La Generalitat no pagará a la empresa de la Monumental

Última tarde de la Monumental de Barcelona el 25 de septiembre de 2011 Santiago Cogolludo

Rechazada la reclamación de Funciones Taurinas (Matilla), ya sólo queda la demanda de la familia Balañá de las 29 presentadas por la prohibición de las corridas de toros.

GERMÁN GONZÁLEZ Barcelona

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña podría salirle gratis a la Generalitat. El Gobierno de Artur Mas acordó ayer desestimar la reclamación presentada por la empresa Funciones Taurinas S.A. (Antonio Matilla), explotadora de la plaza de toros Monumental de Barcelona desde 2007. Con esta desestimación sólo queda activa la reclamación realizada por la familia Balañá, propietaria de la Monumental, que reclama una millonaria indemnización por la prohibición de celebrar corridas de toros que entró en vigor el 1 de enero de 2012.

Matilla también solicitó una compensación económica por las pérdidas económicas causadas por la abolición que votó el Parlament en julio de 2010. Tras recibir el dictamen preceptivo favorable de la Comisión Jurídica Asesora, la Generalitat considera que no se ha producido una disminución patrimonial o una pérdida de beneficio por parte de la empresa, en consecuencia no está justificada la exigencia de responsabilidad patrimonial.

Después de examinar la documentación aportada por la empresa, el gobierno de Convergencia considera que no se acredita la existencia real de los daños alegados, y demuestra solo que había una relación anterior con el sujeto de la prohibición, por lo que "las ganancias reclamadas serían solo una expectativa y no un derecho efectivo".

Hasta la fecha, de las 29 solicitudes de reclamación (toreros, ganaderos, veterinarios, transportistas... ) de compensación económica recibidas por la prohibición de los toros, la Generalitat ha desestimado 27, más una que renunció durante el proceso, por lo que la última que queda, la que corresponde a Balañà, está siguiendo los trámites que establece la ley. La nueva normativa de la Ley de Protección de los Animales que incluía la prohibición de las corridas también establecía el reconocimiento de una indemnización por el cese de esta actividad a los colectivos afectados.

En este sentido, la Generalitat ha rechazado peticiones de compensación de 12 toreros, de cinco miembros del equipo médico y 12 veterinarios de la Monumental, de una compañía de seguros y de seis empresas relacionadas con el espectáculo taurino. También se desestimó la reclamación de los accionistas de la plaza de toros de Olot.