparar a la víctima en el rostro después de que esta opusiera resistencia. El hombre sufrió lesiones de gravedad y estuvo en riesgo real de perder la vida.

La Policía también destaca el material utilizado por el grupo: armas de fuego, inhibidores de frecuencia, placas de matrícula falsificadas y elementos destinados a ocultar la identidad de los asaltantes. «Se toman sus actuaciones con cierta seriedad y siempre tratan de obtener ventaja con respecto a sus posibles víctimas y sobre todo con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad», explicó el responsable policial. 

Preguntado directamente sobre si podían considerarse profesionales, respondió con una sola palabra: «Sí».

La operación supone un nuevo capítulo en la batalla de las fuerzas de seguridad contra una organización criminal nacida a miles de kilómetros de España, en la prisión venezolana de Tocorón.

Aquella cárcel, situada en el estado de Aragua, se convirtió durante años en el auténtico cuartel general del grupo. 

Cuando las autoridades venezolanas recuperaron el control del penal en septiembre de 2023, descubrieron unas instalaciones que parecían más propias de una urbanización privada que de una prisión. Dentro había una piscina al aire libre, una discoteca llamada Tokio, restaurantes, bares, un parque infantil, un zoológico con animales exóticos, casas de apuestas, tiendas, un campo de béisbol y cajeros automáticos. En su interior se celebraban conciertos, ferias, rifas y peleas de gallos.