Destituido e inhabilitado políticamente por quince años

Petro cae en la cara del toro

Jorge Arturo Díaz Reyes

Cali - Colombia. El procurador de la nación ha destituido e inhabilitado políticamente por quince años al electo alcalde de Bogotá, y los taurinos han celebrado la drástica medida como un triunfo propio. Pero, aunque Alejandro Ordoñez, sea defensor activo de la fiesta, y Gustavo Petro, antitaurino militante, la razón esgrimida para su defenestramiento y liquidación política no tuvo nada que ver con la tauromaquia. Fue el traumático intento de desprivatizar la recolección de basuras en la ciudad (negocio billonario) que a decir suyo estaba en manos de una “mafia”.

El caos higiénico creado en el período de transición a fines del 2012 minó su popularidad, y las medidas administrativas tomadas de urgencia para resolverlo  le pusieron bajo la lupa de sus opositores, en un proceso a cuyo final el ex guerrillero del M19 termina siendo juzgado por su antagónico, un  fervoroso conservador, que se dio a conocer en la juventud quemando públicamente libros “impíos” (García Márquez, incluido).

Quizá esta diametralidad solo sea una coincidencia, como también la excesiva pena, y el contrariar burocráticamente la elección popular para imponerla. Quizá no sea sino eso, una conjunción inocente y fortuita. Pero es imposible soslayarla, sobre todo en un país no caracterizado precisamente por su transparencia administrativa.   

Ahora, creo que la celebración en el campo taurino puede tener más de justificación afectiva, libertaria y política que de motivos reales para la esperanza de que las corridas retornen a Bogotá, o por lo menos a la plaza de Santamaría.

Petro ha caído a merced del toro, si, pero no está vencido, ha demostrado tener un amplio repertorio de quites. El primero, seguramente recurrir la decisión del procurador, con un proceso jurídico que podría durar incluso hasta el final de su período, por lo pronto y de inmediato, ya el ministro de justicia se declaró contra la destitución de funcionarios electos apoyándole.

Segundo, en el caso de tener que tomar el olivo, lograr que quien lo suceda temporal o permanentemente mantenga su antiaturinismo feroz. Tercero, aun fallando en lo anterior, le queda la inhabilitación  por “inseguridad” de la plaza para albergar espectáculos públicos (corridas) en cuya sustentación técnica invirtió cerca de mil millones de pesos.

Todavía no hay razones toreras para celebrar pero sí muchas razones democráticas para reflexionar.