Plaza Santamaria de Bogota, en una hermosa tarde de toros. Foto Germán D' Jesús Cerrada |
La Corte Constitucional se pronunciará el jueves sobre la tutela que le devolverá la libertad a los ciudadanos de asistir a la corrida en Bogotá, tras el cierre de la plaza De Santamaría por decisión del alcalde Gustavo Petro.
Si uno sigue el curso de los pronunciamientos de nuestro alto tribunal diría que será favorable a lo que plantea ese recurso de tutela que es de obligatorio cumplimiento por la autoridad.
De inmediato el alcalde tendrá que convocar una licitación para la administración del Coso de la calle 26 construido en los años 20 por la familia Sanz de Santamaría y que como consecuencia de los desastres de la crisis financiera que asoló a la bolsa de Nueva York terminó por convertirse en una avalancha que recorrió América Latina y la plaza fue asumida por el municipio de Bogotá que desde entonces es propietaria del inmueble. Pero que no es del alcalde y éste debe someteerse a la Ley.
Al declarar exequible la Ley 916 del 2004, que establece los requisitos y la documentación para la celebración de eventos taurinos, los magistrados desarrollaron la decisión del 2010, en la que habían declarado la legalidad de los espectáculos con animales, pero a la vez prohibió la apertura de nuevos escenarios para realizarlos.
En el fondo se trata de defender el derecho al trabajo y al debido proceso.
En el 2012, la Corte determinó que los alcaldes y los concejos no tienen facultad para suspender o prohibir las corridas en aquellos municipios donde exista tradición histórica y cultural. La norma en nuestro país exige una autorización de la alcaldia para celebrar eventos taurinos y ese podría ser un inconveniente ante la negativa de Petro, pero sobre este particular también falló el Constitucional en 2010 aclarando que en donde existe la cultura taurina los empresarios o quienes organicen esos eventos no necesitan autorización municipal diferente a la que se tramita en cualquier otro evento público.
"Confiamos en la sabiduria de los magistrados y estaremos atentos a su decisión", dijo el gerente de la Corporación Taurina , Felepe Negret quien sostuvo que ningun ciudadano por ilustre o cargo que tenga puede ponerse por encima de la Ley y de las decisiones del organo que salvaguarda su cumplimiento, la Corte Constitucional.
"Creemos que nos asiste el derecho ", sostuvo el empresario.
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