En plena ofensiva antitaurina, la sentencia marcará la pauta en las comunidades y ayuntamientos populistas que quieren acabar con la Tauromaquia
José Tomás y Serafín Marín, a hombros en la última tarde en la Monumental de Barcelona en 2011 - INÉS BAUCELLS
Seis años después de la entrada en el Tribunal Constitucional (TC) del recurso del Grupo Popular en el Senado contra la prohibición de los toros en Cataluña, y cuando esa ley del Parlamento catalán ya lleva cuatro años y medio en vigor, el Pleno del órgano de garantías tiene previsto pronunciarse sobre su posible inconstitucionalidad en septiembre.
Según ha podido saber ABC de fuentes de la máxima solvencia, días antes de la muerte del torero Víctor Barrio, el TC ya había reactivado la resolución del recurso, decisión que se produce en un contexto en el que los profesionales y aficionados a los toros llevan tiempo pidiendo una respuesta urgente ante laofensiva de corrientes antitaurinas que quieren aniquilar la Fiesta en diversas zonas de España, como se ha puesto de manifiesto ya en Valencia, La Coruña, San Sebastián o Palma de Mallorca. En una carta al presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, la Fundación del Toro de Lidia, que tomó la iniciativa de recoger firmas, advierte de que la tardanza en la resolución de este recurso «está teniendo una negativa repercusión en el mundo de la Tauromaquia».
En estos seis años, el recurso de inconstitucionalidad de los populares no se ha abordado en ningún Pleno del Constitucional, por lo que los magistrados todavía no han tenido ninguna toma de contacto con el borrador de la ponente, Encarnación Roca, propuesta en 2010 por el Parlamento catalán. Pese a que esta magistrada (doctora en Derecho Civil, exjuez del Tribunal Supremo y la primera mujer que ingresó en la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña en 1980) contó en su momento con el visto bueno de CiU, su trayectoria profesional en el TC está marcada por decisiones adoptadas con criterios jurídicos y no políticos. Prueba de ello es su firma en cada una de las resoluciones que el Tribunal ha adoptado por unanimidad ante la ofensiva independentista.
Independentismo
El debate del Pleno llega en un momento que no es especialmente incómodo para el TC, pues ya han pasado las elecciones y, además, ha resuelto losprincipales recursos que afectaban a principios tan básicos del ordenamiento jurídico como la unidad de España: el referéndum encubierto del 9N, la declaración soberanista y, más recientemente, las estructuras «del nuevo Estado catalán».
La corriente nacionalista fue precisamente la que llevó a cabo esta abolición de la Fiesta, como un modo de apuntillar un símbolo tan español como los toros con una tradición tan arraigada en Cataluña. Esta decisión estuvo envuelta en un falso animalismo, promovido por la plataforma Prou! La iniciativa legislativa popular abolió las corridas, pero blindó los correbous, granero de votos en las Tierras del Ebro. Los movimientos ecologistas se juntaron con el oportunismo nacionalista.
La medida del Parlamento catalán ha provocado el aumento de las amenazas en otras administraciones, acrecentadas aún más por los grupos populistas y la nueva izquierda más radical. Poco parece importar que más de 25 millones de espectadores presencien cada temporada algún festejo taurino, que la Fiesta tenga un impacto de 1.600 millones de euros o que genere 200.000 empleos, según el estudio de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos. Además, en noviembre de 2013 la Tauromaquia fue declarada patrimonio cultural, avalada por una iniciativa legislativa popular con 600.000 firmas, convirtiéndose en la primera en materia de Cultura que adquiría rango de ley.
Tras esa histórica declaración la propia Asociación Taurina Parlamentaria aclaró que aquello no supondría la vuelta de los toros en Cataluña y que esa llave solo la tendría una posible sentencia favorable del TC. En el mundo del toro confían en que el borrador vaya en ese sentido. Según el recurso -avalado por 50 senadores-, la prohibición catalana vulnera más de diez artículos de la Carta Magna e invade competencias que no le corresponden. «Se infringen artículos como el acceso a la libertad de todos los españoles, a las manifestaciones culturales, es decir, a la creación artística, y a la libertad del empresariado. Y lo más importante es que en todos los decretos de transferencias de la Administración Central a las Administraciones Autonómicas sobre competencias en materias de espectáculos se habla de las facultades en cuanto a regulación, promoción u ordenación, pero en ningún caso de prohibición», argumentaron los populares entonces
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