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La Fiscalía, con apoyo de gestiones internacionales, avanza en la extradición o en fórmulas alternativas de judicialización de los implicados capturados en Venezuela por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, ocurrida tras un procedimiento de lipólisis láser en un establecimiento clandestino del sur de Bogotá, en un caso que también podría derivar en una recalificación del delito y en la eventual imputación de desaparición forzada, según explicó el abogado de la familia Diego Felipe Gutiérrez.
La investigación ya tiene a cinco personas señaladas por su presunta participación en los hechos y en el ocultamiento posterior del cadáver.
En Colombia, un juez penal de control de garantías en Cúcuta impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jesús Alberto Hernández Morales y a Kelvis Sequera Delgado, y la Fiscalía General de la Nación les imputó favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio por el intento de desaparecer un vehículo Chevrolet Sonic de placas UCQ-340, utilizado para transportar a la víctima.
En Venezuela permanecen detenidos María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del centro estético; su esposo Edinson José Torres Sarmiento, identificado como administrador del lugar; y Eduardo David Ramos, a quien se atribuye la intervención practicada a la mujer.
De acuerdo con Gutiérrez en declaraciones a Blu Radio, ya está en trámite la solicitud de extradición y también se estudian salidas para que comparezcan por vía virtual ante la justicia colombiana o, si ninguna de esas opciones prospera, que sean procesados por el Estado venezolano por los hechos cometidos en Colombia.
“Ya está en trámite la solicitud de extradición, con algunas variables para poder determinar si puede haber alguna conectividad para que esas personas sean judicializadas vía plataforma virtual acá en Colombia. Y otra de las opciones es, pues, determinar si finalmente no se puede ninguna de las dos, la extradición o la judicialización, pues mirar si el Estado venezolano los judicializa por los hechos cometidos acá, bajo el amparo de las figuras internacionales”, dijo Gutiérrez.
El abogado sostuvo ante El Tiempo que el avance de esa ruta depende de las autoridades venezolanas y de los canales diplomáticos y judiciales entre ambos países.
También advirtió a ese medio que, aunque en Colombia podría imponerse una medida de aseguramiento y avanzar un proceso en ausencia, sin extradición, el resultado podría quedar reducido a “una condena de papel”.
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