JORGE ARTURO DÍAZ REYES
La primera, concluyó su Feria Señor de los
Milagros, la segunda cursa su temporada grande y la tercera se dispone a
la propia. En secuencia, el ayer, el hoy y el mañana, inmediatos del
rito en el continente.
Su ahora y aquí diríamos, en un contexto
global pautado por políticos que han descubierto el antitaurinismo como
una rica veta electoral. Acometer contra este culto, paga. Condenarlo
como herético, impío, bárbaro, clamando su exterminio, rinde. Abrogarse
para ello la vocería (inconsulta) de los toros, alegando el despojo de
sus “derechos” por el toreo (solo por él), premia. Sin importar que la
cruzada lleve a extinguir la raza de sus “representados”, en fin, ellos
no podrán demandarles.
Bueno, las interpretaciones
contradictorias de la tauromaquia son tan viejas como ella misma. Igual
que las de muchas expresiones morales, teológicas, estéticas,
ideológicas, incluso científicas. Lo nuevo no es esa diferente lectura,
lo nuevo es la escalada de intolerancia, similar a las persecuciones
étnicas y religiosas.
La Santamaría de Bogotá, ha sido blanco
preferente de tales campañas. Administrada durante los últimos lustros
por alcaldes de conversa y enconada militancia antitaurina; Petro,
Peñalosa, y ahora López, ha resistido cierres, boicoteos y agresiones de
todo tipo, incluyendo asonadas y terrorismo.
Con tan firme convicción,
que reabre con un febrero largo de seis corridas, el doble del año
anterior.
Hace poco más de un mes, la empresa
Colombo-mexicana Casa Toreros Consorcio Colombia, recibió el coso en
arrendamiento. Y el dos de enero pasado, recién posesionada, la nueva
alcaldesa visó el contrato con la protesta expresa de que lo aceptaba
solo porque ya estaba firmado y la ley (916 de 2004) le obligaba. Pero
advirtiendo que durante su período de cuatro años "no habrá un solo peso para corridas de toros".
Bien por ella. Y tranquila, que las
corridas no le pedirán dinero, al contrario, se lo darán y mucho, como
han hecho siempre con la ciudad. Mas para continuar haciéndolo es
indispensable que les garanticen su libertad constitucional y el orden
público, mediante la debida protección y el mantenimiento de las
manifestaciones hostiles a distancia prudente de la plaza, como dicta el
sentido común.
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