Juan R.S. será juzgado mañana en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de haberse apropiado hace 10 años de las ganancias y la 'marca' del torero
Alicia Negre | MURCIA
El exapoderado del torero Alejandro Talavante se sentará mañana en el banquillo de la Audiencia Provincial. El empresario Juan R.S., de 58 años, se enfrenta a cuatro años de prisión acusado de estafar al matador de toros durante los años en que ejerció como su representante. La Fiscalía le considera autor de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida y exige, asimismo, que sea condenado a una multa de 2.700 euros y a indemnizar al torero en la cantidad que se fije en la vista.
La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, explica que el acusado entró en contacto con el diestro cuando éste era menor de edad y, «con la intención de obtener un ilícito beneficio y aprovechándose de la relación de confianza que les unía», abrió una cuenta bancaria a nombre del torero, sin contar con el consentimiento de los padres de éste. En esa cuenta, según explica el Ministerio Público, tenía autorización el acusado, y debía servir para gestionar el «movimiento económico resultante de la actividad profesional» del torero. Sin embargo, para el Ministerio Fiscal, en esa primera temporada el espada toreó en más de doce novilladas «sin que consten en esa cuenta los honorarios obtenidos por todas ellas». El fiscal calcula que las ganancias del torero en aquella época ascendían a 2.000 o 3.000 euros por corrida.
Una vez alcanzada la mayoría de edad, en abril de 2006, el acusado «aprovechándose de nuevo de esa confianza» le hizo firmar al torero supuestamente una escritura de reconocimiento de deuda, por 158.279 euros, a favor de su empresa de la construcción. En la escritura, según explica la Fiscalía en sus conclusiones, se hacía constar que esa deuda correspondía al dinero que el empresario había desembolsado en favor del diestro para promocionar su carrera taurina, comprometiéndose éste a devolver esa suma en el plazo de cinco años. El fiscal remarca, sin embargo, que la suma era «totalmente desproporcionada».
En 2006, a partir de que Talavante tomase la alternativa, sus honorarios se comenzaron a incrementar notablemente, hasta unos 30.000 euros por corrida. Según sostiene el fiscal, tampoco consta que ese dinero llegase a la cuenta bancaria, al menos respecto a las actuaciones que el diestro realizó en Cieza, Cehegín, Vera, Pedro Muñoz y Hellín. En todas ellas, al parecer, el sospechoso actuó como apoderado del torero.
La Fiscalía sostiene, además, que en junio de 2006 el acusado, aprovechando el poder que el matador le había entregado, solicitó presuntamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción a su favor de la marca Talavante. «El acusado tenía intención de beneficiarse para sí mismo de todo rendimiento económico que generara la misma», sostiene el Ministerio Público, «con el consiguiente perjuicio para el que debiera ser titular de la misma». La oficina de patentes le denegó la solicitud y finalmente el procesado no pudo hacerse con la marca.
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